Las protestas por los derechos laborales fueron la principal demanda de 2018, señaló el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en un informe, en el que destacó, asimismo, “que se ha desdibujado cualquier conquista histórica laboral por salarios y contrataciones colectivas que dignifiquen la condición humana de los trabajadores”.
El OVCS indicó que la fuerza laboral venezolana ha sido protagonista de la persecución y que se ha destruido el movimiento sindical: “La agudización de la crisis económica, violación de las conquistas laborales, desconocimiento de los contratos colectivos, pérdida del poder adquisitivo del salario, persecuciones, despidos, desmantelamiento del sector productivo y criminalización de las protestas fueron las principales causas de conflictividad laboral”.
La ONG documentó 5.735 protestas en 2018, a un promedio de 478 por mes, lo que evidencia que desde las autoridades no ha habido voluntad para adoptar medidas que generen prosperidad. El mes de julio de 2018 aglutinó 1.654 protestas, y fue el más álgido del año. Hubo 524 protestas de jubilados y pensionados.
Afirmó que “en los dos primeros meses de 2019 siguen sin tomarse en cuenta los correctivos adecuados para proteger el salario del trabajador, desacelerar la inflación, estimular el aparato productivo y animar las inversiones locales y extranjeras, con miras a garantizar el crecimiento sostenido de la economía, la generación de plazas de trabajo de calidad e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.
El OVCS indicó que los venezolanos enfrentan una de las mayores crisis económicas de su historia, situación que se ha ido agudizando en los últimos años, acompañada de un proceso hiperinflacionario, producto de las incorrectas políticas económicas.
Descalificados y amenazados
“Los trabajadores tomaron la lucha en las calles en 2018 porque los salarios eran insuficientes. Los petroleros eran privilegiados, ahora no. El hambre y la necesidad de comida llevan a los trabajadores a las calles a pedir protección del salario, sobre todo los del sector público”, indicó el sociólogo Miguel Ángel Hernández, citado en el informe.
El OVCS subrayó que el gobierno de Nicolás Maduro, en lugar de atender las demandas de la población, ha optado por una política sistemática de criminalización de la protesta: “Las demandas de los trabajadores suelen ser desprestigiadas, descalificadas y coartadas por las autoridades, a través de amenazas, persecuciones o encarcelamiento de los dirigentes sindicales”.
“Para los trabajadores fue un año negro, no solamente por la pérdida del poder adquisitivo del salario, sino por la pérdida absoluta del empleo”, aseguró Maryolga Girán, presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria, también reseñada en el documento.
La ONG recalcó que ante la dramática situación que vienen padeciendo los trabajadores, la adopción de medidas que satisfagan sus necesidades se hace imprescindible. “Y la ejecución de cualquier mejora parte indiscutiblemente del cambio del modelo político”, concluyó.