Nicaragua entró este lunes en la séptima semana de unas protestas que se han convertido en un verdadero alzamiento en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Y mientras los diferentes actores de la crisis están haciendo esfuerzos para resucitar un Diálogo Nacional, los episodios de violencia y el número de muertos siguen aumentando.
Cuando los estudiantes interpelaron a Ortega al inicio del diálogo, hace dos semanas, le gritaron los nombres de 55 fallecidos, el lunes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció 76 y esta semana empieza con un saldo de al menos 83 víctimas fatales.
Pero ni el gobierno de Ortega ni quienes reclaman su salida se ponen de acuerdo a la hora de asignar responsabilidades ni sobre lo que hay que hacer para evitar que la situación se siga deteriorando.
¿A quién creerle? ¿Cómo se llegó aquí? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se compara a situación de Nicaragua con la que ha vivido Venezuela?
Para tratar de arrojar algo de luz sobre la situación, nuestro enviado especial a Managua, Arturo Wallace, responde aquí una selección de las preguntas enviadas por los lectores de BBC Mundo.
¿Qué piden los manifestantes y qué ofrece como salida el gobierno? (Carlos Correa Quezada)
Las principales demandas están contenidas en el nombre de la coalición de estudiantes y representantes de la sociedad civil, movimiento campesino y empresa privada que participa en el Diálogo Nacional solicitado por el gobierno: Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Piden justicia porque decenas de personas han muerto en el marco de la ola de protestas que estalló el pasado 18 de abril, en su mayoría como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del estado y grupos parapoliciales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y a esa demanda -que también se extiende a las denuncias por torturas, detenciones arbitrarias y otras «graves violaciones de derechos humanos» documentadas por la CIDH- se agrega la de una mayor democratización del país, que pasaría por una pronta salida del presidente Daniel Ortega.
Esa agenda fue sin embargo denunciada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, como una »ruta hacia para un golpe de Estado», con el gobierno rehusándose a considerar una salida anticipada de Ortega e insistiendo en que cualquier salida política a la crisis debe darse dentro del marco constitucional vigente.
En la práctica, eso significa que la única ruta hacia una mayor democratización que parece dispuesto a contemplar es la de unas reformas electorales ya consensuadas con la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ser aplicadas en los comicios previstos para 2020 hacia el final del actual período de gobierno.
Y las autoridades también han insistido que el siguiente paso en cualquier negociación debe ser el fin de los bloqueos de calles y carreteras porque, además de afectar negativamente a la economía del país y a los pobladores más vulnerables, se han convertido en los nuevos focos de violencia.
Así las cosas, la mayor concesión del gobierno hasta la fecha es haber aceptado «hacer suyas» las recomendaciones de la CIDH, que incluyen la conformación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos.
Pero públicamente las autoridades siguen responsabilizando por la violencia a grupos delincuenciales y «vándalos de la derecha», y no parecen haber dado mayores pasos hacia la desmovilización de los grupos parapoliciales, incumpliendo así otras recomendaciones de la CIDH.
¿Esta rebelión social y cívica, ya se veía venir? (Luis Manuel Domínguez)
En realidad el alcance e intensidad de las protestas ciertamente ha tomado a todos por sorpresa, y probablemente a nadie más que al propio gobierno nicaragüense.
Y aunque la administración del presidente Ortega ya se había caracterizado por permitir e incluso facilitar el uso de violencia para minimizar las expresiones públicas de descontento, lo mismo se puede decir de la brutalidad de la represión con la que el oficialismo quiso controlarlas en un primer momento.
En esta ocasión, sin embargo, la violencia solo sirvió para atizar las protestas originalmente convocadas en condena a una reforma del régimen de seguridad social, hasta ayudar a convertirlas en un verdadero alzamiento popular en contra del presidente Ortega.
Muchas de las personas con las que he podido hablar durante las marchas y plantones antigubernamentales -incluyendo algunos que se identificaban como antiguos simpatizantes sandinistas- me han dicho que fue la muerte de tantos manifestantes desarmados la que los sacó y los mantiene en las calles.
«Al matar nos mataron el miedo», se leía, por ejemplo, en uno de los carteles que vi en una de esas protestas.
Y las evidencias de uso excesivo de la fuerza -incluyendo posibles ejecuciones extrajudiciales- y los numerosos abusos documentados por la CIDH también terminaron por hacer que el sector privado le retirara su apoyo a Ortega, con una de sus representantes diciéndole a BBC Mundo que la situación los había obligado a reconocer que los profundos déficits de democracia y justica habían creado una «estabilidad artificial» durante los últimos años.
También he conversado simpatizantes sandinistas que me confesaron que siempre habían temido que el uso de la violencia para mantener el control de las calles eventualmente se volteara contra ellos, aunque muchos solo se explican el paso de las golpizas a los disparos como resultado de un complot de la derecha, el imperialismo norteamericano o incluso a lo interno del mismo FSLN.
Otra explicación, sin embargo, es que «las dos p» del modelo que había ayudado a mantener la calma en Nicaragua durante los últimos años -plata para los amigos, palo para los enemigos- hicieron que este saltara por los aires de forma espectacular e inesperada como consecuencia de su progresión natural hacia una tercera p: plomo.
Y si uno también considera la historia reciente de Nicaragua y su tendencia a repetirse, entonces lo que está sucediendo no solo resulta deprimente familiar, sino trágicamente previsible. Y muy preocupante.
¿Quiénes lideran las protestas? ¿Todo sucede en la capital de Nicaragua o es en todo el país las manifestaciones? (Ismael Gordon)
No hay líderes claros, aunque poco a poco los nicaragüenses se han ido familiarizando con nombres como el de Lesther Alemán, Víctor Cuadras o Madeleine Caracas, sólo por mencionar a algunos de los estudiantes que más valientemente confrontaron al presidente Ortega al inicio del diálogo (y parte de una lista de 13 para los que la CIDH pidió medidas cautelares).
Y esa instancia también han asumido un papel protagónico delgados del movimiento campesino organizado en torno a la oposición al proyecto de canal interoceánico, así como representantes de la sociedad civil y del sector privado.
Esto último ha facilitado que muchos simpatizantes sandinistas vean lo que pasa como una conspiración de la derecha, pero sin descartar los intentos de capitalización del descontento por parte de ciertos grupos o intereses todo apunta a una movilización de «autoconvocados» de distintos orígenes e ideas.
Y, en ese contexto, la falta de un liderazgo claro es una de las fortalezas pero también una de las debilidades del movimiento, que se ha ido organizando sobre la marcha y todavía trabaja en la construcción de consensos.
La diversidad, en cualquier caso, también es geográfica, con manifestaciones, bloqueos de carreteras y confrontaciones teniendo lugar en virtualmente todo el país, incluyendo zonas rurales y antiguos bastiones sandinistas.
Y también hay que destacar el rol de la Iglesia católica, que ha combinado su papel de mediador con una firme defensa del derecho de protesta y también está presionando por profundas reformas políticas, lo que hace que la mayoría de los simpatizantes sandinistas no la vean como un actor neutral sino como parte de la protesta.
¿Cuál es la posición de la población ante los tranques ubicados en las carreteras de Nicaragua? (Kevin Talavera) ¿Porque los medios internacionales no están cubriendo la afectación a la seguridad alimentaria de los tranques y como el pueblo los rechaza? (Adolfo González)
No hay sondeos creíbles sobre la posición de la población con respecto a los tranques, pero el tema ciertamente divide a la población (aunque definitivamente es mucho más difícil encontrar simpatizantes sandinistas que los apoyen que opositores que los critiquen).
Y la falta de información confiable desde los numerosos puntos en donde se han producido bloqueos de carreteras probablemente es una de las razones por las que el tema no ha recibido mayor cobertura por parte de los medios internacionales.
En lo personal, yo he visitado varios tranques en donde la circulación de todos los vehículos se permite cada cierto tiempo, y pude ver cómo numerosos conductores apoyaban esta forma de protesta.
Pero claramente no todos funcionan así. Y no tengo forma de saber lo que pensaban los conductores que los atravesaron en silencio, ni cuanta gente ha dejado de movilizarse por causa de los bloqueos o por miedo.
Al mismo tiempo, no hay duda de que la situación ha afectado negativamente la economía del país y la de numerosas familias, y los medios afines al gobierno constantemente destacan los dramas personales de personas afectadas por el cierre de carreteras.
Pero parece prematuro hablar de problemas de seguridad alimentaria después de poco más de un par de semanas de tranques esporádicos. Y creo que es comprensible que se le ponga más atención al tema de la violencia, y especialmente a la posibilidad de que, ya sea por acción u omisión, el Estado sea el principal responsable de las muertes que siguen conmocionando a Nicaragua.
¿Existen grupos asociados al partido de gobierno entre la ciudadanía? ¿Se infiltran en manifestaciones y alientan la violencia? (Rolando Valverde)
No creo que se pueda diferenciar entre asociados al partido de gobierno y ciudadanía, en cuanto los militantes y simpatizantes sandinistas también son ciudadanos (y seguramente todavía un porcentaje importante de la población de Nicaragua).
Pero si la pregunta es sobre infiltrados en las marchas y otras actividades de protesta, esa definitivamente es una preocupación constante de los manifestantes y seguramente pasa.
Ahora, no hay que caer en el error de pensar que la violencia es un recurso exclusivo de los simpatizantes sandinistas, por más que el tenor de la protesta que empezó en abril siga siendo fundamentalmente pacífico.
Y tampoco hay que pensar que, en un país como Nicaragua, todo estallido de violencia es maquiavélicamente planificado por uno u otro bando.
De hecho, un militante sandinista con responsabilidades de coordinación política en uno de los departamentos del sur del país me dijo que, más que una violencia organizada por parte del gobierno a través de grupos parapoliciales, él reconocía acciones espontáneas de la población dispuesta a defender sus conquistas «a cualquier costo».
Aunque confrontado con evidencia del apoyo de instituciones del Estado a las agresiones protagonizadas por los llamados «grupos de choque», las explicó diciendo que »las instituciones son hechas por seres humanos, y en esas instituciones hay gente sandinista que eventualmente se te disparan y van a defender sus conquistas».
Lamentablemente, sin embargo, la situación hoy apunta a una lógica mucho más oscura y perversa, al punto que la CIDH no descartó ejecuciones extrajudiciales.
Y hay abundante evidencia de la existencia de grupos parapoliciales, por más que una muy desprestigiada Policía Nacional niegue su existencia.
¿Por qué el ejército no interviene si están asesinando a su pueblo? (Juan Pueblo) ¿Cuál es la posición del Ejército? ¿Apoya a Ortega unido y firme? (Mauricio Ungo)
Por el momento el Ejército se ha mantenido al margen y ha justificado su posición recordando que no le compete interferir en los asuntos internos del país.
Pero también hizo un llamado a favor del dialogo y a detener la violencia y «las acciones que nos desestabilizan», que muchos interpretaron como un apoyo tácito al presidente Ortega.
Qué tan lejos están dispuestas a llegar las fuerzas armadas en ese apoyo, sin embargo, es difícil de prever.
Al frente el presidente tiene a gente de su entera confianza y siempre ha presumido de la esencia sandinista del ejército nicaragüense.
Pero la situación también ha cuestionado seriamente la lealtad de muchos sandinistas fieles a Ortega, y como institución el Ejército no solo tiene importantes intereses económicos que preservar, sino que también es muy celoso del prestigio que aún conserva.
Por eso hay quienes creen que en caso de ver todo esto amenazado, los militares -y exmilitares reconvertidos en grande empresarios- podrían terminar presionando decisivamente a Ortega.
«¿Usted sabe cuánto tiempo nos va a tomar volver a respetar a alguien con uniforme?», le dijo en la inauguración del dialogo Lesther Alemán, uno de los representantes estudiantiles a Ortega.
Se refería fundamentalmente a la policía, pero el ejército no puede permitir que le suceda también a ellos.
¿Cuáles es la plataforma planteada por el «DIÁLOGO NACIONAL», frente a los últimos acontecimientos? (Carlos Rosales) ¿Qué acciones concretas están llevando a cabo los estudiantes universitarios luego de que se rompiera el dialogo con el gobierno? (José Adán Morales)
El diálogo no está completamente roto, sino suspendido, y los esfuerzos por retomarlo ahora corren por cuenta de una comisión mixta en la que participa un delegado de los estudiantes.
Y ni ellos ni el resto de miembros de la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han renunciado a mantener la presión en las calles.
Esto incluye los bloqueos de carreteras, plantones, marchas e incluso el derrumbe de símbolos del gobierno, como los llamados «árboles de la vida» o «Chayopalos» (por Rosario «Chayo» Murillo, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega).
Sábado 26 de mayo, “árbol de la vida” número 26 derribado en #Nicaragua. La “tala” de los también llamados “Chayopalos” o “arbolatas” es uno de los símbolos más poderosos de las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. @bbcmundo pic.twitter.com/ZHo6g9MGmQ
— Arturo Wallace (@bbc_wallace) 28 de mayo de 2018
Y para este 30 de mayo -cuando en Nicaragua se celebra el día de las madres- está convocada una nueva marcha de protesta en la capital, Managua, que dará una buena idea de la energía que le queda al movimiento.
Por lo demás, la agenda en la que insiste la Alianza sigue siendo la misma: verdadera justicia para los muertos durante las protestas y una reforma exhaustiva de las instituciones y el sistema político del país que incluiría una salida anticipada del presidente Ortega.
¿La Constitución nicaragüense prevé la renuncia adelantada o la modificación del texto legal sobre ese tema? (Alberto González)
La figura de la renuncia sí está contemplada en la Constitución, aunque el texto no da mayores detalles sobre la misma más allá de indicar que, para que sea efectiva, tiene que ser aceptada por la Asamblea Nacional.
Y ahí también se reconoce el derecho de petición del pueblo nicaragüense, así como su derecho a decidir y participar »libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación».
«El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación», reza el artículo 2 de la Constitución, el más esgrimido por quienes disputan una salida adelantada de Ortega.
Pero el artículo también dice que ese poder político también podrá ejercerlo el pueblo «de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito».
¿Qué estrategia parece seguir el gobierno en el Diálogo Nacional y cómo esta incide en la realidad del país? (jynmermanzanares) ¿Existen opciones de una renuncia de Ortega ante la petición del sector opositor? (Kenny Mejía)
El gobierno no ha dado indicaciones de estar dispuesto a sentarse a discutir la agenda de democratización propuesta por la Alianza Cívica.
Y su insistencia en abordar primero el fin de los tranques, para garantizar el derecho al trabajo y a la libre circulación, es vista por muchos como una estrategia para ganar tiempo y atizar el descontento de la población afectada por los mismos.
Por lo pronto, la vicepresidenta, Rosario Murillo, ya anunció que van a tratar de alcanzar »acuerdos de convivencia» a nivel local con el objetivo de regresar las cosas a la normalidad y sigue responsabilizando por la violencia a grupos de vándalos y delincuentes.
Y la inmensa mayoría de simpatizantes sandinistas parece considerar la posibilidad de elecciones adelantadas o de una salida anticipada de Ortega como una «herejía», lo que sugiere, que por el momento, esa opción no está siquiera siendo considerada seriamente.
Si el gobierno está leyendo la situación de forma correcta y en realidad podrá capear la tormenta, solamente el tiempo lo dirá.
Yo ya aprendí a no tratar de predecir el futuro en Nicaragua.
¿Cómo se encuentra actualmente la imagen del presidente Ortega? ¿Debilitada? (Gabriel Sánchez)
Creo que lo lógico es concluir que la popularidad de Ortega debe estar atravesando por su peor momento desde que regresó a la presidencia, en enero de 2007.
Pero qué significa eso en términos numéricos, es la gran pregunta.
Los mismos sandinistas reconocen en privado que el 72% de votos con el que reeligió para un tercer mandato consecutivo en noviembre de 2016 no es un indicador confiable, dado el altísimo nivel de abstención provocado por la falta de una verdadera alternativa de oposición y la poca confianza del sistema electoral nicaragüense.
Pero también están convencidos de seguir siendo mayoría, gracias a los generosos programas sociales que implementaron durante años y los resultados de sus propias encuestas, si bien el oficialismo todavía no han hecho público ningún sondeo realizado después de las protestas.
Quien si lo hizo fue CID-Gallup, según la cual el 69% de los nicaragüenses quieren que Ortega y su esposa salgan del poder.
Pero seguramente el oficialismo pronto presentará su propio sondeo desmintiéndolo.
Si hipotéticamente el oficialismo sale del poder, ¿hay condiciones para un proceso electoral democrático y transparente? (Ismael Rodríguez) ¿Qué opciones de cambio de gobierno existen? ¿Quién sería el personaje al que el pueblo de Nicaragua votaría? (Freddy Medrano) ¿Quién podría tomar el mando en Nicaragua de dimitir Ortega? (Viviana Fernández)
Un proceso electoral creíble requeriría de una reforma exhaustiva del sistema electoral y de buena parte de la institucionalidad nicaragüense.
Y ya sea que se adelanten elecciones o se llegue a 2020, el tiempo de definir candidatos todavía está muy lejos, por lo que especular con posibles nombres no tiene sentido en estos momentos.
Lo mismo ocurre con un hipotético gobierno interino en caso de salida anticipada de Ortega, pues eso dependería de las condiciones en las que se produzca.
Y, como ya dije, por el momento el gobierno no parece estar contemplando esa alternativa.
¿Por qué está la oposición tan disgustada con el secretario general de la OEA y que consecuencias podría tener esto para la causa? (Cristina Zavala)
El enojo con Luis Almagro se remonta a las últimas elecciones, pues muchos en el país consideran que la OEA aceptó las numerosas irregularidades del proceso como un fait accompli a cambio de poder negociar futuras reformas del sistema electoral.
Y las reformas consensuadas con la organización -pero sin la participación directa de los otros actores políticos nicaragüenses- no solo son vistas por muchos en Nicaragua como insuficientes, sino también como un balón de oxígeno para el gobierno de Ortega.
El gobierno ha querido limitar la discusión sobre democratización a esas reformas y a una hoja de ruta que lleva hasta los comicios previstos para noviembre de 2020.
Y en ese contexto, la insistencia de Almagro de que la salida a la crisis en Nicaragua tiene que ser electoral, ha sido interpretada a nivel local como una validación de esa estrategia, aunque el secretario de la OEA recientemente dio a entender que no necesariamente se opone a elecciones anticipadas.
¿Qué acciones ejecutara la OEA basada en el informe de la CIDH ante la situación tan difícil que se vive? (Alejandro Reyes)
El secretario Almagro ya dijo que la OEA asume como propio el informe de la CIDH, así que lo lógico sería que la organización empiece por tratar de asegurar el pronto cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo.
Como suele suceder con la OEA, sin embargo, la celeridad e intensidad de este trabajo dependerá en buena medida de la disposición de sus estados miembros y el balance de fuerzas interno.
¿Hay una dictadura a la que le llaman presidencia, o en verdad se vive una presidencia? (Skhol Dnae)
En BBC Mundo no acostumbramos emplear el término «dictadura» para describir a ninguna gobierno, sino que dejamos que los lectores lleguen a su propia conclusión describiendo los hechos.
¿En qué situación está la investigación de los más de 85 ciudadanos desaparecidos? ¿A qué instancias deberán acudir los familiares? (Miguel) ¿Existen pruebas de las torturas? (Gustavo)
El tema de los desaparecidos es uno de los más difíciles de dilucidar y la misma CIDH prefirió no abordarlo en su informe preliminar, aunque se espera que lo haga en su reporte final.
Y el mecanismo de investigación internacional propuesto por la Comisión también tendrá que trabajar al respecto, para ayudar a determinar el verdadero número de los mismos y las circunstancias de cada caso.
Por lo pronto, este fin de semana apareció tirado en un descampado el cadáver de uno de los estudiantes reportados como desaparecidos durante los primeros momentos de la protesta.
Y según las propias autoridades, el cuerpo de Keller Steven Pérez Duarte, de 23 años, presentaba signos de tortura.
Por lo demás, dado que falta de que se inicien y completen todas las investigaciones, sería prematuro hablar de pruebas de torturas, pero definitivamente existen abundantes evidencias.
Y la CIDH no las habría mencionado en su informe si no las considerara altamente creíbles.
¿Esta siguiendo Nicaragua el mismo libreto que ocurrió en Venezuela en 2017? (Maximiliano Echenique Betancourt) ¿Existe consistencia en la posible conspiración de EEUU después de que Ortega apoyara a Maduro en la VIII Cumbre de las Américas? (Elisabet K. Parra Martinez) ¿La situación es similar a Venezuela y sus protestas en 2017? En ese caso ¿no se espera un resultado trágico bajo otro régimen de izquierda? (Sergio Ponce) Teniendo Ortega la asesoría cubana, ¿no corre el riesgo el pueblo nicaragüense de acabar como el pueblo Venezolano? (Ernesto de la Fuente) ¿Hay mucha similitud con la crisis humanitaria venezolana ? ¿En cuáles aspectos? ¿El origen es el Castro-comunismo+narco? (Antonio Conti)
Las comparaciones con la situación de Venezuela son inevitables, pero creo que lo más revelador en este caso son las diferencias.
Para empezar, Managua no tiene ni los recursos ni la influencia política que tiene o llegó a tener Caracas, y lleva rato fuera de la lista de prioridades del gobierno estadounidense.
De hecho, a pesar de su encendida retórica, el gobierno de Ortega ha sido un excelente alumno del FMI y el Banco Mundial, y también mantenido excelentes relaciones con Washington, pues ha demostrado ser un aliado bastante confiable en temas de seguridad y migración.
Y aunque eso no significa que Ortega sea la alternativa preferida de la Casa Blanca -y solo un ingenuo descartaría de entrada algún nivel de injerencia- estos son factores a considerar en un momento en que el gobierno de EE.UU. claramente tiene otras prioridades globales.
Por otro lado, el tamaño y naturaleza de la economía nicaragüense también reduce significativamente la capacidad de cualquier gobierno para administrar una crisis.
A diferencia de Venezuela, por ejemplo, que tiene en el petróleo su principal fuente de ingresos, la riqueza de Nicaragua se tiene que generar a diario.
Y eso reduce tantos los incentivos de un actor político con grande intereses empresariales para quedarse el gobierno a cualquier costo, así como los recursos con los que mantener la lealtad de su base y aliados (más ahora que se secó la cooperación venezolana).
¿Qué está sucediendo con las fábricas de capital extranjero? ¿Están amenazadas? ¿Están operando? (Gregorio Arizmendi)
Según las estimaciones del propio gobierno, el primer mes de protesta dejó pérdidas por el orden de los US$256 millones y obligó a reducir las proyecciones del crecimiento económico en un punto porcentual.
Analistas independientes estiman que las pérdidas fueron todavía más grandes: del orden de los US$600 millones, y también calculan que en el país solamente está operando un 50% de la capacidad instalada.
Y varias empresas de diferentes sectores, propiedad tanto de nacionales como de extranjeros, han anunciado cierres temporales y el despido de al menos parte de su fuerza de trabajo, aunque hasta el momento no hay cifras oficiales consolidadas.
Sr. Wallace, ¿qué consejos podría ofrecer para los que pensábamos visitar Nicaragua como turistas a los balnearios del Pacífico? (Rudy Bustamante)
Definitivamente esta no es la mejor temporada para visitar las playas de Nicaragua, pero no sólo porque es temporada de protestas: también acaba de iniciar la estación lluviosa.
Pero cada quien es dueño de su propio miedo, así que mi único consejo sería informarse bien antes.
