Magallanes y Aragua esperan de nuevo una respuesta positiva. Hace cuatro meses les fue mal. La OFAC, la oficina del departamento del Tesoro estadounidense que controla activos en el extranjero, dictaminó que la LVBP y seis de sus equipos cuentan con independencia comprobable respecto a entes y empresas gubernamentales venezolanas. Navegantes y Tigres fueron la excepción, al menos en el fallo de diciembre.
Los ocho clubes dieron pasos importantes para conseguir la revocatoria del veto que en agosto les había impuesto unilateralmente la MLB, sin que mediara un pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos. Contrataron abogados, reunieron recaudos, documentos y renunciaron a todo patrocinio procedente de entidades oficiales, un apoyo económico que era habitual desde los tiempos iniciales del circuito, en 1946.
Las Grandes Ligas reaccionaron, con el fallo favorable de la administración de Donald Trump. Levantaron entonces el veto, salvo en los casos de turcos y bengalíes.
Seis escuadras, en consecuencia, pueden contar hoy con el concurso de jugadores, técnicos, scouts, ejecutivos y en general cualquier persona que tenga lazos contractuales con el beisbol mayor. Dos no pueden.
Esas dos introdujeron una solicitud de reconsideración ante la OFAC, con el respaldo de la LVBP en pleno. Hay quien sostiene en las redes sociales que se trata de una causa perdida, asumiendo que el pronunciamiento del departamento del Tesoro tuvo su base sobre el vínculo político —supuesto o no— de los dos elencos afectados con el sector que maneja el poder desde hace años en Venezuela.
Es un error creer eso. Allí está el caso de Caribes, presidido por un ex alcalde de Puerto La Cruz, Magglio Ordóñez, que nunca ocultó cuál era su preferencia ideológica. Anzoátegui recibió la venia de la administración Trump, lo mismo que las otras cinco divisas que han preferido manejar una imagen más independiente frente a los partidos políticos. ¿Por qué?
Porque la OFAC evaluó los estatutos de esas seis novenas y encontró que las seis eran empresas privadas. Incluyendo la tribu. Y puesta a revisar sus vínculos económicos con el oficialismo, encontró, al momento de su investigación, que los patrocinadores estatales habían sido excluidos para la temporada 2019-2020. Por ello dieron el visto bueno.
Los estatutos de Magallanes y Aragua son diferentes. Se trata de fundaciones. Pero, aunque ese es el quid para algunos, en realidad el problema es otro. Los estatutos de ambas fundaciones incluyen la presencia en esos conjuntos de las respectivas gobernaciones, además de la alcaldía de Valencia, en el caso de los eléctricos.
Aunque ese importante detalle les hermane, ambos casos ante la OFAC, sin embargo, son distintos.
La plana mayor de los Navegantes está compuesta por más de 20 personalidades de la región. Son empresarios, comerciantes y personas con hondas raíces en la historia carabobeña. Basta ver el organigrama, en el que aparecen cuatro miembros del Consejo Directivo, nueve de la Junta Administradora y 13 consejeros. Algunos nombres se repiten entre uno y otro sector, pero en los hechos superan la veintena.
A la hora de las decisiones, cada quien suma un voto en los turcos, incluyendo a la Gobernación y la Alcaldía. Estos entes fueron añadidos en 1969, como parte de la mudanza de Caracas a Valencia, para afianzar el traslado desde la capital. Pero aunque se trata de organismos oficiales, son minoría absoluta en la toma de decisiones, como lo es cualquiera de las personalidades que forman parte de la plana mayor de los bucaneros y que en un momento determinado decidiera someter un proyecto a consideración de sus pares.
Por eso, porque Gobernación y Alcaldía no tienen la última palabra, es que los filibusteros mantuvieron su independencia cuando el general Luis Acosta Carlés planteó en 2007 la intervención del Magallanes. Al final no la hubo, como tampoco se expropió. El equipo sigue en manos privadas, aunque a través de esa figura de una fundación.
Los estatutos de los Tigres son diferentes. Originalmente, las decisiones en esa otra fundación se tomaban con tres votos. Uno representaba a los miembros fundadores, otro en nombre de la Cámara de Comercio y otro más a cargo del gobierno regional. La vinculación de esos entes data de 1965, cuando se gestó el nacimiento de los rayados. Y el objetivo era semejante al perseguido por sus vecinos de la ARC: con la una esperaban asegurar apoyo económico y con el otro esperaban tener respaldo económico y fáctico, comenzando con la posibilidad de contar con el estadio donde han jugado siempre.
En el tiempo de Didalco Bolívar eso varió. A comienzos de la década pasada, el entonces mandatario aragüeño consiguió que la Gobernación pasara de uno a tres votos. Como consecuencia, esos tres votos le dieron poder de decisión, por más que los dos restantes se opongan.
Eso es lo que ahora está bajo estudio de la OFAC. Por ello la confianza de directivos magallaneros, para quienes está claro el carácter privado de la nave. El caso de los felinos, en cambio, luce más complicado para el club. Después de todo, tener mayoría decisiva es lo que ha llevado a que, por ejemplo, hasta el nombramiento del presidente de la novena aparezca publicado en la Gaceta Oficial Regional.
Esa complejidad es lo que probablemente llevó a uno de los directivos tigreros, Esteban Trapiello, a adelantar en febrero a través de su cuenta en Twitter que la divisa sería vendida, algo que algunas voces de la oficina nos dicen desmienten.
Por lo pronto, ambos esperan la respuesta del gobierno estadounidense. Y Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, ya adelantó cuál será la ruta: si desde el norte exigen un cambio de estatutos, se evaluarán esos cambios. Mientras tanto, aguardan por un final feliz para esta nueva diligencia. Veremos.
@IgnacioSerrano
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