Probablemente muchos peruanos recordarán siempre lo que estaban haciendo la noche del 24 de diciembre de 2017 cuando presidencia que Alberto Fujimori saldría libre.
Pedro Pablo Kuczynski otorgó un indulto humanitario al ex mandatario, que cumplía una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios y La Cantuta, que dejaron 25 muertos; y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
El perdón provocó una división muy fuerte en la sociedad peruana.
Los seguidores del ex presidente celebraron la noticia, ya que le atribuyen a Fujimori la derrota de los grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y la solución de la crisis económica en la que Perú estaba sumido a inicios de los años 90.
Pero sus detractores han convocado marchas para protestar contra la gracia.
No olvidan los crímenes de lesa humanidad por los que Fujimori estaba convicto y sospechan que Kuczynski tomó la decisión a cambio del voto que lo salvó de ser destituido por el Congreso de Kenji Fujimori, hijo del beneficiado, y otros nueve congresistas.
Pero, más allá de situaciones de guerra, como la Ley de Amnistía que se aprobó en 1993 en El Salvador o el sistema especial de justicia transicional en Colombia que es parte del acuerdo de paz con las FARC, esta no es la primera vez que un perdón marca a un país.
Te contamos qué otros casos pasaron a la historia.
1. Rafael Caldera a Hugo Chávez (1994)
En 1992, el entonces teniente coronel del ejército venezolano Hugo Chávez intentó dar un golpe de estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, que estaba aplicando un plan de «austeridad» para liberalizar la economía.
El golpe fracasó y Chávez fue a prisión, pero nunca fue condenado.
En 1993, Rafael Caldera ganó las elecciones en Venezuela y al año siguiente indultó a Chávez, bajo la figura de un «sobreseimiento de causa», esto es el cierre de una investigación penal en proceso.
Esto hizo posible que Chávez diera curso a una carrera política meteórica, que cuatro años después lo llevaría a la jefatura del Estado.
Ganó las elecciones en 1998 y gobernó Venezuela hasta 2013, cuando murió de cáncer.
Los venezolanos que se oponen a Chávez responsabilizan a Caldera de haber puesto al ex comandante golpista en el poder, al haberle dado la libertad.
2. Carlos Menem a Rafael Videla (1990)
Rafael Videla, presidente de facto de Argentina de 1976 a 1981, fue condenado en 1985 a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
En diciembre de 1990, el entonces presidente de Argentina, Carlos Menem, firmó una ley en la que indultaba a Videla y a Eduardo Emilio Massera, otro miembro del gobierno militar, preso también por violaciones a los derechos humanos.
Ese indulto favoreció a cerca de 50 ex militares de alto rango.
Pero en 2007, una resolución de la Cámara argentina en lo Criminal Federal reactivó las penas impuestas a los ex militares por su participación en lo que las fuerzas armadas denominaron «lucha contra el terrorismo durante el Proceso de Reorganización Nacional».
En ese momento, Videla se encontraba bajo arresto domiciliario por otras causas, como el robo de bebés nacidos de padres detenidos y el Plan Cóndor, la operación coordinada de los gobiernos militares sudamericanos para perseguir a sus opositores.
La decisión de la Cámara fue considerada como un paso en la eliminación de las barreras que aún impedían juzgar a ex militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
En 2010, Videla fue juzgado nuevamente y condenado a cadena perpetua otra vez, por el asesinato de 31 disidentes detenidos en Córdoba.
En 2012, fue condenado a otros 50 años por el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos. El ex militar murió en una prisión común en 2013.
Organizaciones de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas desaparecieron y fueron asesinadas durante el gobierno de facto en Argentina.
3. Tony Blair a Augusto Pinochet (2000)
El 16 de octubre de 1998, una noticia sorprendió al mundo: el ex presidente de facto de Chile, Augusto Pinochet, había sido arrestado en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, que buscaba juzgarlo por asesinato y tortura.
Pinochet, que entonces era senador vitalicio en su país, había viajado a Reino Unido para recibir tratamiento médico y suponía que su estatus de ex mandatario lo protegería del pedido de extradición de Garzón.
Sin embargo, Garzón, apoyado en el principio de «jurisdicción universal», logró que la justicia británica detuviera al ex general, acusado de crímenes de lesa humanidad.
La Cámara de los Lores del Parlamento británico resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser juzgado. Jack Straw revela las «presiones» que recibió el gobierno británico para liberar a Pinochet durante su arresto en Londres
Los tribunales de Justicia británicos aprobaron que fuera extraditado a España.
«La detención de Pinochet trajo la certeza de que es posible construir alianzas a nivel internacional para persistir y obtener justicia», dijo Liliana Tojo, directora de la oficina regional del Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a BBC Mundo en 2013.
Pero los temores por el estado de salud del ex general llevaron al gobierno del entonces primer ministro británico Tony Blair a liberar a Pinochet por razones humanitarias.
El ex presidente regresó a Chile en marzo de 2000 y murió en 2006 sin recibir ninguna condena por los delitos que se le atribuían. El gobierno de Pinochet terminó con más de 3.000 muertos y desaparecidos.
