La intensa batalla judicial que se dio este domingo en torno a la posible liberación del ex presidente de Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva llegó a su fin, al menos por ahora.
Carlos Thompson Flores, presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) de Brasil, determinó que Lula da Silva debe permanecer recluido, poniendo fin a la disputa que durante el día tuvieron dos jueces de dicha corte.
Este tribunal fue el que en abril de este año condenó a Lula a 12 años de prisión, acusado de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso Lava Jato.
El ex mandatario sigue manteniendo su inocencia.
En la tarde del domingo, Rogerio Favreto, el juez que estaba de turno en el TRF-4 de Brasil, concedió un “habeas corpus” a Lula y ordenó la liberación inmediata del ex presidente, quien está recluido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba, Brasil.
Favreto consideró que al estar privado de libertad, a Lula se le está impidiendo ejercer sus derechos como precandidato a la presidencia de Brasil en las elecciones que tendrán lugar en octubre.
La orden de Favreto, sin embargo, fue bloqueada pocas horas después por João Gebran Neto, otro juez del TRF-4 que a su vez es instructor del caso Lava Jato.
Gebran Neto ordenó a la policía y a las autoridades que no tomaran ninguna acción, por lo que Lula debía permanecer recluido.
El pulso jurídico continuó horas más tarde, cuando, ante el bloqueo de Gebran Neto, el juez Favreto insistió en la libertad del ex presidente.
La contienda entre ambos jueces causó incertidumbre, e incluso decenas de simpatizantes de Lula llegaron hasta el lugar donde está recluido ante la expectativa de que fuera liberado.
A pesar de la última orden, la Policía Federal de Brasil no actuó debido a la contradicción entre ambos jueces.
Para saldar la polémica, fue necesaria la intervención de Carlos Thompson Flores, presidente del TRF-4.
Thompson Flores consideró que la decisión sobre la libertad de Lula es competencia del instructor del caso Lava Jato (Gebran Neto) y no del juez de turno (Favreto).
Por lo que el líder de izquierda permanecerá en la sede donde está recluido.
El caso Lula
En 2014, la fiscalía brasileña comenzó a investigar ciertas acusaciones de que los ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras habían aceptado sobornos a cambio de adjudicar contratos a empresas de construcción.
La investigación descubrió una gran red de corrupción que involucraba a políticos de alto nivel de un amplio espectro de partidos que recibían sobornos.
Fue así como el propio Lula fue condenado por recibir un apartamento frente a la playa, renovado por valor de unos 1,1 millones de dólares, como un soborno de la firma de ingeniería OAS.
La defensa del ex mandatario, por su parte, asegura que la propiedad del departamento nunca se probó y que la sentencia se basa en gran medida en la palabra de otro alto cargo condenado por corrupción.
A pesar de su situación judicial, Lula da Silva ha mantenido en pie su candidatura a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de octubre.
Lula lidera todas las encuestas, a pesar de su arresto y de que se encuentra virtualmente inhabilitado debido a que la ley electoral impide que condenados en segunda se postulen a cualquier cargo electivo.
El 7 de abril, horas antes de que se entregara a la justicia tras casi 48 horas de resistencia, Lula da Silva se dirigió a sus seguidores, con un discurso en el que aseguró: «Sepan que no tengo miedo, que no voy a huir (…) sepan que probaré mi inocencia».
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