Los chilenos dijeron que no otra vez.
En el segundo intento por cambiar su actual Constitución, la opción «en contra» se impuso al «a favor» con más del 55% de respaldo.
Chile ha pasado los últimos 4 años intentando llevar adelante un cambio constitucional, desde que se presentó como una alternativa para resolver las fuertes tensiones del estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Pero el primer intento falló en septiembre de 2022, cuando un 62% votó «rechazo» a una propuesta que fue calificada por algunos como «refundacional».
Ahora, se repitió la historia, desechando un texto que, para muchos, era más conservador que la Constitución actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (pero reformada varias veces en democracia).
Con la suma de estos dos fracasos, los chilenos le cerraron la puerta a un nuevo intento, al menos en el corto plazo.
Así lo confirmó el presidente Gabriel Boric quien, tras los resultados del plebiscito, confirmó que durante su mandato (al cual le restan dos años) no llevarán adelante un tercer proceso.
De esta manera, el país sudamericano tendrá que continuar con su Carta Magna vigente.
Pero muchos dirigentes que estaban por la opción «en contra» han llamado a no errar en el mensaje: “Que nadie juegue ninguna trampa, la votación fue contra el proyecto, no a favor de la Constitución del 80″, advirtió el presidente del partido comunista, Lautaro Carmona.
¿Por qué es tan polémica la actual Carta Fundamental y cuáles son las razones de quienes clamaban por cambiarla? Aquí te lo contamos.
Herencia de Pinochet
Una de las principales razones por las que se ha demandado el cambio de Constitución tiene que ver con el origen de la misma.
La Carta Magna fue creada en 1980 durante el régimen militar de Augusto Pinochet y, por lo mismo, para un sector relevante de la sociedad chilena tiene un origen «ilegítimo».
La Constitución actual de Chile se escribió en 1980, durante el régimen militar de Augusto Pinochet. GETTY IMAGES
«Una de las cuestiones que más se critican es justamente el hecho de que haya sido dictada durante una dictadura militar», le dijo a BBC Mundo la abogada y académica en derecho constitucional, Miriam Henríquez Viñas, en una entrevista realizada en 2019, tras el estallido social.
Pero los expertos consultados por BBC Mundo aseguran que el texto fue reformado sustancialmente en 1989 y en 2005.
Por ejemplo, en 1989, antes del retorno a la democracia, se derogó la norma que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.
Más tarde, en 2005, bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara Alta.
En aquel momento, Lagos le puso su firma a la Constitución y señaló que con estos cambios se habían eliminado los «enclaves» del régimen militar.
Sin embargo, a partir del 2010 poco a poco comenzaron a surgir movimientos ciudadanos que pedían una Asamblea Constituyente para sustituir la Carta Fundamental por un texto «hecho en democracia» y no por «cuatro generales».
Este pensamiento se reflejó en las protestas de 2019 donde muchos manifestantes argumentaron que no iban a parar hasta que se creara una nueva Constitución y, con ello, se «termine con la herencia de Pinochet».
Pero más allá de su origen, también se cuestiona el contenido de la propia Carta Magna.
Estado «subsidiario»
El cambio a los sistemas de salud, educación y pensiones fue tal vez el principal reclamo hecho por los millones de chilenos que participaron en las masivas manifestaciones de 2019 expresando su rechazo a un modelo económico que, advertían, no cumplía con los estándares de una sociedad «justa».
Los críticos señalaban que la Constitución vigente es la responsable de consolidar un papel residual del Estado en la provisión de estos servicios, dejándolos en manos privadas y generando una desigualdad estructural en el país.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.
En el plebiscito de este domingo, la opción «en contra» se impuso al «a favor» con más del 55% de los votos. GETTY IMAGES
Lo mismo sucedió en otros casos.
En salud, por ejemplo, la actual Carta Magna dice que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado».
En el caso de las pensiones queda estipulado que el Estado debe garantizar el acceso a prestaciones básicas que pueden ser otorgadas «través de instituciones públicas o privadas».
Aunque muchos decían que un cambio constitucional no vendría a solucionar «todos los problemas», en el primer intento por sustituirla se aseguraba de forma contundente el deber del Estado de otorgar educación, salud y pensiones a través de sistemas nacionales públicos.
La segunda propuesta, en cambio, privilegiaba un sistema mixto, razón por la que muchos de sus críticos advirtieron que reforzaba el modelo de Estado Subsidiario de la Constitución del 80.
Pueblos originarios y otros contenidos
La actual Constitución también es criticada por otras razones.
Por ejemplo, por no hacer mención alguna a los derechos de los pueblos originarios del país sudamericano.
Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental.
En la otra vereda están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos, sino que han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado en sus Constituciones, aceptando su autonomía y sus derechos.
Así, de hecho, lo proponía la primera propuesta constitucional chilena que fue rechazada en septiembre del 2022. La segunda, aunque era más conservadora según sus críticos, también los reconocía y consagraba la «interculturalidad».
Por otra parte, genera controversia el capítulo que establece la privatización del agua, señalando que «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos de conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos».
Los pueblos originarios de Chile llevan años demandando un mayor reconocimiento y aumento de sus derechos. GETTY IMAGES
Lo anterior se intentó reformar con la propuesta del 2022 que abogaba porque la Carta Fundamental garantizara explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público e inapropiable. Pero no prosperó.
Por último, la actual Constitución también era criticada fuertemente porque se consideraba «muy rígida»: para modificarla, se requerían mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
Los analistas coinciden en que esto provocó una apatía en buena parte de la sociedad chilena que consideraba que, a pesar de las reformas de 1989 y 2005, continuaban los «enclaves autoritarios» siendo muy dificultoso reformar algunas disposiciones.
Pero eso cambió en agosto de 2022 cuando un grupo de parlamentarios impulsó una reforma que rebajó de dos tercios a cuatro séptimos el quórum para hacer reformas constitucionales.
La reforma fue aprobada poco antes de que se rechazara la primera propuesta constitucional.
Teniendo esto en cuenta -y en vista de los dos fracasos por cambiar la Carta Fundamental- los expertos aseguran que ahora se espera que en Chile comience un período de reformas constitucionales en el parlamento.
«Desde la derecha, se podría intentar hacer cambios que les interesaban de la segunda propuesta constitucional, y lo mismo podría hacer la izquierda, impulsando iniciativas que le acomodaban del primer texto», indica Javier Sajuria, politólogo chileno y profesor de la Universidad Queen Mary de Londres.
Así, está por verse cuánto quedará realmente en el futuro de la Carta Fundamental aprobada en 1980.