«Incitación a la insurrección».
Esa es la acusación que plantea el único artículo de la resolución para imputar en un juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump que presentó el Partido Demócrata este lunes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La resolución presenta cómo Trump se dirigió a una multitud de seguidores poco antes de que decenas de ellos asaltaran el Capitolio violentamente el pasado 6 de enero.
Los firmantes acusan al mandatario de hacer declaraciones que «alentaron y previsiblemente resultaron en» las acciones ilegales que ocurrieron en la sede del Congreso.
Los sucesos de ese día dejaron cinco muertos.
El documento está previsto sea sometido a votación el miércoles en el pleno de la Cámara de Representantes, donde solo necesita mayoría simple para ser aprobado.
De ser así, Trump se convertiría en el único presidente en la historia de Estados Unidos en recibir un segundo impeachment de la Cámara de Representantes.
Y otro dato insólito, dados los pocos días que quedan para que Trump deje la Casa Blanca (el 20 de enero), se habla de que el juicio político propiamente dicho, que compete al Senado, podría definirse después de su salida del poder.
¿Es esto posible? Recapitulemos.
Dos vías para la expulsión
Las peticiones para que Trump sea sacado de la presidencia tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el pasado miércoles han ido en aumento conforme han pasado los días.
Demócratas y algunas voces en el campo republicano demandan que se haga responsable a Trump de acciones y palabras que, dicen, dieron lugar a los alarmantes disturbios en el Congreso.
Los legisladores son conscientes de que puede ser demasiado tarde para sacar a Trump de la presidencia antes de que expire el mandato pero aun así quieren aprobar el impeachmen y, en su caso, condenarlo potencialmente también para quitarle los beneficios de los que gozan los expresidentes e inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos en el futuro.
Para alcanzar sus objetivos, los demócratas emprendieron este lunes dos vías en paralelo en la Cámara de Representantes: presentaron la resolución de impeachment y antes de eso insistieron en pedirle al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25 de la Constitución.
Rápida presentación
El congresista demócrata Jamie Raskin presentó ante la Cámara la resolución en la que su partido les exige oficialmente a Pence y a los miembros del gabinete de Trump que lo saquen del poder mediante la citada enmienda.
En primera instancia, la resolución debía adoptarse por unanimidad, pero fue bloqueada por el republicano Alex Mooney, congresista por Virginia Occidental.
El documento requiere mayoría simple para salir adelante en la votación de este martes.
Pence tiene 24 horas desde la aprobación de la resolución para invocar la enmienda y evitar que la Cámara proceda con el impeachment.
La parte de la enmienda 25 en discusión es la sección 4, que permite al vicepresidente, junto a una mayoría del gabinete, declarar incompetente a Trump.
Para hacerlo tienen que firmar una carta dirigida a la presidenta de la Cámara y al líder del Senado en la que declaren al presidente incapaz de gobernar o incapaz de «desempeñar los poderes y deberes de su cargo».
Si el presidente pelea la medida, entonces le corresponde al Congreso tomar una decisión y, mientras tanto, el vicepresidente asume el poder.
No hay indicios de que Pence más un mínimo de ocho miembros del gabinete apoyen invocar la enmienda, y menos después de saber que el presidente y el vicepresidente tuvieron un encuentro cordial en la Casa Blanca a última hora del lunes.
Por lo que volvemos a la vía del impeachment.
Sin precedentes
Ante las pocas perspectivas de que prospere la enmienda 25, la atención está puesta en la posible puesta en marcha del que sería el segundo juicio político contra Trump.
El presidente fue sometido a uno a finales de 2019 bajo acusaciones de haber buscado la ayuda de Ucrania para conseguir información perjudicial sobre Hunter Biden, hijo del que entonces era únicamente un posible rival electoral y ahora es presidente electo.
El impeachment (la acusación formal) fue aprobado por la Cámara de Representantes pero en el subsecuente juicio el Senado lo absolvió, en febrero de 2020, con solo un voto republicano a favor de la condena, el del senador por Utah Mitt Romney.
La resolución presentada este lunes habla de las distintas ocasiones en las que Trump ha intentado deslegitimar las elecciones del pasado 3 de noviembre y lo acusa de amenazar «la integridad de un sistema democrático».
«Con esta conducta demostró que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución«, dice el documento, que también menciona la llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le pidió que «encontrara» 11.780 votos para revertir los resultados de las elecciones en ese estado.
El artículo menciona además la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a cualquier persona que haya participado en una «insurrección o rebelión» ocupar un cargo público.
El artículo, si el gobierno no adopta la enmienda 25, está previsto que se vote en la Cámara el miércoles. De ser aprobado, el caso pasa al Senado, donde se necesita una mayoría de dos tercios para condenar al presidente.
Nunca se ha alcanzado este punto en la historia de Estados Unidos y no hay indicios de que los demócratas puedan conseguir ese apoyo en el Senado, donde solo cuentan con la mitad de los escaños.
Calendario apretado
Una circular difundida por el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, establece el 19 de enero como la primera fecha en la que la Cámara alta podría empezar a considerar la resolución de impeachment, justo un día antes del cambio de gobierno.
Según las reglas de procedimiento del Senado, el juicio formal a Trump no podría empezar hasta la 1 de la tarde del 20 de enero -una hora después de que el presidente haya dejado la Casa Blanca- o incluso un día después.
Pero demócratas de la Cámara de Representantes han indicado que quizá no envíen los artículos de impeachment al Senado hasta que pasen los primeros 100 días de Biden en la presidencia.
Eso permitiría al nuevo presidente confirmar los miembros de su gobierno en las correspondientes audiencias del Senado y poner en marcha algunas de sus políticas clave, especialmente las relacionadas con el coronavirus, algo que tendría que esperar si el Senado está ocupado ya con el impeachment.
En este sentido, el presidente electo planteó este lunes una propuesta intermedia: que el Senado, que pronto estará bajo control demócrata, le dedique media jornada a cada asunto.
«Creo que es de extrema importancia que haya un esfuerzo real y serio por hacer que aquellos que participaron en la sedición y amenazaron vidas, cometieron actos vandálicos en propiedad privada y causaron grandes daños, rindan cuentas», defendió.
¿Para qué seguir con el juicio?
No falta quien se pregunta para qué iniciar procesos tan complicados como la invocación de la enmienda 25 o el segundo impeachment si apenas queda una semana para el cambio de gobierno.
En este sentido, algunas voces demócratas y republicanas parecen más inclinadas por debatir y aprobar un voto de censura a Trump por los hechos del día 6.
La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, se niega a elegir esta opción por considerarla insuficiente.
Quienes persiguen la idea del juicio político apuntan que el objetivo va más allá de sacar a Trump de la presidencia.
Si se le condena, el Senado también puede prohibirle ostentar cualquier cargo público en el futuro.
Además, perdería los beneficios otorgados a sus predecesores según la ley de Expresidentes (1958) que incluyen una pensión, seguro médico, un presupuesto para viajes de hasta US$1 millón y una serie de medidas de seguridad, todo ello pagado por los contribuyentes.
¿Es válido después del 20 de enero?
Expertos constitucionalistas no se ponen de acuerdo sobre si es posible que un impeachment avance al juicio en el Senado una vez que el presidente ya no esté en el poder.
El artículo II sección 4 de la Constitución dice:
«La Constitución le otorga al Congreso la autoridad para hacer un juicio político y retirar del poder al Presidente, Vicepresidente y todos los cargos civiles del gobierno federal de EE.UU. por traición, soborno u otros altos crímenes y delitos«.
Al no aparecer nada explícito sobre límites de fechas para llevar adelante el juicio político, juristas optan por interpretar los artículos constitucionales en uno u otro sentido.
«En este contexto, significa retirar [al presidente] del cargo y es una condena política», le dice a BBC Mundo Greg Woods, profesor de Estudios Judiciales en la Universidad Estatal de San José (California).
«Dado que el presidente en ejercicio ha sido votado fuera del cargo a través de una elección legal, y quedándole poco más de una semana, la condena política del impeachment es irrelevante, ya no es necesaria«, sostiene.
«En lugar del impeachment, es más probable que veamos alguna forma de censura por el legislativo y/o posibles cargos criminales presentados por el Departamento de Justicia o en uno o más de los estados», añade Woods.
Del otro lado, hay expertos que consideran que si la Cámara de Representantes aprueba acusar formalmente al mandtario mientras está en el poder, el Senado puede juzgarlo aunque ya haya abandonado el cargo.
Lo más probable es que no tengamos una respuesta definitiva hasta que se presente la situación y el asunto se dirima en los tribunales.
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