El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, aclaró este sábado a la empresa Telegram que solo tras el «cumplimiento de determinaciones» judiciales será posible suspender el bloqueo de los servicios de esa plataforma en el país.
El propio De Moraes, a cargo de una investigación relativa a la difusión en masa de información falsa a través de internet, ordenó este viernes la suspensión de los servicios de Telegram, de la cual dijo que ha ignorado decenas de citaciones y normas que regulan el funcionamiento de esas plataformas en el país.
La decisión la criticó en duros términos el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien con los grupos de ultraderecha que le apoyan ha emigrado gradualmente hacia Telegram. Esto después de muchos de sus contenidos fueron retirados de otras plataformas por falsos u ofensivos.
Este sábado, después de que De Moraes determinase el bloqueo de sus servicios, uno de los fundadores de Telegram, Pavel Durov, adujo que hubo problemas de «comunicación» entre la empresa y la Justicia brasileña. Además, atribuyó a ello la falta de respuesta a las citaciones.
También pidió al magistrado «un plazo» para cumplir con algunas determinaciones de la Justicia, que entre otras cosas ha ordenado retirar de los contenidos informaciones falsas divulgadas por el propio Bolsonaro, que ponen en duda la transparencia de las urnas electrónicas que se usarán en las elecciones de octubre próximo.
El sistema electrónico de votación fue adoptado en Brasil hace ya dos décadas y jamás ha sido objeto de una denuncia de fraudes, pero Bolsonaro, elegido con esas urnas en 2018, sostiene, sin prueba alguna, que son «manipulables» y propician las trampas.
¿Por qué la exigencia de la Corte Suprema?
En un documento difundido este sábado y dirigido a Telegram, De Moraes enumeró algunas de las «determinaciones judiciales» que la empresa deberá cumplir para anular la decisión que ordena bloquear sus servicios, que se hará efectiva en los próximos días.
Entre otras, cita la retirada de la información falsa difundida por Bolsonaro, así como demanda que la empresa explique sus medidas para «combatir la desinformación» y que designe a un representante legal en Brasil, algo con lo que aún no ha cumplido y que, según las leyes nacionales, es requisito para sus operaciones en el país.
Bolsonaro, quien pretende aspirar a la reelección en los comicios de octubre próximo, ha considerado «inadmisible» el bloqueo ordenado por el magistrado y ha determinado que el gobierno apele contra esa decisión, a través de la Abogacía General del Estado.
El líder de la ultraderecha ha elevado el tono de sus críticas al sistema electoral a medida que las encuestas de opinión han revelado una fuerte caída de su popularidad durante los dos últimos dos años.
Según coinciden los sondeos, el claro favorito para octubre es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien tiene una intención de voto cercana al 45 %, frente al 30 % que obtendría Bolsonaro.