Son el cuerpo policial más temido.
Encapuchados, armados con fusiles de asalto, sin más identificación que la calavera que lucen como insignia, sus siluetas negras y las camionetas en las que se desplazan se han convertido en una estampa habitual en los barrios venezolanos.
Son los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una unidad de élite activada en 2017 por orden directa del presidente Nicolás Maduro.
Su misión, dijo el mandatario, es el «proteger al pueblo frente al crimen».
Desde entonces se acumulan las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos contra un cuerpo que para muchos se ha convertido en sinónimo de terror y represión.
Por qué es tan polémica
Un informe sobre Venezuela publicado el pasado junio por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país.
De acuerdo con el informe, la FAES era responsable de centenares de muertes.
La oficina de la comisionada entrevistó a los familiares de jóvenes que perdieron la vida en operaciones de la FAES y se refirieron a sus comandos como «grupos de exterminio» o «escuadrones de la muerte».
Como es habitual, el Ministerio de Comunicación venezolano no respondió a una petición de información de BBC Mundo. Cuando se publicó el informe, Maduro dijo que estaba cargado de «mentiras y manipulaciones», y exigió su rectificación.
BBC Mundo entrevistó a dos mujeres y un hombre que relataron cómo agentes de la FAES «asesinaron» a sus hijos. La historia que contaban era similar.
«Su indumentaria siniestra busca amedrentar a la población», denuncian los expertos / Foto: Getty Images
En uno de los casos, los funcionarios, con los rostros cubiertos y sin identificación, irrumpieron por la fuerza en la casa del fallecido y, mientras sus compañeros cortaban la calle y contenían a los familiares, le dispararon a bocajarro.
María (nombre ficticio) narró: «Se presentaron en el negocio de mi hijo. Él vive en el mismo edificio, pero unas plantas más arriba. Como no tenía nada que esconder, bajó por su propio pie y se presentó a los agentes. Lo torturaron y le pegaron cuatro tiros. A mí me decían que estaba detenido cuando ya hacía más de una hora que lo habían matado».
Su testimonio coincide con lo relatado en las decenas de entrevistas que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) ha realizado en todo el país.
Su director, Roberto Briceño-León, le dijo a BBC Mundo que «el procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y, mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda».
«Luego entregan el cuerpo en una morgue o un hospital y justifican lo ocurrido diciendo que hubo una resistencia a la autoridad».
Es frecuente también, afirma Briceño, que manipulen la escena del crimen para respaldar la tesis de que se produjo un enfrentamiento.
Miles de personas mueren cada año en Venezuela en incidentes que se registran como casos de «resistencia a la autoridad» / Foto: Getty Images
Opacidad
Una reciente investigación periodística de la agencia Reuters citó a Derrick Pounder, un forense galés especializado en torturas y ejecuciones extrajudiciales. Tras ver las heridas de bala en los cuerpos de varias de las personas abatidas en operativos de la FAES, Pounder puso en duda que se hubieran producido en el «contexto dinámico de tiroteos».
De acuerdo con las cifras que el Gobierno le entregó al equipo de Bachelet, cerca de 5.300 personas murieron en 2018 tras «resistirse a la autoridad». ONG como el OVV elevan esa cifra por encima de 7.500.
Según Briceño, «en estados como Aragua la Policía ya mata más que los criminales».
La falta de cifras oficiales impide conocer con exactitud el número de agentes que integran la FAES.
Briceño subraya que «está claro que la FAES es el cuerpo que se ha querido reforzar, reduciendo los efectivos que están dedicados a la prevención del delito y apostando en su lugar por la represión».
«Sus agentes cobran más dinero y, además, se les permite el botín», indica. En la mayoría de casos, los familiares de las víctimas denuncian el robo de dinero, objetos de valor e incluso autos por parte de los funcionarios.
Los vecinos de María le contaron que el cadáver de su hijo se lo llevaron envuelto en sábanas en el remolque de su propia camioneta.
Un vecino captó cómo los agentes se llevaron la moto de casa del hijo de María
Por qué actúa sobre todo en en zonas populares
Las zonas populares y más humildes son habitualmente las más castigadas por el crimen y la violencia.
Es en ellas donde la FAES es más activa y está cada vez más presente.
El informe de Bachelet señaló que «el gobierno podría estar usando a la FAES y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo entre la población y mantener el control social».
Briceño cree que su «indumentaria siniestra, de negro y con esas calaveras, ya deja claro que hay un afán de amedrentar a la población».
Las polémicas acciones de la FAES se concentran en los vecindarios más humildes / Foto: Getty Images
Cuando el pasado 23 de enero, después de que Juan Guaidó se declarara «presidente encargado» de Venezuela, se produjeron protestas contra Maduro en sectores populares de Caracas, estas fueron reprimidas por la FAES.
«Fueron noches de plomo y más plomo», dijo entonces a BBC Mundo un empleado municipal residente en el barrio José Félix Ribas. Contó que los agentes «tumbaron las puertas y empezaron a entrar en las casas». También dijo haber visto como los agentes mataban a tres de sus vecinos y cargaban sus cadáveres en camionetas.
Vecinos del barrio de José Félix Ribas protestaron el pasado mes de octubre contra los excesos de la FAES y exigen su retirada de la zona.
El debate sobre la actuación de la FAES se ha abierto también en zonas donde el Gobierno ha contado tradicionalmente con más apoyo / Getty Images
La FAES genera rechazo también en algunas bases del chavismo, que ven cómo actúan contra los más desfavorecidos.
Una dirigente comunal chavista del municipio Petare, en Caracas, que prefirió no dar su nombre, contó que había habido roces entre dirigentes locales y los agentes a los que pidieron explicaciones por el homicidio de uno de los jóvenes de la zona.
Petare ha sido tradicionalmente uno de los puntos de mayor apoyo a la «Revolución Bolivariana» iniciada por Hugo Chávez. «Aquí nadie quiere a esa policía», dijo la mujer, que ve conveniente que se abra un debate en el gobierno sobre su actuación.
Cómo ha reaccionado el gobierno
Maduro rechazó el informe de Bachelet y exigió su rectificación / Foto: Getty Images
El informe de Bachelet incluyó entre sus recomendaciones finales la disolución de la FAES y la apertura de una investigación independiente sobre su actuación que atendiera a las víctimas.
Pocos días después de que se hiciera público el informe Bachelet, Maduro apareció en un acto con efectivos de la FAES.
«¡Viva el FAES!», proclamó.
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Muchas familias de las víctimas temen denunciar por temor a represalias y piden a los medios que no difundan su nombre real.
Todas aquellas con las que BBC Mundo se reunió dijeron que no habían obtenido respuesta tras denunciar ante la Fiscalía lo ocurrido.
Liliana Ortega, fundadora de Cofavic, una asociación pro derechos humanos que asesora legalmente a las familias que denuncian, le dijo a BBC Mundo: «Con frecuencia nos encontramos con retrasos en la práctica de diligencias que son imprescindibles para la investigación y con negligencias en las autopsias».
«La inmensa mayoría de los casos nunca llegan a juicio», concluye.
Briceño indica que «hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total», y funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.
El experto cree que la reacción del gobierno ante las denuncias contra la FAES muestra que «en realidad están orgullosos por lo que se está haciendo».
«No creen en el sistema penitenciario, no creen en el sistema judicial, esta es su única política de seguridad».
«No hablamos de la actuación de elementos aislados. Se trata de una política de estado. Y es una política de exterminio».