El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no será sometido al antejuicio solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ese país.
Tras una polémica sesión, este lunes el Congreso acordó mantener la inmunidad del mandatario, acusado de presunto financiamiento electoral ilícito durante su campaña de 2015.
La decisión contradice el informe de la Comisión Pesquisidora del mismo Congreso, que la noche del domingo recomendó cancelar la inmunidad al presidente.
Sólo 25 de los 158 diputados avalaron el documento, que en cambio fue rechazado por 104 legisladores.
La votación causó polémica. Afuera del Congreso cientos de personas demandaron el antejuicio al presidente, mientras que dentro del recinto decenas de sus simpatizantes cantaron el himno nacional al concluir el conteo de votos.
Uno de los inconformes fue el diputado Amílcar de Jesús Pop. «Esta decisión bloquea la verdad. Nos ganó la negociación espuria», dijo.
Informe polémico
La FGR junto con la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), acusaron al presidente de permitir el ingreso irregular de unos US$800.000 a los fondos de campaña cuando Morales era secretario general del ahora gobernante Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación).
Son recursos aportados por empresarios que no se reportaron al Tribunal Supremo Electoral.
El 4 de septiembre la Corte Suprema de Justicia estableció que había indicios suficientes para juzgar al presidente. Y en eso coincidió la Comisión Pesquisidora.
«El señor Jimmy Ernesto Morales Cabrera en su calidad de presidente de la República debe ser puesto a disposición de la justicia común, en virtud de la probable participación en los hechos», señala el documento.
Sin embargo, la Comisión también señaló que la petición de la FGR y la Cicig para retirar la inmunidad al presidente «se pudo haber promovido por razones políticas».
Y es que el caso se promovió en los días en que Jimmy Morales declaró persona non grata al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, a quien pretendió expulsar del país.
En Guatemala muchos afirmaron que se trató de una respuesta al juicio que enfrentan el hijo y un hermano mayor del presidente.
La determinación fue cancelada definitivamente por la Corte de Constitucionalidad.
Pero en su informe la Comisión Pesquisidora dejó en manos del pleno del Congreso “evaluar si existen elementos políticos que hubieran podido condicionar la presentación de la solicitud de antejuicio”.
