El mensaje de Occidente ha sido claro: la legitimidad del gobierno de Venezuela será reconocida hasta el 10 de enero de 2019. «El 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza uno en base a unas elecciones que no reconocemos», declaró en octubre el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell. La victoria de Maduro no es aceptada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Brasil y la mayoría de los países hispanoamericanos. Desde mayo de 2018, los países que integran el Grupo de Lima han reducido sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Los resultados de los recientes comicios presidenciales apenas fueron aceptados por 15 países, entre los cuales destacan: China, Rusia, Turquía, Cuba, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Haití y Bielorrusia. Uno de los socios comerciales más importantes de Venezuela, la República de la India, no fijó posición.
Después del 10 de enero de 2019, Venezuela podría quedar más aislada a nivel internacional. En su columna en el Miami Herald, el periodista Andrés Oppenheimer señala que se espera que alrededor de 40 países corten sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Si la comparamos con fuentes de inteligencia, esta cifra podría ser optimista. En rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro, 80 países podrían decidir cerrar las embajadas venezolanas en sus respectivos países. El presidente de la hermana República de Colombia, Iván Duque, ya anunció que cortaría relaciones diplomáticas con Venezuela. No obstante, la mayoría de los gobiernos occidentales todavía se muestra reacia a la idea. Internacionalmente, el cierre de embajadas venezolanas sería un contundente boicot diplomático en contra de Nicolás Maduro.
La administración de Trump está considerando incluir a Venezuela en la lista de países que promueven y financian el terrorismo internacional. Esta medida significaría una escalada en la presión diplomática en contra del régimen de Nicolás Maduro, así como un mayor nivel de estigmatización. El que haga negocios con empresas venezolanas, estatales o privadas, podría ver afectada su reputación. Una vez que un Estado entra en la lista de patrocinadores internacionales del terrorismo, el país enfrenta las siguientes sanciones: restricciones a la hora de recibir asistencia externa de los Estados Unidos, restricciones financieras en el sistema internacional, prohibición de exportaciones e importaciones en el sector militar-defensa, ciertos controles sobre exportaciones de bienes y servicios, etcétera. Según un informe de S&P Global Patts, la banca internacional ya toma precauciones a la hora de brindar asistencia financiera al sector petrolero venezolano -PDVSA y las transnacionales-.
El Partido Demócrata se opone a esta opción, básicamente porque considera que es muy poco probable que la medida logre un cambio político en Venezuela. Eliot Engel, líder de la minoría demócrata en el comité de Exteriores de la Cámara, emitió las siguientes declaraciones: «Donald Trump debe demostrar que Caracas ha apoyado de forma repetida actos de terrorismo internacional» Las implicaciones económicas de la inclusión de Venezuela en la lista de países promotores del terrorismo no deben ser tomadas a la ligera, sobre todo si se considera que Venezuela está pasando por una crisis económica bastante profundida. En caso de que Venezuela ingrese a la lista, las empresas privadas estadounidenses que compran el petróleo venezolano, con el fin de proteger su buena reputación, tendrían entonces que buscar, a como de lugar, otras alternativas. PDVSA, la estatal petrolera venezolana, se vería en la necesidad de vender petróleo en el mercado negro internacional.
Cabe destacar que, los demócratas no han tomado esta posición porque sientan simpatía por Nicolás Maduro; todo lo contrario. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos acusó a la mitad del mundo de estar alineado con el terrorismo y hasta el narcotráfico, como se puede evidenciar en el libro “Red Cocaine: The Drugging of America” de Joseph D. Douglass Jr., ex-director adjunto de la CIA. En los últimos veinte años, las agencias estadounidenses han emitido informes falsos con el fin de justificar ataques en contra de otros países, como se pudo evidenciar en el caso de Iraq. Los parlamentarios estadounidenses tienen que evaluar, de forma minuciosa, las pruebas que demostrarían que el Estado Venezolano es patrocinador del terrorismo internacional. Si la bancada republicana que promueve la medida -liderada por Marco Rubio- demuestra los nexos del Estado Venezolano con el narcotráfico, los demócratas podrían cambiar su posición. En el territorio de Estados Unidos se respeta la ley, el debido proceso y el Estado de Derecho. La única superpotencia mundial no se arriesga a tomar acciones temerarias, sobre todo después de la pérdida de credibilidad de sus agencias de inteligencia. Lo ideal es que todo esté bien documentado y sustentado.
En lo económico, aún cuando Venezuela no sea incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional, no se espera que la situación mejore a mediano plazo. Las actuales sanciones impiden que el régimen venezolano aplique una bicicleta financiera que le permita obtener algo de oxígeno. El gabinete de Nicolás Maduro no inspira mucha confianza en los empresarios nacionales y extranjeros. La producción petrolera sigue en caída libre y todavía no muestra signos de recuperación. El problema de la hiperinflación, aún con los mejores expertos en materia económica, no se resuelve en tres meses. Tampoco el problema de la baja producción de alimentos: ¿Cuánto tiempo toma sembrar hortalizas y críar ganado? Eso toma algo de tiempo.
Los aliados de Nicolás Maduro podrían brindar asistencia financiera, aún cuando no han quedado muy satisfechos con los resultados de todas sus inversiones en Venezuela. En la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela del 14 de septiembre del 2018 se firmaron 28 acuerdos. Los más importantes fueron los de la empresa mixta Sidovensa (China National Petroleum Corporation y PDVSA). Al día siguiente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Yu Shuang, los últimos detalles de los convenios China-Venezuela todavía estaban por refinar. Un mes más tarde, una comisión china viajó a Venezuela con el fin de asesorar al gobierno en materia económica.
En el caso de Rusia, se negocia su participación en los importantes proyectos de minería que actualmente desarrolla Venezuela, con el fin diversificar los ingresos y depender menos de las exportaciones petroleras. La semana pasada, una comisión del alto gobierno venezolano se reunió con el embajador de la Federación Rusa en Venezuela, Vladimir Zaemskiy, para evaluar en conjunto las posibilidades de cooperación en materia económica. El señor Zaemskiy exigió que el gobierno venezolano prepare rápidamente sus propuestas, si es que Venezuela desea que los proyectos comiencen en el primer semestre del año 2019. El embajador explicó que el gobierno ruso se tomaría entre dos y tres meses para analizar las propuestas de Venezuela.
A nivel nacional, se espera una nueva ola de protestas ciudadanas antes del 10 de enero. Este miércoles, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela anunciaron el inicio de la gran protesta nacional. «La calle no muere hoy. Este es el inicio de una gran protesta a nivel nacional», aseguró Carlos Benucci, secretario general de la Federación de Centros Universitarios (FCU). La agenda de “acciones de calle” será anunciada en los próximos días. La estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro pende de un hilo; los meses de diciembre y enero podrían ser sumamente agitados. Hasta en el seno del chavecismo, existen grupos hablando de transición y salida política a la crisis venezolana.
En lo social, el panorama sigue siendo desolador. Mientras que algunos dirigentes viven en permanente campaña política, el dinero no le alcanza al ciudadano común. El plan de ajuste económico no logró detener la espiral inflacionaria. Cuatro meses después, ya se habla de otro aumento de sueldo en Venezuela. María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio, señaló que el desabastecimiento de bienes y servicios podría ser mayor en esta época decembrina, con respecto a años anteriores. Las clases obrera y media venezolana tienen una muy limitada capacidad de ahorro. La moneda oficial venezolana, el bolívar, pierde valor muy rápidamente. Las perspectivas económicas en Venezuela no son promisorias; el pesimismo y la desesperanza se han apoderado del ambiente nacional. Emigrar sigue siendo el sueño de muchos jovenes venezolanos que no ven futuro en el país.
Occidente desea que se celebren nuevos comicios electorales en Venezuela, esta vez monitoreados por Estados Unidos y la Unión Europea. El problema es que la oposición venezolana está más fragmentada que nunca. ¿Quién sería el candidato de la oposición venezolana, en el hipotético caso de unas nuevas elecciones avaladas por la comunidad internacional? Si la oposición venezolana no se organiza, es poco lo que la comunidad internacional puede hacer por ella, más allá de presionar diplomáticamente a Maduro. En el caso de una salida militar, otra opción sobre la mesa, hay que considerar que el gobierno que se instaure sería sancionado internacionalmente si no llama a elecciones en el menor tiempo posible, tal como lo señalan Rendón y Schneider del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. La vía del diálogo -o negociación- sigue descartada por los momentos. La intervención militar extranjera es todavía una fantasía, pero podría hacerse realidad después de varios años (por lo menos dos o tres), si las cosas no cambian.
En definitiva, si nada extraordionario sucede antes del 10 de enero de 2019, es un hecho que Nicolás Maduro se juramentará como presidente de Venezuela, aún cuando su victoria fue únicamente reconocida por 15 países del mundo. En respuesta a la juramentación de Maduro, la comunidad internacional ha planificado un boicot diplomático en contra del gobierno venezolano. Más allá de las implicaciones diplomáticas y simbólicas de esta medida, Nicolás Maduro seguirá gobernando en Venezuela. Después de todo, Maduro ha sido considerado “ilegítimo” desde hace ya varios años. Aún así, no olvidemos que mismo Almagro que legitimó la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en 2013, se ha vuelto recientemente uno de los más férreos defensores de un sector de la oposición venezolana. La vida da muchas vueltas y uno se lleva sorpresas.
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