La política de Defensa y Seguridad del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido calificada como «ambiciosa», «audaz» y, para los más críticos, «provocadora».
Petro llega al poder con dos propósitos en la materia: la «paz total» y la «seguridad humana», como las llama él.
La primera consiste en pactar tratados de paz con los casi 30 grupos armados vigentes en el país. La segunda intentará brindar seguridad ya no a través de la vigilancia o la persecución de criminales, sino de oportunidades, acceso a servicios básicos e infraestructura.
El adjetivo ambicioso es, sin duda, el que más consenso genera.
Petro llegó a la presidencia tras una virtuosa carrera política de denuncia de la corrupción y de la violación de los derechos humanos. Su plan para la paz de Colombia va en esa línea: dejar atrás las estrategias guerreristas y persecutorias heredadas de la Guerra Fría, impulsar un debate internacional sobre la legalización de las drogas y transformar de raíz el modelo económico desigual que, según él, promueve la guerra en el país.
El empeoramiento de la violencia en Colombia ha continuado en el mes que Petro lleva en la presidencia: se han reportado 12 masacres de las 73 que van en el año y 13 líderes sociales han sido asesinados.
El viernes, una emboscada a la policía dejó siete agentes muertos y añadió presión a un gobierno que, según los expertos, no termina de esclarecer cómo es que va a lograr paz en medio de la guerra que el Estado aún libra contra grupos guerrilleros y del narco pese al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016.
Para su proyecto, Petro necesita a las Fuerzas Armadas de su lado, pero sus primeras iniciativas dentro del ámbito militar y policial parecen haber generado más preocupación que confianza.
«Todo lo que se ha venido presentando en este primer mes ha sido una montaña rusa que nos tiene a todos con los pelos de punta, sin saber realmente para dónde vamos», dice John Marulanda, un influyente coronel de la reserva activa del Ejército.
Desde un lugar distinto, el experto en Seguridad Jorge Mantilla apunta a una preocupación similar: «Hay un alto grado de improvisación y de desarticulación de los anuncios, y eso complica la relación con la Fuerza Pública, cuyo rol en la estrategia de seguridad no es claro (…) La seguridad humana, que en teoría ofrece ampliar la oferta de bienes y servicios del Estado, rebasa las atribuciones de esa institución».
Daniel García-Peña, exnegociador de paz y director de la ONG Planeta Paz, comparte la preocupación sobre falta de claridad y la reacción de las Fuerzas Armadas, pero se muestra más optimista: «La conflictividad en Colombia cambió y se requería repensar la estrategia del Estado para enfrentarla. Las primeras decisiones de Petro eran necesarias, mandan mensajes claros sobre las prioridades en el tema y se tenían que tomar rápido, en un momento de apoyo popular, político, de legitimidad».
«La Seguridad Humana es una iniciativa positiva», añade Alejo Vargas, experto en seguridad y violencia.
«Pero la primera parte del gobierno debe estar enfocada en una seguridad integral que incluya la seguridad publica en las regiones, porque si no hay una respuesta contundente del Estado y la sociedad rechazando la violencia contra la policía, vamos a continuar en la lógica común de estos grupos de medir al gobierno a ver cómo reacciona».
El asesinato de los siete policías puede generar más condiciones para hablar de paz, pero también aumentar el escepticismo hacia Petro dentro de las Fuerzas Armadas.
Desde que anunció al ministro de Defensa —Iván Velásquez, un jurista experto en derechos humanos que denunció durante años los crímenes de militares—, Petro ha convertido su agenda de paz en la prioridad número uno. La semana pasada presentó un amplio proyecto legislativo para sustentarla. Incluso el acercamiento al gobierno de Venezuela, donde se refugian algunas guerrillas, puede verse como parte de esa estrategia.
Estas son, entonces, cuatro medidas de Petro en Seguridad y Defensa inéditas en la historia reciente de este país en guerra que han sacudido al sector castrense.
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1. Purga en la cúpula de la Fuerza Pública
Todos los presidentes colombianos suelen hacer un reacomodo de las estructuras jerárquicas en las Fuerzas Armadas apenas llegan al poder. Ninguna, sin embargo, fue tan grande y simbólica como la de Petro.
En menos de un mes, al menos 70 generales y coroneles del Ejército y de la Policía —más de la mitad— han sido removidos de sus cargos. Algunos porque están acusados de delitos; otros, sin explicación. Los anuncios se han dado a cuentagotas, sin mecanismos formales. Hubo un grupo que fue informado de su despido en la medianoche. Otro cuyo nombramiento fue luego suspendido.
La preocupación de los expertos es la improvisación y que se saltaron mecanismos formales, tradicionales y académicos que solían dar la pauta para remociones y nombramientos.
En su remplazo, Petro ha puesto coroneles y brigadieres que apoyaron el proceso de paz con la guerrilla de las FARC firmado en 2016, que no están acusados de delitos y que al menos en apariencia no responden a ninguna de las cuestionadas estructuras de poder que han manejado las Fuerzas Armadas por décadas. Medios locales también han reportado que el interés de Petro es ascender más mujeres a la cúpula.
El resultado es que, en este momento, la Policía Nacional, una entidad que Petro quiere sacar del Ministerio de Defensa, tiene solo ocho generales para liderar casi 200.000 miembros.
«Sacar hasta 70 generales y coroneles, aunque muchos de ellos no sean culpables (de crímenes) o estén investigados, y además haber colocado a dos miembros de su vieja guerrilla en instituciones clave (inteligencia y protección de víctimas), lleva un mensaje muy fuerte a los militares y complejiza lo que viene», dice Marulanda, en referencia a los nombramientos de dos exintegrantes del M19, la guerrilla a la perteneció Petro en los años 70.
Tras el ataque a la policía del viernes, Petro anunció que unos 2.000 efectivos, casi un cuarto del total, serán reubicados en lugares menos violentos del país.
GETTY IMAGES- Desde que Petro llegó al poder se han producido 11 de las 72 masacres que van este año.
2. Limitar los bombardeos
El ministro Velásquez anunció la semana pasada que una operación crucial de la estrategia que han usado los militares para enfrentar a los grupos armados ilegales será reformulada: los bombardeos.
El objetivo del ministro es evitar que mueran civiles en los ataques a presuntos miembros de la guerrilla. Específicamente niños, que suelen ser reclutados de manera forzada y usados como escudo.
Un informe del Instituto de Medicina Legal estima que en uno de cada tres bombardeos han muerto menores de edad durante los últimos años.
«Los menores reclutados son víctimas», dijo Velásquez en una rueda de prensa. «Por lo tanto, toda acción militar que se desarrolle contra organizaciones ilegales no puede poner en peligro la vida de estas víctimas de la violencia», aseguró.
La medida evidencia la preocupación por los derechos humanos. El ejército detalló que los bombardeos no cesarán, pero sí tendrán nuevos protocolos. Sin embargo, expertos aseguran que en la mentalidad militar no se ve así: para ellos es normal que haya daños colaterales y consideran los bombardeos como el arma más efectiva para acorralar a la guerrilla. Históricos dirigentes de las FARC —Alfonso Cano, Raúl Reyes y el Mono Jojoy— murieron en ataques aéreos.
GETTY IMAGES- El canciller, Álvaro Leyva, ya ha iniciado pláticas con el ELN en Cuba para reanudar negociaciones de cara a la paz con le guerrilla vigente más grande.
3. Reforma del cuerpo antidisturbios
El nuevo gobierno también ha dicho que se propone reformar —pero no eliminar, como piden algunos— el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD), el cuerpo preparado para contener las protestas sociales.
Durante los estallidos sociales de 2019 y 2021, el ESMAD fue cuestionado por el uso indebido de la fuerza y por haber causado la muerte de decenas de manifestantes. La ONU responsabilizó a la policía de 28 muertes en las protestas de 2021.
Algunos expertos en su momento explicaron que el cuerpo respondía a las lógicas del conflicto armado, donde todo disidente del sistema era visto como un insurgente, y que por eso era necesario reformar la entidad con lineamientos más civiles que militares de cara al postconflicto.
El nuevo director de la Policía, el general Henry Sanabria, dio algunas pistas de lo que puede ser la reforma: colores menos intimidantes que el negro en los uniformes de los agentes, tanquetas convertidas en ambulancias y un nuevo nombre para el cuerpo, Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública.
«Tiene que haber un cambio, por supuesto aclarando que todo cuerpo de policía requiere una fuerza que contenga una manifestación que se torne violenta», dijo Sanabria.
Un comunicado interno de las Fuerzas Armadas filtrado esta semana al medio «La Silla Vacía» aseguró que se implementará la doctrina de Damasco, un código de conducta civilista para la institución ideado por el presidente Juan Manuel Santos tras la firma de la paz con las FARC.
GETTY IMAGES- Aunque es para disturbios, el Esmad es considerada una entidad pensada bajo las lógicas del conflicto. Y por eso Petro lo quiere reformar.
4. Acabar con la erradicación forzada de coca
Otra política que puede ser una diferencia sustancial entre Petro y los gobiernos anteriores tiene que ver con el narcotráfico, una problemática que históricamente se ha abordado desde los ámbitos de la Seguridad y la Defensa en alianza con Estados Unidos.
«La paz es posible si se cambia la política contra las drogas vista como una guerra por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas», dijo Petro en su discurso de inauguración el 7 de agosto.
Lo que parece una política de salud es, sin embargo, un cambio en el campo militar, porque se anunció la suspensión de los programas de erradicación forzada de cultivos de coca y de los estudios para retomar la aspersión aérea de plantaciones con glifosato.
Ambas son políticas que contrastan con el gobierno de Iván Duque, que en general estaba más en sintonía con la mayoría de los lineamientos militares.
Petro, no obstante, dijo que «suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca».
«Hay que implementar de inmediato el PNIS (sistema de sustitución de cultivos ilícitos), adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado», aseguró el mandatario.
Más allá de la conveniencia o no de estas nuevas medidas, los expertos muestran escepticismo por cómo se han anunciado, la ausencia de diálogo previo con el sector militar y, sobre todo, la falta de un plan que permita entender cómo se articulan todas estas novedosas iniciativas. La violencia en el país, mientras tanto, continúa agudizándose.
Mantilla, de la Fundación Ideas para la Paz, concluye: «Si Petro no logra adoptar con rapidez una política de seguridad clara y acompañada de planes de intervención territorial diferenciada donde la Fuerza Pública tenga un papel específico, sus buenas intenciones no pasarían de ser buenas intenciones».