El gobierno de Países Bajos, liderado por el primer ministro Mark Rutte, ha dimitido después de que miles de familias fueran acusadas injustamente de haber estafado al sistema de asistencia social público.
Estas familias, muchas de origen inmigrante, fueron obligadas a devolver el dinero recibido y cientos se vieron sumidos en serias dificultades financieras, perdiendo sus hogares y sus trabajos.
Según el Parlamento, las familias sufrieron una «injusticia sin precedentes» a manos de funcionarios, políticos y jueces que los dejaron indefensos.
Rutte presentó la renuncia del gabinete al rey.
«Se ha criminalizado a personas inocentes y se les ha arruinado la vida«, dijo luego a los periodistas, agregando que la responsabilidad de lo ocurrido recaía en el gabinete.
«La pelota se detiene aquí», señaló.
La decisión «unánime», tomada en una reunión de gabinete en La Haya, llega en un momento clave de la pandemia de covid-19.
Países Bajos ha entrado en una nueva cuarentena y los ministros han estado considerando medidas más estrictas para detener la propagación de la infección.
El gobierno mantendrá funciones interinas para abordar la pandemia hasta las elecciones parlamentarias en marzo, pero el ministro de Economía, Eric Wiebes, renunció con efecto inmediato por su papel en el escándalo.
Cuando se le preguntó si la renuncia del gabinete era meramente simbólica, Rutte insistió en que no lo era, a pesar de que hay nuevas elecciones en marzo.
El primer ministro Mark Rutte aseguró que la renuncia de todo su gobierno no era un gesto simbólico, a pesar de que hay nuevas elecciones en marzo | EPA
Esta no es la primera vez que un gobierno neerlandés renuncia en masa como un gesto de responsabilidad colectiva.
En 2002, el gabinete dimitió después de que un informe criticara a los ministros y al ejército por no haber evitado la masacre de musulmanes en Srebrenica, durante la guerra de Bosnia siete años antes.
¿Qué salió mal?
El análisis de Anna Holligan, corresponsal de la BBC en La Haya:
Las familias fueron tildadas de defraudadores por errores menores, como la falta de firmas en algunos documentos.
Se les obligó erróneamente a devolver decenas de miles de euros otorgados por el gobierno para compensar el costo del cuidado de los niños, sin ningún medio para apelar.
Fueron, como expresó un ministro que renunció en relación con el escándalo, «aplastados» por el sistema.
Las familias quedaron arruinadas por un aparato estatal que se convirtió en «el enemigo del pueblo».
Algunas familias se desintegraron bajo la presión, se perdieron hogares, algunas madres han hablado entre lágrimas sobre la angustia financiera y psicológica que sufrieron después de ser atacadas por los funcionarios fiscales.
El año pasado, la oficina de impuestos admitió que 11.000 personas fueron sometidas a un escrutinio adicional simplemente porque tenían doble nacionalidad.
Esta confesión ha reforzado la creencia generalizada entre muchas minorías étnicas en Países Bajos de que la discriminación contra ellas está institucionalizada y perpetuada por quienes están en el poder.
Una encuesta de 2020 mostró que el 78% de los ciudadanos no blancos en Países Bajos cree que hay racismo institucional en el país | EPA
Pero si bien es vista como la respuesta responsable y honorable -sacrificar el poder en una admisión de fracaso del gobierno- la renuncia masiva podría interpretarse como un acto de autopreservación por parte del gobierno de Rutte, que evita la perspectiva de perder un voto de censura de los parlamentarios, la próxima semana.
Qué dicen los padres falsamente acusados
El escándalo comenzó en 2012 y el número de padres involucrados podría llegar a 26.000.
Algunos pidieron abiertamente que el gobierno dimitiera, diciendo que habían perdido la fe en la capacidad del gabinete para limpiar el sistema.
A una madre se le reclamó pagarle al fisco unos 48.000 euros (más de 58.000 dólares). Trató de explicar a las autoridades que se habían cometido errores, pero los funcionarios comenzaron a retener no solo las asignaciones para el cuidado de sus niños, sino también otros beneficios.
Su alquiler se retrasó y las empresas de energía se negaron a proporcionar un suministro regular. Eventualmente perdió su trabajo y no pudo encontrar otro ya que fue vista como una estafadora.
Su relación con su hijo se deterioró cuando la presión pasó factura.
«Hay personas en [el gabinete] que permitieron que sucediera, permitieron que continuara y finalmente quisieron encubrirlo», dijo uno de los padres a RTL Nieuws.
¿Qué pasa ahora?
El partido liberal VVD de Rutte se está desempeñando bien en las encuestas de opinión, por lo que las elecciones del 17 de marzo podrían resultar en otra administración liderada por Rutte.
Ya ha dirigido tres gobiernos desde 2010.
El líder de la oposición laborista, Lodewijk Asscher, quien fue ministro de Asuntos Sociales entre 2012 y 2017, renunció como consecuencia del escándalo.
Aunque inicialmente se opuso a la renuncia del gabinete, se consideró inevitable una vez que el líder de oposición laborista, Lodewijk Asscher, renunció el jueves en respuesta al escándalo.
Asscher era ministro de Asuntos Sociales bajo el anterior gobierno de coalición de Rutte.
Rutte encabeza una coalición liberal de centro derecha conformada por cuatro partidos que lidera las últimas encuestas de opinión, por delante del líder de extrema derecha Geert Wilders.
Sin embargo, las víctimas del escándalo de la asistencia social infantil que tuvieron que devolver grandes sumas por los beneficios recibidos han presentado esta semana una denuncia formal contra varios ministros actuales y anteriores.
Se pagará una compensación de al menos 30.000 euros (36.300 dólares) a cada uno de los padres que fueron acusados injustamente, pero muchos han argumentado que no es suficiente.
Antes de la decisión del gobierno de dimitir, Sigrid Kaag, líder del partido liberal D66, dijo que era «importante ser políticamente responsable y asumir la responsabilidad por el contenido del informe y por la injusticia cometida contra los padres».
La ministra de Finanzas, Alexandra van Huffelen, dijo que los niños afectados por el escándalo de fraude también deben ser atendidos para que puedan «seguir adelante pronto».