Una serie de televisión que dramatiza el que es considerado como uno de los mayores errores judiciales de la historia de Reino Unido, está logrando lo que no se había conseguido tras décadas de denuncias.
La serie cuenta lo ocurrido en el llamado Escándalo de la Post Office, la compañía de correos británica, en el que cientos de empleados inocentes fueron acusados de robo, fraude y contabilidad falsa.
Muchos pagaron con cárcel delitos que nunca cometieron, debido a un sistema informático defectuoso, una red de mentiras y la falta de atención por parte de los directivos de la compañía y las autoridades.
Los afectados llevan más de dos décadas intentando que se haga justicia.
Pero nada había tenido la repercusión que ha tenido la serie televisivo Mr Bates vs The Post Office (“El señor Bates vs la Oficina de Correos).
La reacción a la serie en las redes sociales y en los medios ha sido enorme.
Este asunto ha dominado en los últimos días los debates en el Parlamento británico. El gobierno se vio obligado a comprometerse a realizar pagos multimillonarios en compensaciones y a prometer la exoneración de los inocentes.
Más de un millón de personas firmaron una petición pidiendo que se despojara a la exdirectora de la compañía de correos británica, Paula Vennells, de su título nobiliario, y ella acabó renunciando a él.
Además, alentó el clamor público para que haya castigos severos para los culpables, y para que se le cobre el costo del desastre a la compañía privada involucrada, para que no tengan que pagarlo los contribuyentes británicos.
Pero esta no es la primera vez que los medios juegan un papel crucial en esta lucha.
La primicia sobre el escándalo se publicó en 2009 en la revista Computer Weekly y el caso fue seguido y reportado extensamente por periodistas dedicados a lo largo de los años. En 2013 había más de 300 artículos al respecto, según la revista.
La BBC produjo una galardonada serie documental para la radio en 2020 y posteriormente su programa investigativo Panorama trató el caso.
En 2021, Nick Wallis, uno de los periodistas que condujeron una larga investigación sobre el caso, publicó el libro “El gran escándalo de la Oficina de Correos”.
Y la cobertura continuó, acompañando y dándoles voz a los afectados que, poco a poco, fueron sumando algunas victorias.
Sin embargo, fue la trasmisión desde el 1 de enero de 2024 de la serie producida por el canal británico ITV la que despertó un masivo interés del público, y aumentó la presión sobre las autoridades.
Por qué ahora sí
Ninguno de los hechos clave presentados en los cuatro episodios en la serie dramática Mr Bates vs the Post Office es nuevo.
No obstante, pusieron en la mira del público los detalles del indignante escándalo que ya se conocía desde hace años.
La pregunta es ¿cómo y por qué ahora?
Por un lado, la serie cautivó la imaginación de los espectadores de una manera que un documental tal vez no hubiera podido hacerlo, comenta el corresponsal político de la BBC, Harry Farley.
“Muchas de las víctimas de este escándalo quedaron traumatizadas”, dice. “Sus reputaciones fueron arruinadas y, como resultado de esto, no querían hablar en cámara con los periodistas”.
A través de los actores el verdadero drama emocional se dio a conocer y, por primera vez, el público pudo apreciar la magnitud del escándalo.
“Muchísima más gente conoce lo que sucedió, gracias al alcance de la serie dramática de ITV”, señala Farley.
Eso quiere decir que se multiplicaron las personas que están presionando a sus representantes en el Parlamento, expresando su preocupación e ira por lo sucedido.
Y a los políticos, que este año serán juzgados en las elecciones generales, de repente se les despertó el interés por el caso y la urgencia por demostrar que están tomando medidas al respecto.
Qué pasó
Las oficinas de correos juegan un rol importante en muchas comunidades.
Post Office Ltd. (PO), la compañía de correos de Reino Unido, es una enorme empresa que se beneficia de un buen nombre y reputación, gracias a su larga historia de servicio que se remonta al año 1660.
Tiene cerca de 12.000 oficinas repartidas por todo el país, muchas de ellas en zonas rurales y pequeños pueblos donde son parte integral de las comunidades, y sus empleados y la labor de estos son apreciados.
Esas sucursales son administradas por socios de la franquicia o empresarios independientes conocidos como subjefes de correos.
Además de enviar cartas y paquetes, hacen las funciones de los bancos, proporcionan todo tipo de servicios financieros, tramitan la renovación de pasaportes y carnets de conducir, y pagan asistencia social y pensiones.
Pero entre 1999 y 2015, la PO destruyó las vidas de cientos de esos subjefes y sus familias creando una pesadilla kafkiana de confusión, secretos y mentiras.
Persiguió implacablemente a gerentes de sucursales con historiales impecables por supuesto robo, fraude y contabilidad falsa.
Durante esos años, ejerció sus poderes institucionales para interrogarlos y procesarlos por discrepancias en sus cuentas.
Discrepancias que sólo comenzaron a aparecer después de la llegada de un nuevo sistema informático instalado en todas las sucursales.
Un programa defectuoso
Fujitsu aún no ha sido declarado culpable.
En el periodo 1999-2000, la PO implementó un sistema de tecnología informática llamado Horizon, desarrollado por la empresa japonesa Fujitsu.
«Se sabía muy bien que el programa era muy flojo», le dijo a la BBC Richard Roll, ingeniero de Fujitsu entre 2001 y 2004.
«Un par de semanas después de comenzar a trabajar allí, le dije al jefe: ‘Esto hay que borrarlo y reescribirlo desde cero’.
«Su respuesta fue: ‘No va a suceder, ¿tienes idea de cuánto tiempo tomaría y cuánto dinero costaría rehacerlo?'».
Roll aseguró que se tenía conocimiento de que había errores en el sistema que afectaban los saldos, por lo que era probable que hubiera discrepancias que los usuarios no podrían explicar.
Eso fue exactamente lo que empezó a sucederles a cientos de subjefes de correos.
El sistema informático Horizon estaba destinado a rastrear las transacciones en las oficinas de correos, pero los subjefes se quejaron de misteriosas deficiencias.
Imagínate que eres subjefe de correos y una noche estás cerrando caja usando el sistema computarizado Horizon.
Aprietas el botón para conciliar las cuentas y hay una discrepancia de cientos, tal vez miles de libras esterlinas.
Las cuentas que tienes en el papel dicen que todo está bien, pero el sistema, inexplicablemente, calcula que hay un gran déficit.
Entras en pánico, sabes que hay una cláusula en tu contrato con la PO que especifica que eres responsable de cualquier dinero que desaparezca, sin importar cómo suceda.
Llamas a soporte técnico, pero nada resuelve la discrepancia y te aseguran que eres la única persona que ha reportado problemas con el sistema.
Tienes dos opciones: pagar en efectivo inmediatamente el déficit o enfrentar un juicio con la alta probabilidad de terminar en la cárcel.
Vidas arruinadas
Gracias a la serie dramatizada, los gerentes de correos están siendo escuchados.
En total, unos 3.500 operadores de sucursales de la Post Office fueron acusados falsamente de extraer dinero de sus cuentas ilegalmente.
Cientos de hombres y mujeres terminaron enjuiciados y condenados, con penas que iban desde prestar cientos de horas de servicios comunitarios hasta cárcel.
Muchas vidas quedaron arruinadas por severas dificultades financieras o quiebra total tras las condenas.
Incluso los que evitaron ser enjuiciados tuvieron que endeudarse para cubrir las enormes sumas que supuestamente debían.
Las víctimas y sus familias quedaron marcadas, sufrieron el rechazo social, estrés mental y enfermedades.
Se han registrado por lo menos cuatro suicidios vinculados al escándalo.
Alan Bates fue fundamental para sacar a la luz el infame escándalo. Desde principios de la década de 2000 se convirtió en un héroe por su incansable campaña para que se hiciera justicia.
En 2009 Alan Bates, quien años atrás había sido despedido luego de reportar problemas con Horizon, formó el grupo de campaña JSFA (por las siglas en inglés de Justice for Sub-postmasters Alliance) para revelar el escándalo.
Logró reunir a 555 víctimas y demandó a la Post Office, aunque durante años la la compañía logró evadir las acusaciones, gracias a sus poderosos abogados.
A pesar de los reportes de la prensa sobre los problemas con el sistema Horizon, sus directivos seguían insistiendo que la tecnología era “robusta”.
Tras una larga batalla, en 2019 el grupo JSFA logró ganar un caso en un tribunal que determinó que sus condenas habían sido injustas y que el sistema Horizon era el culpable.
Algunas sentencias fueron anuladas y otros casos, revisados, lo que allanó el camino para que los injustamente acusados pudieran recibir compensaciones.
Hasta la fecha, se han pagado unos US$30 millones en daños.
Pero la PO ha sido criticada por estar postergando los pagos y decenas de víctimas han muerto antes de ser compensadas.
Además, los altos costos legales que tuvieron que cubrir los demandantes redujeron drásticamente la suma que recibieron.
En contraste, a los ejecutivos de la PO les dieron bonificaciones vinculadas a la investigación sobre el escándalo en 2021.
Y todavía ni una sola persona ni de la Post Office ni de Fijutsu ha sido declarada responsable.
¿Cómo han respondido los políticos?
El primer ministro británico nunca mostró ningún interés en el escándalo, y como ministro de economía le otorgó a Fujitsu otros US$6 millones en contratos después de que se descubriera que la compañía había ocultado las fallas en el software.
El gobierno británico planteó aprobar una ley que contemple una exoneración general de todos los subjefes de correo implicados en el escándalo. Pero tendrá que buscar cómo acelerar el proceso de apelaciones.
Más de 900 personas verían sus condenas anuladas y más de 4.000 personas en total podrían ser elegibles para recibir una compensación.
Hay varios esquemas de compensación. En uno de ellos, el gobierno ofreció un pago único de US$95.000 a cada una de las víctimas.
Pero se cree que un número significativo de afectados no aceptará esa compensación pues no cubre el daño económico y emocional que han sufrido.
Un portavoz del primer ministro Rishi Sunak dijo que los que fueron “significativamente más impactados” podrán “buscar una oferta más alta”.
Esa podría rondar el equivalente a US$762.000, pero no estaría disponible automáticamente.
Mientras tanto, continúa la investigación parlamentaria con miras a señalar culpables, encontrar las fallas de todo el proceso y aprender las lecciones.