Si quienes pierden un ser querido en el exterior llevan una cruz pesada, no lo es menos para aquellos cuyos parientes mueren en Venezuela. Los precios de un sepelio se han tornado costosos, aunque los velorios duren menos y sean más baratos los materiales con los que se elaboran las urnas. Un servicio completo varía entre 17.000 y 18.000 bolívares soberanos, mientras que el ataúd más económico vale 8.000 bolívares soberanos.
Los venezolanos solían adquirir pólizas funerarias mediante seguros o cooperativas, precisamente para evitar el descalabro presupuestario que implica el funeral de un ser querido, pero Romel Cañas, director principal de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria, señala que, en un contexto de aguda crisis como el actual, se trata de casos cada vez más raros. “Los previsivos casi han desaparecido debido a la devaluación. Las pólizas se contratan una vez al año y generalmente se pagan mensualmente, pero la inflación es tan galopante que a los dos o tres meses de haberse vendido un seguro los montos no alcanzan ni para una cuarta parte de lo que representa un servicio”, señala.
Debido a los altos costos, dolientes han tenido que volver a la costumbre de velar a familiares en sus propias casas, sobre colchones, pues no tienen cómo pagar un servicio. En agosto se registró el caso de un joven, Jhonatan Sánchez, que al morir fue llevado en sábanas a la iglesia de Santa Bárbara en Rubio para recibir la bendición del sacerdote. Su familia no contaba con los recursos para comprar un ataúd.
Javier Montoya, presidente de Asoproinfu, justifica los incrementos al señalar que ellos son un sector también golpeado por la escasez. “Por ejemplo, no se fabrican láminas de acero pulido en el país, y las funerarias deben comprarlas en otros mercados. Un ataúd lleva 4 láminas y cada una vale aproximadamente 17 dólares. Eso explica que las urnas sean tan costosas. Un tanque de formol de 220 litros puede costar hasta 77.000 soberanos”, añade.
“No somos mercaderes de la muerte. Por el contrario, orientamos a los venezolanos. Por ejemplo, las personas pueden reducir costos al solo velar al fallecido unas horas”, agrega.
Quienes deben afrontar el fallecimiento de un ser querido en Venezuela tampoco están a salvo de los retrasos administrativos. Las prefecturas, por ejemplo, han dejado de cumplir con el horario de 24 horas para otorgar permisos de cremación o entierro, y eso también entorpece los funerales.
La cremación no está a salvo. Esta práctica se ha convertido en una opción no solo para quienes rechazan los entierros tradicionales, sino también para quienes necesitan reducir costos.
Cañas explica que con esa alternativa los precios del funeral se reducen a más de la mitad, pues no se utiliza urna ni fosa. “Por un servicio convencional se deben gastar 18.000 bolívares soberanos, mientras que con la cremación no se gastan ni 10.000 bolívares soberanos, cuando mucho 8.000 bolívares, y eso porque aún se mantiene la tradición de realizar un velorio por 24 horas”. Sin embargo, ahora hay serios inconvenientes con el suministro de gas para el encendido de los hornos crematorios.
“Los crematorios no son una prioridad para los organismos estatales que surten el gas”, denuncia. “Por ejemplo, en este momento llevamos ocho días sin que llegue gas, por lo que no hay servicio de cremación en el estado Táchira”.
Otro problema que afronta el sector funerario es el de la falta de repuestos para vehículos y carrozas. “Hay carros parados por falta de baterías. Se hace difícil porque uno quiere seguir trabajando, pero de verdad es complicado”, dice.
Tragedias en rutas riesgosas
Khevin Fagúndez
La emergencia humanitaria ha obligado a los venezolanos a salir masivamente del país, fenómeno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica de migración forzada.
No todos pueden costear un pasaje de avión o de autobús para emigrar, y optan por vías no convencionales. Hay quienes lo han hecho en carros particulares, en bicicleta y hasta caminando. Otros se arriesgan a salir por mar en lanchas u otras embarcaciones, muchas de ellas precarias. Los viajes en esas circunstancias implican riesgos que más de una vez han tenido desenlaces fatales.
El más reciente episodio con final trágico ocurrió el 20 de octubre, cuando se reportó el naufragio, en la zona Santana de Cachó, en la isla de Aruba, de una lancha que partió de la población de El Supí, en Paraguaná, estado Falcón, en la que viajaban aproximadamente 20 personas. Posteriormente se informó del hallazgo de los cuerpos de Wilfredo Vilela, de 39 años de edad, y Jhonny Perozo, de 24 años.
Sin embargo, “no se puede precisar cuantas personas iban en la embarcación ni cuantas fallecieron realmente”, señala el diputado de la Asamblea Nacional Luis Stefanelli.
Añade que los cadáveres, que según el ministro de Justicia de Aruba, Aandy Bikker, habían sido confiscados, ya fueron repatriados.
Los familiares denunciaron en entrevistas con medios de comunicación que les exigieron 4.580 florines, equivalentes a más de 2.500 dólares, para entregarles los restos.
“Es lamentable que este tipo de trámites deban ser cancelados en moneda extranjera, porque eso supone un durísimo golpe al bolsillo de la familia involucrada. De hecho, muchos se han visto en la obligación de pedir ayuda económica a organizaciones sin fines de lucro para costear los gastos”, expresa Stefanelli.
Añade que, debido a que no se pudieron localizar los cuerpos completos de los fallecidos en el naufragio de Aruba, los familiares han manifestado dudas sobre su identidad: “Están exigiendo pruebas de ADN para asegurarse de que realmente sean ellos”.
Las autoridades aún deben dar una respuesta a esa petición.
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