Una «conspiración contra Venezuela» para «intentar fracturar la lucha soberana de nuestro pueblo por el Esequibo».
Esos fueron algunos de los argumentos ofrecidos por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, al anunciar este miércoles la solicitud de órdenes de aprehensión contra 14 personas, entre ellas varios políticos de la oposición, a los que acusan de traición a la patria por una presunta “trama de financiamiento y conspiración relacionada con ExxonMobil contra Venezuela”.
La petrolera estadounidense ExxonMobil es el principal productor de crudo en Guyana, país con el que Venezuela se disputa el Esequibo, una región de 160.000 km² rica en recursos naturales que desde hace décadas está bajo control del gobierno guyanés.
El anuncio de Saab se produce pocos días después de que en Venezuela se celebrara un polémico referendo consultivo sobre el futuro del Esequibo.
En la consulta, una mayoría de ciudadanos votaron a favor de la propuesta del gobierno de Nicolás Maduro de crear el estado Guayana Esequiba como parte del territorio venezolano, y de otorgarles la ciudadanía a los habitantes de esa región.
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El martes, Maduro pidió que se aprobara una ley para la creación del nuevo estado venezolano e instó a la petrolera estatal PDVSA a «crear la división PDVSA-Esequibo» y a otorgar «de inmediato» licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas.
Vente Venezuela, la plataforma política que encabeza la líder opositora María Corina Machado, dijo que el anuncio de Saab es “un nuevo capítulo del patrón sistémico de persecución política».
Algunos de los opositores bajo solicitud de orden de aprehensión pertenecen a Vente Venezuela y Machado es la principal contendiente a desafiar al chavismo en los comicios presidenciales de 2024, a pesar de que ahora mismo se encuentra inhabilitada por la justicia del país.
El pasado octubre, el gobierno y la oposición alcanzaron una serie de acuerdos con garantías electorales para celebrar una elecciones presidenciales que fueran reconocidas por la comunidad internacional, lo que llevó a EE.UU. a levantar algunas de las sanciones que le había impuesto a Venezuela.
Pero la oposición denuncia que el gobierno venezolano no está cumpliendo con sus compromisos.
¿Por qué y contra quién se solicitaron las órdenes de arresto?
En su alocución desde la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab anunció que un ciudadano estadounidense, llamado Savoid Jadon Wright, ya se encuentra detenido.
Saab dijo que Wright formó parte de una trama para «conspirar» en un intento de boicot contra el referendo sobre el Esequibo que se realizó en Venezuela el pasado domingo.
Wright, según el fiscal, utilizó «criptomonedas» y «grandes cantidades de efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar».
Saab aseguró que un segundo estadounidense, Damián Merlo, a quien identificó como asesor del expresidente Donald Trump, estuvo involucrado en la supuesta trama.
Los miembros de Vente Venezuela contra quienes se solicitaron órdenes de aprehensión son Claudia Macero, coordinadora nacional de comunicaciones; Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales; Henry Alviarez, coordinador de Organización Nacional; David Smolansky, miembro de la plataforma en el exterior; y Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate que fundó Machado en 2022.
“Algunos de ellos ya están a las órdenes de la justicia”, dijo Saab.
Horas después del anuncio, Alfredo Romero, abogado y presidente de la ONG Foro Penal, dijo en la red social X que la “esposa de Roberto Abdul” había confirmado su detención.
La solicitud de órdenes de aprehensión también incluyó a Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Leopoldo López y Rafael Ramírez, “quienes fueron identificados como operadores en el exterior”, informó la nota de prensa del Ministerio Público.
La misma nota señalaba que una vez que estas personas sean puestas a disposición de la justicia, “serán imputadas por la presunta comisión de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
«Guyana, ExxonMobil y, lamentablemente, en las sombras Estados Unidos, trabajan en equipo para despojar a Venezuela de un territorio que histórica y legalmente le pertenece”, dijo Saab este miércoles, recalcando la importancia del referendo celebrado el domingo 3 de diciembre.
¿Cómo reaccionó la oposición?
El anuncio de Saab generó el rechazo inmediato de la oposición.
Maria Corina Machado ofreció una rueda de prensa en la que expresó su solidaridad con los señalados.
«Es un régimen desesperado que se sabe derrotado. Si creen que con esto van a crear miedo, descalabro, desmoralización y desmovilización, todo lo contrario», dijo Machado en su intervención.
La líder opositora también manifestó que no tiene «nada que recurrir» ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), «por ahora», para poder participar en las elecciones presidenciales de 2024 para las que actualmente está inhabilitada.
El pasado 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones entre gobierno y oposición, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones políticas a opositores.
Sin embargo, Machado dijo que este mecanismo «plantea restricciones a libertades» que son «inaceptables» y no confía en que el gobierno cumpla su compromiso de contemplar «la autorización de todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley».
La tensión sobre el Esequibo
La controvertida solicitud de detención de opositores por parte del fiscal Saab se produce pocos días después de que el gobierno venezolano celebrara el polémico referendo sobre el Esequibo, que actualmente alberga seis de las diez regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, y donde viven 125.000 de los 800.000 habitantes del país.
Aunque ambas naciones se disputan la zona desde hace más de un siglo, las tensiones aumentaron en 2015, cuando comenzaron a encontrarse allí grandes yacimientos de petróleo.
Desde hace décadas Venezuela considera al Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, como una “zona en reclamación” y suele incluirla en sus mapas con un tachado.
Existe un litigio en curso entre ambos países ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para definir las fronteras bilaterales en esa zona.
Guyana, una antigua colonia británica y holandesa, insiste en que las fronteras fueron establecidas por un panel de arbitraje en 1899.
Sin embargo, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el asunto y sostiene que el río Esequibo forma una frontera natural que ha sido reconocida históricamente.
Tras el referendo del domingo, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, dejó claro que su país está tomando medidas diplomáticas, legales y militares para defenderse de lo que consideró “una amenaza inminente a su integridad territorial”.