La coordinación política del movimiento Zulia Humana rechaza la privatización de las instalaciones deportivas, específicamente el Estadio Olímpico Pacheco Romero y el Gimnasio Belisario Aponte, tras el anuncio del ministro del Deporte, Mervin Maldonado de ceder la administración y control de estos espacios a políticos del Psuv.
Los representantes denuncian la arbitrariedad, el abuso de poder e irrespeto a la juventud deportista del Zulia, en tal sentido exigen a las autoridades competentes que revierta la privatización de los espacios.
La noticia fue conocida el pasado 5 de marzo, cuando Maldonado informó sobre el contrato que certifica la entrega de las instalaciones deportivas para el uso de dos empresas privadas sin remuneración alguna.
«Este proceder no tiene precedentes, la privatización del Pacheco Romero y el Belisario Aponte es una ofensa a la juventud deportista de nuestra región y a nuestro pueblo», agregaron.
Aseguraron que los espacios deportivos desde su inaguaración en 1968 han favorecido a los atletas zulianos. También han sido lugar de encuentro para la recreación de centenares de jóvenes y de los eventos deportivos en sus diversas disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo y otros.
Especificaron que el gobierno nacional, regional y municipal han compartido su administración por más de 50 años, por lo que explicaron que, para la construcción del estadio olímpico en los años sesenta y dos remodelaciones en los años 2007 y 2016, se originó un gasto presupuestario de 31 millones de dólares, según la nota de prensa.
Violación a los derechos
«La privatización que hoy hace el gobierno nacional viola el articulo 111 de la Constitución de Venezuela que ordena al Estado asumir el deporte y la recreación como política de educación y salud pública, garantizando los recursos para su promoción».
«No es aceptable la excusa de la falta de recursos para privatizar estas instalaciones. Si el gobierno y el IND se declaran incompetentes para administrar y mantener el Belisario Aponte y el Pachencho Romero, deben transferirlo a la gobernación del Zulia y a la alcaldía de Maracaibo, tal como ha ocurrido en varias oportunidades», acotaron.
Además, señalaron que el ministro ignora que estas obras son emblemáticas para la cultura zuliana, tanto así que el Instituto de Patrimonio Cultural los incorporó en el catálogo del Patrimonio Cultural de Venezuela 2004-2010.
«La privatización viola el articulo 99 de la Constitución que establece la obligación del Estado de garantizar la protección, preservación y restauración del patrimonio cultural de la nación, por tanto, los bienes que lo constituyen son inalienables e imprescriptibles, es decir, las dos instalaciones deportivas en terrenos de la Universidad del Zulia (LUZ) no se pueden ceder bajo ninguna forma jurídica», explicaron.