El Comité Olímpico Venezolano, a través de un comunicado firmado por su presidente Eduardo Álvarez, aceptó la sugerencia de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para ser mediador en la reunión que se realizará en Lausana del 1 al 8 de abril con las partes en conflicto por las elecciones de Fevebaloncesto.
Desde ayer el COV tenía previsto realizar reuniones unilaterales para coordinar la agenda de trabajo en Suiza.
FIBA alertó la semana pasada a través de su Secretario General, Patrick Bumann, que no reconocerá las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 14 de abril, por lo que Venezuela podría quedar desafiliada del organismo y fuera de competencias internacionales.
Asegura la FIBA que al involucrarse «terceros» (CNE) en la dinámica de la disciplina, eso constituye una intervención del gobierno venezolano en los asuntos de una federación nacional de miembros, lo cual es una violación del artículo 9.7 del organismo.
El abogado y ex jugador José Luis Ramey, uno de los candidatos a la presidencia de Fevebalocesto, está a la cabeza del movimiento «Rostros del Baloncesto». Recordó que en el pasado órganos jurídicos competentes-como la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia-, contravinieron los lineamientos de la FIBA apoyando acciones de Fevebaloncesto y no hubo consecuencais.
«Ante la Sala Electoral del TSJ se elevaron dos acciones contra las elecciones de las asociaciones de los estados Portuguesa y Carabobo. En ese momento no hubo intromisión debido a que la federación ganó ambos casos», sostuvo Ramey en un boletín de prensa.
En noviembre de 2017 la Sala Electoral del TSJ decretó con lugar el recurso interpuesto por Ramey para la realización de elecciones con una junta electoral imparcial Ad-Hoc, «Allí si hubo intromisión porque la decisión no le favoreció a la federación que preside Carmelo Cortez desde 1993», denunció.
Bruno D’Adezzio y el movimiento Somos Baloncesto inscribieron una plancha. La junta directiva presidida por Carmelo Cortez no se presentó al proceso para no avalar la intervención del Estado.
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