Lo llamaron un «golpe privado»: un plan para secuestrar a Nicolás Maduro y entregarlo a las autoridades de Estados Unidos, que ofrecen 15 millones de dólares por el presidente de Venezuela.
El plan, comandado por la compañía de seguridad estadounidense Silvercorp, empezó con meses de entrenamiento a exmilitares venezolanos en la desértica Guajira colombiana. Tenían armas, chalecos, comunicaciones.
Silvercorp había tenido incluso contactos con la oposición venezolana, abierta a explorar «todas las opciones» para derrocar a Maduro.
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Y así se gestó la llamada Operación Gedeón, cuyo líder era Jordan Goudreau, un excéntrico exmilitar estadounidense que participó en las guerras de Irak y Afganistán como parte de fuerzas especiales del ejército. Lo acompañaban varios otros exsoldados de ese país.
El 3 de mayo, medio centenar de hombres embarcaron dos lanchas desde Colombia con el ambicioso objetivo de ocupar el palacio presidencial de Miraflores, sacar a Maduro y llevarlo al país del norte.
Pero antes de llegar incluso a su punto de desembarco, un pueblo en la costa norte venezolana llamado Macuto, fueron interceptados por las fuerzas de seguridad venezolanas. Según el gobierno, ocho personas murieron en el enfrentamiento y dos estadounidenses fueron arrestados.
Desde entonces, lo que inició como una heroica operación para derrocar al chavismo se convirtió en motivo de burlas y, según expertos venezolanos, en un nuevo argumento para la retórica de Maduro contra el imperialismo.
Goudreau, investigado ahora por la justicia de su país, es el protagonista de una historia digna de película; para algunos no de acción, sino de comedia.
Aunque el gobierno de Donald Trump ha negado cualquier vínculo con Goudreau y la operación, el plan es reflejo del lema del gobierno de Washington de que «todas las opciones están encima de la mesa» para provocar un cambio de gobierno en Venezuela.
Una empresa de Miami
El nombre de Goudreau -de 43 años y nacido en Canadá- llegó al estrellato el 1 de mayo. Una investigación de la Associated Press dio a conocer la operación que lideraba el exmilitar, fraguada en 2018 desde Colombia en alianza con miembros de la oposición y un antiguo aliado del chavismo, el exgeneral Cliver Alcalá, quien desde hace semanas está en manos de la justicia de Estados Unidos.
Goudreau, miembro condecorado de un equipo de Fuerzas Especiales del ejército también conocido como los «Boinas Verdes», no solo participó de reuniones de la oposición en Bogotá y Miami, sino que hizo parte del despliegue de seguridad del concierto Venezuela Aid Live, en la frontera con Colombia, organizado por el millonario Richard Branson en febrero de 2019.
Después de luchar en las guerras, Goudreau creó Silvercorp en Miami en marzo de 2018. Su principal oferta, según relata en sus extravagantes redes sociales y su página oficial, era dar capacitación a la policía y a los maestros ante los atentados en escuelas de Estados Unidos.
Parte de su estrategia, dice en un video, era «infiltrar agentes antiterroristas en escuelas disfrazados de maestros».
En un detallado recorrido por las redes de Goudreau, el criminólogo Giancarlo Fiorella mostró en el portal Bellingcat evidencia de que el agente había participado y proveído seguridad en mítines políticos de Trump.
«Todo esto no significa que Goudreau sea parte del Servicio Secreto. Trump famosamente emplea seguridad privada para él y durante sus mítines, y Silvercorp probablemente fue contratado» para estos eventos, explica el experto, que luego publicó otro reportaje detallando teorías que relacionan a la Operación Gedeón con miembros de la derecha radical estadounidense.
BBC Mundo se comunicó con Goudreau pero no obtuvo respuesta. En una entrevista con la periodista venezolana Patricia Poleo, Goudreau dice que, pese a que su plan ya era conocido y que la oposición «no le pagó» lo que le prometió, lanzó el operativo porque es un «luchador por la libertad».
Basado en un polémico contrato revelado por el exmilitar, Goudreau esperaba financiar su operación con pagos realizados por la oposición, que obtiene sus fondos de los dividendos de empresas estatales venezolanas incautadas por Estados Unidos.
Cualquiera que sea su objetivo, en todo caso, Goudreau y Silvercorp reflejan una larga tradición de empresas privadas estadounidenses que prestan servicios militares a gobiernos y entes privados en América Latina y el mundo.
«No somos militares retirados», dice Goudreau en otro video en redes. «Somos un servicio activo de mitigación de riesgos».
El negocio de la geopolítica y el narcotráfico
«La tercerización de la política de Defensa en Estados Unidos, así como en Colombia, ha crecido mucho durante las últimas décadas, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico», le dice a BBC Mundo Adam Isacson, experto en seguridad de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un centro de estudios.
«En América Latina este tipo de empresa se ha usado más para apoyo de inteligencia, mientras que en lugares como Irak o África llevaron a cabo operaciones de corte militar más similares a lo que parecía intentar Goudreau», añade.
Más allá de si el gobierno estadounidense tuvo o no que ver con la Operación Gedeón, expertos y opositores estadounidenses han dicho que desarrollos como estos son resultado de ponerle una cifra a la cabeza de Maduro.
En marzo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro, al que la justicia de Estados Unidos acusa de narcotráfico.
Isacson ha documentado el rol que han desempeñado decenas de empresas estadounidenses en esquemas como el Plan Colombia, un millonario acuerdo bilateral de lucha contra las drogas.
Otras compañías estadounidenses de seguridad prestan servicios a empresas mineras colombianas. Su presencia en el país es vieja y arraigada.
Desde el fin de la Guerra Fría, en Estados Unidos hubo una emergencia de compañías de seguridad que respondían a las iniciativas del gobierno de intervenir en conflictos complejos pero de pequeña escala, especialmente en África, sin el costo político -aunque sí económico- de sacrificar tropas estadounidenses.
Según un informe de 2011 del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional, entre 2005 y 2009 el gobierno federal gastó 3.100 millones de dólares en contratos privados para políticas antinarcóticos en América Latina, un aumento de 32% en 4 años.
La recompensa por Maduro se plantea en términos de la guerra contra el narcotráfico, cargo del que acusan al mandatario chavista.
Un argumento, según mercenarios estadounidenses como Goudreau que dicen luchar a favor de la libertad, para dar un «golpe privado».