La ola de arrestos en Nicaragua crece sin cesar y arrastra desde políticos opositores hasta precandidatos, desde activistas hasta excompañeros de armas del presidente Daniel Ortega.
Los detenidos han sido acusados de distintos delitos -como «menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país o incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos»- en lo que muchos ven como una cruzada de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para eliminar cualquier posible competidor de cara a las elecciones de noviembre.
La comunidad internacional aumentó en los últimos días la presión sobre el gobierno nicaragüense.
Una resolución aprobada por 26 de los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exigieron esta semana la liberación inmediata de los «presos políticos» y crear condiciones para elecciones libres y justas en Nicaragua.
Sin embargo, algunos advierten que el país centroamericano puede entrar en una crisis dilatada similar a la de Venezuela, cuyo gobierno es acusado desde hace años de perseguir a los opositores e impedir elecciones libres.
«No podemos tener otra Venezuela: si Nicaragua se sale con las suyas marca un precedente y un ejemplo nefasto para América Latina», sostiene Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y 2018, en una entrevista con BBC Mundo.
Lo que sigue es una síntesis, editada para mayor claridad, del diálogo con Solís, un historiador y politólogo que dirige interinamente el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida.
¿Cómo ve los recientes arrestos de políticos opositores y disidentes en Nicaragua?
Lo considero un momento sumamente crítico en la historia del país. No es la primera vez que el régimen de Ortega comete actos de estas características: arbitrarios, injustificados, únicamente dirigidos a destruir cualquier posibilidad de recambio político en Nicaragua.
Daniel Ortega enfrenta una creciente presión internacional por los arrestos en Nicaragua. GETTY IMAGES
En esta ocasión, además, el desparpajo con que se están produciendo los arrestos, la evidente forma como Ortega pareciera regodearse ante la opinión pública internacional, ante la cual se muestra completamente burlón, me parece que no tiene precedentes en la historia no solamente de Nicaragua, sino de América Latina.
El Estado nicaragüense ya había sido acusado de cometer «crímenes de lesa humanidad» durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno de Ortega en 2018. ¿Lo que ha ocurrido en los últimos días señala que el país entra en una nueva etapa?
No. Creo que el país está dentro de una situación de irregularidad política desde hace mucho tiempo. Se inició precisamente con la matanza de marzo y abril de 2018, y se profundizó a medida que el régimen continuó reprimiendo a la oposición.
Aquellos actos fueron todavía peores que los actuales, porque acabaron con más de 320 personas muertas. Fueron, como lo dicen los informes de Naciones Unidas, del grupo de expertos independientes de la ONU, y de la propia OEA, crímenes de lesa humanidad. Ahí se violó, se torturó, además de asesinar a mansalva a estudiantes indefensos.
En aquel momento estábamos ante un uso flagrante de la violencia estatal contra la ciudadanía en un momento intermedio del gobierno de Ortega.
Ahora estábamos entrando a la fase electoral, que abría la posibilidad al régimen de establecer una transición que permitiera un recambio normal y necesario en un país que está en una crisis ya no solamente económica y política, sino también sanitaria, de proporciones mayores.
En esa nueva fase el gobierno está actuando con el desparpajo que señalaba.
¿Cómo califica al gobierno de Ortega en este momento?
Lo califico como una dictadura. Es clarísimo que es una dictadura que actúa sin ningún respeto por el Estado de derecho, que no existe: lo que hay es un remedo de administración de la justicia.
Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios, es una de los precandidatos arrestados en Nicaragua. REUTERS
Es un gobierno que no solamente ya pareciera querer perpetuarse en la figura de la vicepresidenta y esposa del dictador, sino que además quiere hacerlo sofocando todas las voces de la oposición legítima, civil y pacífica.
Muchos se preguntan qué busca Ortega. ¿Tiene una respuesta?
Soy uno de los que se encuentran confundidos por la actitud de Ortega. Porque uno hubiese supuesto que esta actitud era precisamente la contraria a la que le servía al régimen. Es decir que, enterado Ortega de la situación gravísima en que se encuentra, buscaría más bien un acomodo que hiciera posible una convivencia con la oposición en un régimen que él todavía podría controlar por medio de una significativa cantidad de diputados, etcétera.
Lo que ha hecho es todo lo contrario: ha aumentado la apuesta en el sentido de impedir que haya un recambio.
Por supuesto nos preguntamos a qué se debe eso: ¿Es miedo de parte del régimen? ¿Habrá el régimen nuevamente hecho el cálculo de que la experiencia del año ’90, cuando perdieron el poder por medio de elecciones, no se va a repetir bajo ninguna circunstancia? ¿Habrán ya interiorizado para siempre aquella consigna que aprendieron de los años ’80, de que «resistir es vencer»?
Francamente, hay mucha oscuridad en esa actitud.
Algunos especulan también con que el gobierno busca una transacción con la comunidad internacional, ofreciendo la liberación de los presos a cambio de que queden excluidos de las elecciones. ¿Qué piensa?
Que esa no es una transacción; eso es un chantaje.
Si el cambio es «los suelto pero me quedo en el poder», ahí no hay transacción ninguna: es una voluntad manifiesta del régimen de perpetuarse.
¿Ha reaccionado de forma adecuada la comunidad internacional frente a los hechos en Nicaragua?
Creo que ha hecho lo posible en las actuales circunstancias y que las opciones diplomáticas se están agotando.
Ha habido ya un repudio clarísimo de muchos gobiernos, una resolución condenatoria a los encarcelamientos arbitrarios de parte de la Organización de Estados Americanos, hay una preocupación manifiesta de los poderes occidentales: Estados Unidos, la Unión Europea.
Nicaragüenses exiliados en Costa Rica se han manifestado en contra del gobierno de Ortega. REUTERS
Me parece que se está haciendo hasta donde se puede con los instrumentos disponibles. Faltan poquitas cosas por hacer todavía en ese marco.
Después habrá que moverse a la siguiente etapa, que podrá tener otras condiciones y características, incluida mediación internacional, a lo mejor de alguno de los países que todavía son amigos de Ortega y no se han convertido ellos mismos en gobiernos igualmente arbitrarios y dictatoriales. Tal el caso, por ejemplo, del gobierno argentino o mexicano, que quizá puedan hacer algún tipo de gestión para que haya un entendimiento que evite la violencia.
La resolución de la OEA el martes condenó los arrestos, pidió la liberación de los «presos políticos» y medidas para garantizar elecciones libres y justas en Nicaragua. Pero Argentina y México se abstuvieron, entre otras cosas invocando el «principio de no intervención en asuntos internos». ¿Esto les abre la puerta a Argentina y México para una posible mediación o les quita posibilidades de llevarla a cabo?
Imagino que el gobierno argentino y especialmente el mexicano —que tiene desde hace décadas esa tesis de mantenerse al margen de los acontecimientos, aplicando la doctrina Estrada entre otras cosas— podrían estar esperando que esta crisis requerirá dentro de pocas semanas o días que haya países que no estén ubicados en los dos lados de la línea y que ellos podrían ofrecer sus buenos oficios para lidiar entre las dos posiciones.
Pero también podría ser que simplemente estén manifestando desde antes una suerte de complicidad con Nicaragua.
Dependerá de lo que ocurra para adelante. Yo esperaría de gobiernos responsables como el de México y Argentina, donde hay entendimiento de las gravísimas implicaciones que todo esto tiene para el sistema hemisférico, un poco de acompañamiento crítico a Nicaragua.
No me imagino a ningún gobierno avalando la tesis orteguiana hoy de cárcel y palo para la oposición como una forma de alimentar una transición hacia un régimen democrático.
El principio de «no intervención» en asuntos internos también ha sido señalado por el gobierno de Nicaragua…
No acepto ese principio en este caso. Hay una manifiesta violación de los derechos humanos que ha sido constatada por órganos independientes, que empezó con una matanza, ha seguido con una represión y está hoy expresándose en cárcel ilegítima para la oposición política de manera selectiva.
No veo cómo puede un gobierno ampararse bajo la presunción de no intervención frente a actos de tanta gravedad.
¿Es posible aún alcanzar un acuerdo para celebrar las elecciones de noviembre en Nicaragua de forma legítima?
Cada vez lo veo más difícil.
La dificultad está en que, antes de hablar de las elecciones, hay que hablar de la liberación de todos los presos políticos: no solamente de los líderes de la oposición que han sido detenidos en las últimas dos semanas, sino de las más de 120 personas que siguen en las mazmorras de ese régimen desde hace meses y que han sido reclamados por sus familias sin que hayan tenido posibilidad ni siquiera de llevarles asistencia médica a algunos que han estado gravemente enfermos.
Madres exigiendo justicia para sus hijos muertos en las protestas de abril de 2018 en Nicaragua. AFP
Entonces, pensar en una elección que además sea justa, que tenga observación internacional y sea legítimamente reconocida, me parece prácticamente imposible.
Pero mi espíritu democrático y cívico me hace rechazar de plano la idea de que no exista una salida pacífica a esa crisis.
¿Ve al mismo tiempo el riesgo de que en Nicaragua pase lo que ha ocurrido en Venezuela en últimos años: que la crisis se extienda y profundice indefinidamente por falta de una salida efectiva?
Sí lo veo. Es una posibilidad que está sobre la mesa y que miro con suma preocupación. Nicaragua ha seguido ese mismo derrotero.
Pareciera que los gobiernos del Alba (Alianza Bolivariana) han tenido esa característica de querer hegemonizar el sistema político y, una vez que lo tienen controlado, utilizar las instituciones judiciales y electorales para perpetuarse en el poder y finalmente convertirse en una dictadura que a sangre y fuego reprime a la gente para que no pueda opinar.
Me parece que están caminando en esa dirección y que eso es inaceptable. No podemos tener otra Venezuela: si Nicaragua se sale con la suya marca un precedente y un ejemplo nefasto para América Latina.
Los demócratas tenemos que actual de manera concertada para hacer todo lo posible e impedir que ello ocurra.