Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, instó al Ejecutivo realizar una reforma a la recién aprobada Reforma de la Ley para Registros y Notarías, alegando que la legislación acarrea incrementos irracionales.
«La medida no solo trae confusión en torno a cómo deben ser calculadas, sino que además a partir de una magnitud inconstitucional –acusado por importantes juristas y Corporaciones Académicas- acarrea incrementos elevadísimos y, por tanto, irracionales», señaló en un comunicado de prensa.
Explicó que las tasas de Registros y Notarías serán pagadas sobre la base del criptoactivo Petro, sustituyendo la Unidad Tributaria (UT), lo cual supone una dolarización encubierta de la economía.
Exigió vigilancia al derecho de propiedad y al ejercicio de la libertad de actividad económica, para lo cual se requiere de «formas expeditas y reducción de abierta discrecionalidad para evitar expresiones impropias de la función registral que sean caldo de cultivo de prácticas contrarias a los principios constitucionales, que rigen la Administración Pública».
«El respeto al derecho fundamental a una buena Administración Pública o derecho al buen gobierno, exige formas no engorrosas registrales para garantizar el derecho de propiedad frente a agentes económicos privados y frente al propio Estado en cualquiera de sus manifestaciones», agregó.
Señaló que si el Ejecutivo y la Asamblea Nacional buscan atraer inversores nacionales y extranjeros para la reactivación y recuperación económica, deben proceder a la presentación de un Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley de Registros y Notarías.
La reforma debe contemplar formas expeditas registrales y notariales, y una reducción de la discrecionalidad que genera corruptelas, retardos y costos transaccionales paralelos.
Además, se debe realizar una «disminución y sinceración de las magnitudes y alícuotas de determinación de impuestos y tasas, como por ejemplo del impuesto a las transacciones inmobiliarias que fue elevado de 0 6 a 2 en el último tramo de las los derechos de terceros».
Y, por último, «definir una carrera administrativa registral y notarial para evitar la improvisación, la piratería y el deterioro de esta importante función del Estado».