Los miembros de Naciones Unidas culminaron este viernes sin acuerdo dos semanas de negociaciones para cerrar un tratado de protección de la biodiversidad en altamar que podría haber atendido los crecientes desafíos ambientales y económicos.
Después de 15 años, incluyendo cuatro sesiones formales previas, los negociadores aún no alcanzaron un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los crecientes retos medioambientales y económicos de altamar, también conocida como aguas internacionales, una zona que abarca casi la mitad del planeta.
«Aunque logramos un excelente progreso, todavía necesitamos un poco más de tiempo para llegar a la meta», declaró la presidenta de la conferencia, Rena Lee.
Ahora, está en manos de la Asamblea General de la ONU reanudar la quinta sesión en una fecha todavía sin definir.
Muchos esperaban que esta quinta sesión, que comenzó el 15 de agosto en la sede de la ONU, fuera la última y elaborase un texto final sobre «la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional» (BBNJ).
«Aunque es decepcionante que el tratado no fuese terminado en estas últimas dos semanas de negociaciones, seguimos animados por el proceso que se realizó», comentó Liz Karan, de la ONG Pew Charitable Trusts, pidiendo una nueva sesión para finales de año.
Greenpeace se mostró más severa, especialmente contra países desarrollados como Estados Unidos o los de la Unión Europea, a los que acusó de haber intentado actuar en el último minuto.
«El tiempo se acaba», denunció Laura Meller, responsable de Océanos en la ONG. «Mientras los países continúan hablando, los océanos y aquellos que dependen de ellos sufren», dijo en un comunicado.
Una de las cuestiones más delicadas es el reparto de los posibles beneficios obtenidos del desarrollo de recursos genéticos en aguas internacionales, donde las empresas farmacéuticas, químicas y cosméticas esperan encontrar medicamentos, productos o curas.
Esta costosa investigación marítima es en gran medida una prerrogativa de las naciones ricas, pero los países en desarrollo no quieren quedarse al margen de los posibles beneficios extraídos de recursos marinos que no pertenecen a nadie.
«Oportunidad perdida»
Cuestiones similares entre el norte y el sur se plantean en otras negociaciones internacionales, como las relativas al cambio climático, en las que los países en desarrollo se sienten más perjudicados por el calentamiento global e intentan en vano que los países más ricos los ayuden a compensar los perjuicios.
La altamar comienza en la frontera de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de las naciones, que según el derecho internacional llegan hasta las 200 millas náuticas (370 kilómetros) de la costa de cada país, y no está bajo la jurisdicción de ningún Estado.
60% de los océanos del mundo entran en esta categoría.
Y si bien los ecosistemas marinos saludables son cruciales para el futuro de la humanidad, particularmente para limitar el calentamiento global, solo 1% de las aguas internacionales están protegidas.
Uno de los pilares clave de un eventual tratado es permitir la creación de áreas marinas protegidas, que numerosas naciones esperan que cubran 30% de los océanos hacia 2030.
«Sin establecer protecciones en esta vasta área, no podremos cumplir con nuestra ambiciosa y necesaria meta», dijo la funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Maxine Burkett.
Pero las delegaciones todavía no están de acuerdo sobre el proceso para crear estas áreas protegidas, ni sobre cómo implementar un requisito para las evaluaciones de impacto ambiental antes de nuevas actividades en altamar.
«Qué oportunidad perdida…», tuiteó Klaudija Cremers, investigadora del grupo de expertos Iddri, que al igual que muchas otras ONG tiene un asiento con estatus de observador en las negociaciones.
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