El problema de la violencia urbana en América Latina queda reflejado crudamente en las estadísticas, particularmente en las impresionantes cifras que muestran que 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo están ubicadas en esta región.
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Según la clasificación de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (Ccspjp), la ciudad mexicana de Los Cabos, con 111,33 homicidios por cada 100.000 habitantes, es la más violenta del mundo per cápita.
Caracas, por su parte, figura como la segunda ciudad más violenta del mundo, con 111,19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero la capital de Venezuela tiene el mayor número absoluto de homicidios por año con 3.387 asesinatos.
(Los Cabos, que tiene una población de 328.245 habitantes, solo registró 365).
Por lo demás, entre los 10 primeros lugares de la lista, hay cinco ciudades mexicanas, aunque Brasil es el país con mayor número de ciudades en el ránking: 17.
Mientras que las únicas ciudades en el listado que no pertenecen a Latinoamérica son Kingston (Jamaica), las estadounidenses San Luis, Baltimore, Nueva Orleans y Detroit, además de Ciudad del Cabo, Durban y la bahía Nelson Mandela en Sudáfrica.
¿Cómo se explica esta situación?
Pobreza y pandillas
Las estadísticas no sorprendieron a los expertos en seguridad en América Latina.
En la última década, la violencia urbana se ha incrementado en muchas áreas del continente como consecuencia de la guerra territorial entre pandillas y, especialmente en los casos de Brasil y México, por la creciente influencia de los carteles de la droga.
Otro factor es la caída en los estándares de la calidad de vida y las fallas en las políticas de seguridad durante un proceso de sostenido crecimiento urbano.
Y la evidencia demuestra que ese deterioro puede ocurrir de manera muy veloz: en la ciudad brasileña de Fortaleza, que fue sede de algunos encuentros de la Copa del Mundo de 2014, los homicidios aumentaron 86% en 2016.
Violencia en el paraíso
La guerra entre carteles de la droga es la principal razón por la que la ciudad costera de Los Cabos está en el primer lugar de la lista, al igual que las otras 11 ciudades mexicanas que allí figuran.
Los Cabos vio cómo sus cifras se disparaban: de 61 asesinatos en 2016, a 365 el año pasado.
Todo esto sin tener en cuenta que el lugar es uno de los destinos turísticos más conocidos del país.
En 2017, un artículo del diario estadounidense The New York Times describió Los Cabos como »un paraíso para los turistas, un infierno para los locales», debido a la violencia que se vivía en los suburbios de la ciudad en contraste con la situación en los lujos resorts ubicados en las mejores zonas de la costa.
Y junto a ello, según al informe, es la impunidad lo que hace empeorar el panorama.
El Ccspjp acusó el gobierno mexicano de falta de acción «sistemática para erradicar las milicias y las pandillas criminales».
Asimismo, en Brasil, donde se presentaron cerca de 61.000 asesinatos en 2016, 90% de ellos permaneció sin resolver, de acuerdo a fuentes locales.
Ahora, la profunda crisis política y económica en Venezuela tal vez explica por qué ese país tiene cinco ciudades en la lista.
La escasez de alimentos y medicinas ha llevado a un aumento del contrabando y las transacciones en el mercado negro.
Buenas noticias
Pero el listado trae algunas noticias para celebrar: en ciudades que otrora figuraban entre las más violentas del continente, las cifras han disminuido.
Un ejemplo de ello es San Pedro Sula, en Honduras, una ciudad marcada por la violencia de pandillas, que pasó del tercer lugar en la lista en 2016 al número 26 este año debido a la reducción de 54% en la tasa de homicidios.
«Este extraordinario cambio no fue fortuito, se debió al esfuerzo del gobiernode erradicar las células criminales, castigar los crímenes cometidos por las pandillas e imponer el orden en las prisiones», indicó el informe.
La investigación también señaló que la clasificación tiene el «objetivo político de resaltar el grave asunto de la violencia urbana en América Latina para que las autoridades se sientan bajo la presión de cumplir con su deber de proteger a sus ciudadanos y garantizar su derecho a la seguridad pública».
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