El actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue también imputado en la investigación abierta por el escándalo sobre unos supuestos sobornos del club catalán a empresas de un exresponsable arbitral en el caso Negreira, informó el miércoles la justicia española.
Tanto el propio Barça como sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu estaban investigados en este causa. Así como también lo estaban José María Enríquez Negreira, el exdirigente arbitral en el centro del escándalo, y su hijo.
Ahora, sin embargo, el magistrado Jesús Aguirre, a cargo de la instrucción en un juzgado de Barcelona, decidió sumar al caso de supuestos sobornos a Laporta. El presidente presidió el club entre 2003 y 2010.
Pese a que los supuestos pagos del club a Negreira se extendieron entre 2001 y 2018, según la Fiscalía, Laporta no se incluyó hasta ahora entre los investigados. Así se atendió a la prescripción de los presuntos delitos.
Pero el magistrado Aguirre consideró ahora que en el caso de los presidentes y empleados del club «los hechos imputables llegan hasta el mes de julio de 2008. Eso abarca a la directiva del FC Barcelona anterior a la presidida por el investigado» Sandro Rosell (2010-2014).
El juez explica su criterio, diferente al de la Fiscalía, haciendo referencia a la tipología de los presuntos delitos, que permite contar diez años desde el último supuesto pago realizado a Negreira, el 17 de julio de 2018.
El caso Negreira
El llamado ‘caso Negreira’, que lleva convulsionando desde hace meses el fútbol español, subió de nivel en marzo. Ese mes la fiscalía de Barcelona presentó una denuncia por corrupción entre particulares contra el club catalán y varios de sus exdirigentes. Entre ellos, los expresidentes Rosell o Bartomeu.
La querella también se dirigía contra José María Enríquez Negreira y alguna de sus empresas, a través de las que habría cobrado más de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018.
El Barça cesó en sus pagos en 2018 por la salida de Negreira del Comité Técnico de Árbitros (CTA). En ese entonces el ahora exdirigente de la Federación, Luis Rubiales, remodeló el organismo a su llegada al cargo, de acuerdo con la investigación.
A finales de septiembre, la Guardia Civil registró durante horas la sede del CTA, situado en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol a las afueras de Madrid.