Argentina adoptó en los últimos años algunas de las políticas sociales más progresistas de América Latina e incluso del mundo.
En 2010, fue el primer país latinoamericano (y el décimo en todo el planeta) enaprobar el matrimonio gay. También permitió la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Dos años más tarde, marcó otro hito mundial al sancionar la primera ley de identidad de género que permite a las personas trans usar su nombre y sexo de elección en sus documentos y operarse para adecuar su género sin costo.
Y en 2013, volvió a ser pionero, aprobando una legislación que permite a cualquier adulto (casado o soltero, heterosexual o gay) acceder a técnicas de fertilización asistida de manera gratuita.
Es por esto que muchos recibieron con sorpresa -y casi como una contradicción– la decisión del Senado, que en la madrugada de este jueves se opuso a legalizar el derecho al aborto dentro de las 14 semanas de gestación.
Con el rechazo, por 38 votos contra 31, de un proyecto que había recibido sanción de la Cámara de Diputados tras un reñido debate en junio pasado, el Congreso argentino decidió mantener vigente su legislación actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que fue escrita hace casi un siglo.
La norma, tal como fue escrita originalmente, considera el aborto un delito salvo cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre o cuando el embarazo es producto de una «violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente».
Pero en 2012, la Corte Suprema de Justicia interpretó que según esta misma ley toda mujer embarazada como resultado de un abuso sexual tiene derecho a acceder a un aborto, sin importar su capacidad intelectual.
Lo curioso es que cuando se sancionó el Código Penal vigente, en 1921,Argentina fue considerada una pionera en la materia, ya que se convirtió en la única en América Latina y uno de los primeros países en todo el mundo en legalizar el aborto en ciertas condiciones.
Y 97 años más tarde, y con la misma legislación, la nación sudamericana, históricamente progresista, quedó a la retaguardia en un tema que para muchos es sinónimo de progreso.
Uruguay, que comparte muchos rasgos culturales y religiosos con su vecino rioplatense, legalizó el aborto voluntario en 2012.
E Irlanda, uno de los países más católicos del mundo, despenalizó la práctica en mayo pasado, llevando a muchos observadores internacionales a asumir que Argentina seguiría la misma tendencia.
Statu quo
Sin embargo, incluso años antes de que el tema fuera tratado por el Congreso (algo que de por sí tardó una década, tras varios intentos infructuosos) diversos analistas y activistas habían advertido a BBC Mundo que una legalización sería improbable.
Esgrimían varios motivos. Por un lado, los legales: en 2014 Argentina promulgó un nuevo Código Civil que planteó cambios sustanciales en asuntos como el matrimonio, el divorcio y la adopción.
Sin embargo, el Código mantuvo el statu quo sobre el aborto, conservando el criterio de que «la existencia de la persona comienza con la concepción«.
Esa definición, advirtieron los expertos, complicaría cualquier discusión futurasobre la posible despenalización del aborto, lo cual efectivamente terminó ocurriendo.
El doctor Germán Cardoso, uno de los pocos médicos que practica abortos y habla sobre el tema abiertamente, también anticipó a este medio que la religión sería una traba.
«La Iglesia católica tiene una influencia enorme en América Latina, incluso sobre los gobernantes más progresistas», advirtió.
En tanto, Camila Sánchez, que se realizó un aborto en una clínica clandestina cuando tenía 21 años para poner fin a un embarazo no deseado, consideró que la práctica seguiría siendo ilegal porque «es un negocio muy redituable», en especial entre las clases más acomodadas.
Progresistas vs conservadores
El fuerte debate que generó el proyecto de ley sobre aborto voluntario también reveló una de las grandes constantes de Argentina: la tensión entre los sectores conservadores y progresistas.
A lo largo de la historia se han ido alternando gobiernos de ambos tipos y los enfrentamientos entre estos dos sectores han marcado a fuego al país, llegando a su punto más sangriento durante el último régimen militar (1976-1983).
Movimientos como el peronismo han divido al país hace décadas y explican por qué los argentinos viven una eterna grieta.
En el caso del aborto, la votación del Senado reveló un país dividido en dos: casi todos los representantes del norte, tradicionalmente más conservador, votaron en contra. Buenos Aires y las otras provincias del centro y sur, votaron a favor.
En la Capital Federal, dos senadores rechazaron el proyecto de ley y uno lo apoyó.
Incluso el mismo Congreso fue un ejemplo de esta histórica puja, con el conservador Senado frenando un proyecto que había sido aprobado por la más progresista Cámara de Diputados.
Algunos observadores creen que la gran división que se vivió en Argentina en torno al aborto muestra que el país aún no define si es una nación de estilo latinoamericano conservador o europeo progresista.
El papa Francisco
La elección del argentino Jorge Bergoglio como líder del Vaticano, en 2013, también selló, afirman muchos, el destino de cualquier modificación a las leyes vigentes respecto a la interrupción del embarazo.
Algunos atribuyen a esta elección el hecho de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que impulsó durante sus ocho años de gobierno varias de las legislaciones más progresistas de la historia argentina (mencionadas al comienzo de esta nota), no dio cabida a ninguno de los varios anteproyectos relacionados con el aborto.
Incluso cuando varios de ellos eran promovidos por legisladoras kirchneristas.
Durante su mandato, Kirchner mantuvo firme su postura de «defensa de la vida» desde la concepción y no habilitó el debate, ni siquiera en comisiones.
Sin embargo, este jueves la ahora senadora cambió de posición y votó a favor de la despenalización.
En tanto, el actual presidente, Mauricio Macri, que se pronunció públicamente en contra del derecho al aborto voluntario, a pesar de habilitar el debate legislativo, trataría de buscar un camino que deje satisfecha a la mayoría.
El Poder Ejecutivo anunció que en los próximos días enviará al Senado un proyecto de reforma del Código Penal que propone, entre otras cosas, modificar la legislación vigente respecto al aborto.
El nuevo código, si es aprobado, permitiría que un juez exima de pena a una mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo. Y también aclararía que es legal el aborto en caso de un embarazo producto de una violación.
Ambas premisas contarían con el visto bueno de la mayoría de los legisladores y podrían marcar un camino intermedio entre la Argentina conservadora y la progresista.
