Kerly ha invertido cuatro días en obtener un solo gramo de oro. En ocasiones, para el mismo resultado se puede demorar hasta una semana entera. En cambio, Domingo obtiene ocho toneladas de oro al año (según cifras de 2018). Equivale a casi 22.000 gramos por jornada, prorrateando aquel tonelaje entre los días del año. La diferencia de magnitudes, quizás evidente, radica en que Domingo es la empresa Domingo Sifontes, un complejo integrado por seis plantas procesadoras de oro. Mientras, Kerly es una joven de 34 años, bioanalista de profesión, que hace cinco años decidió abandonar su carrera y, junto a un grupo de amigas, aventurarse en la búsqueda de fortuna en las minas del sur de Venezuela.
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Ambos, Kerly y Domingo, trabajan avecindados. Kerly extrae el oro de manera artesanal en las cercanías del complejo minero que se ubica en la parte alta del pueblo de El Callao, corazón de la cuenca aurífera más conocida de Venezuela. Mineros como Kerly y sus amigas tienen prohibido acercarse más al perímetro del complejo industrial. Las zonas de mayor riqueza mineral, como esta donde se ubica el Domingo Sifontes, están custodiadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de Inteligencia (Dgcim), que muchas veces los corren o amedrentan.
«Aquí tenemos que luchar ahora por nuestro saco de tierra», contesta Kerly con una sonrisa, cuando se le cuestiona sobre los grandes negocios corporativos que se gestan allí mismo, detrás de las minas. Sus compañeras asienten en silencio.
Cuando se piensa en la fiebre del oro que se ha esparcido en la Guayana venezolana, al sur del río Orinoco, suelen venir a la mente imágenes de una marabunta de mineros más o menos organizados, cazadores de fortuna que acuden en horda a sacarle provecho a la bulla más reciente.
Pero en el estado Bolívar, en particular en el territorio de los municipios Piar, Roscio y El Callao que corresponde al Arco Minero del Orinoco, la imagen es otra. Emprendimientos de escala industrial, propiedad directa del Estado, o mixtos con algún grado de alianza entre privados y las autoridades estatales, conforman el nuevo panorama.
Por Jorge Benezra
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