Miles de daneses con una larga vida laboral podrán acogerse a una nueva jubilación anticipada con la que el gobierno pretende premiar a personas con empleos de gran carga física. Esto de acuerdo a un controvertido modelo que supone un giro simbólico frente a años de políticas de recortes de prestaciones y pensiones.
El plan fue presentado esta semana por la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen. Responde a la principal promesa hecha antes de la campaña electoral de hace un año, que acabó con el regreso al poder de su partido un lustro después.
«Ahora es el turno de Arne», lucían los carteles electorales con la foto de un obrero de la construcción de 59 años. Refiere que «los más castigados», tanto física como psíquicamente, debían poder retirarse antes de la edad de jubilación con una pensión digna y sugiriendo que con cuatro décadas de vida laboral sería suficiente.
«En pocas palabras, se trata de dignidad y justicia. Cuando uno ha trabajado muchos años y ha hecho lo que debía, tiene que poder retirarse con dignidad», dijo al presentar el plan Frederiksen, que eligió como escenario una fábrica de la principal cárnica danesa.
Serán necesarios como mínimo 47 años trabajados, lo que beneficia casi exclusivamente a trabajadores no cualificados y deja fuera a profesiones que exigen una educación superior corta.
El plan se basa en un modelo complejo que fija en 61 años la edad clave para hacer cálculos: quien tenga 42 años trabajados entonces, podrá jubilarse uno antes de la edad de jubilación (fijada en 68 para 2022); si son 43, dos años antes; y con 44, tres.
Al calcular los años de vida laboral se incluirán tanto trabajos fijos como a tiempo parcial, sea como asalariado o autónomo; así como tiempo con permiso parental o con prestaciones de desempleo.
Los cálculos sobre la jubilación
La cuantía, 13.550 coronas o 1.820 euros mensuales, es relativamente baja para Dinamarca, donde la carga fiscal media ronda 40% y el nivel de vida es alto; aunque se podrá completar con hasta unos 3.200 euros anuales de trabajos a tiempo parcial.
Las autoridades calculan que 38.000 personas podrán pedirla en 2022, año en que empezaría a funcionar, pero solo 22.000 lo harán. Además de ellas, 6.000 serán mano de obra activa; el resto corresponderá a gente que percibe alguna ayuda al desempleo o de otro tipo.
El gobierno estima que costará unos 2.600 millones de coronas o 349 millones de euros al año al principio; y 3.000 coronas o 403 millones de euros en 2035. Se financiará con subidas fiscales a las rentas altas, así como con un impuesto al sector financiero.
Asimismo, se abre la puerta a una revisión anual del modelo en caso de que los cálculos sobre su coste difieran mucho de lo previsto.