Luego de una redada realizada por autoridades colombianas el lunes en la madrugada, en cinco localidades de Bogotá 59 venezolanos fueron detenidos y posteriormente expulsados del país.
El grupo de inmigrantes fue acusado de generar violencia y participar en saqueos en la capital colombiana, con ocasión de la una ola de protestas sin precedentes contra el gobierno del presidente Iván Duque.
Este evento está lejos de ser un caso aislado: no es la primera vez que un gobierno latinoamericano detiene a ciudadanos de nacionalidad venezolana por estar presuntamente vinculados con las violentas protestas que actualmente sacuden gran parte de Suramérica.
En octubre, el gobierno de Ecuador detuvo en Quito a 17 extranjeros, la mayoría venezolanos, por tener presuntamente información sobre los traslados del presidente Lenin Moreno, quien días antes había denunciado que «el sátrapa de Maduro había activado, junto con Correa, su plan de desestabilización«, con ocasión de las protestas masivas en contra de la eliminación al subsidio de los combustibles.
Las autoridades bolivianas anunciaron el 15 de noviembre que detuvieron a 9 ciudadanos venezolanos «cuando intentaban abandonar» el país. Los acusaron de participar en «actos de sedición» de grupos presuntamente vinculados al ex presidente Evo Morales.
Y un par de días después, en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera expulsó a 9 venezolanos por haber participado presuntamente en actividades violentas en los intensos disturbios que sacudieron el país austral, después de que el presidente anunció un aumento del costo de los pasajes del Metro de Santiago.
Todos estos casos tienen dos factores comunes: involucran a ciudadanos venezolanos y a todos se les vincula con las protestas.
Para Lucía Ramírez Bolívar, abogada colombiana especialista en Derecho Constitucional, Migración y Venezuela, el fenómeno de la xenofobia hacia los venezolanos es reciente y se ha acentuado en Colombia, y otros países latinoamericanos, con la llegada de un mayor número de personas «en situación de vulnerabilidad» que se ha incrementado en los últimos años.
«Muchos tienen que recurrir al trabajo informal o a la mendicidad porque encuentran dificultades para autosostenerse. Como este tipo de inmigración es un poco más visible en comunidades que ya son vulnerables, se presenta una lucha por recursos y por eso se ha vuelto cada vez más común echarles la culpa por las cosas que pasan», le dice a BBC Mundo.
«Venecos» se volvió tendencia en las redes
Pero este comportamiento no proviene solamente del ciudadano de a pie. Según Ramírez, los medios de comunicación colombianos han impulsado «una campaña de desinformación» que fomenta la xenofobia y la reciente expulsión de venezolanos de territorio colombiano no hace más que acentuar la problemática.
«Mensajes enviados vía WhatsApp sobre la participación de venezolanos en hechos de vandalismo y saqueos se volvieron virales en Colombia, y los medios nacionales reprodujeron esa información sin verificarla», denuncia la abogada, que asegura haber recibido varias cadenas de textos y hasta videos.
Los mensajes de odio en la red social Twitter eran tantos, que los hashtags #venezolanos y #venecos se convirtieron tendencia en Bogotá.
Por muchos años, Venezuela y su proyecto socialista han sido temas recurrentes en las campañas electorales latinoamericanas. Pero más recientemente los migrantes venezolanos han entrado en el debate político e incluso en algunos países se han convertido en uno de los temas principales.
A pesar de que los partidos políticos colombianos firmaron un acuerdo para que los candidatos a las elecciones regionales no emplearan un lenguaje o prácticas que incitaran el odio hacia los migrantes del vecino país, hubo casos en los que aspirantes a las alcaldías los vincularon con los problemas de inseguridad que persisten en Colombia.
La «instrumentalización» de la inmigración venezolana
Luis Eduardo Castro, quien aspiraba a la alcaldía de la ciudad colombiana de Yopal, prometió en su campaña «deportar inmediatamente» a los venezolanos que incumplieran la ley.
«El punto es muy simple: venezolano que se quede en Yopal tiene que estar sujeto a la ley», aseguró en una entrevista al diario colombiano El Tiempo, e insistió en que «no todos son malos».
Un par de semanas más tarde, Castro fue elegido alcalde de la localidad, capital del departamento de Casanare, en el este del país.
Para la abogada especialista en migración, en la política latinoamericana existe una «instrumentalización» de la migración venezolana que según ella hace que se propague la xenofobia. «Es un discurso que viene de algunos sectores políticos, de los medios de comunicación y también de una parte de la ciudadanía», insiste.
Carlos Vilma, un político colombo-venezolano ex candidato al Concejo de Bogotá, apoya la idea de que algunos sectores han estado utilizando a los venezolanos como chivos expiatorios, pero también cree que hay un pequeño grupo de venezolanos «infiltrados por la dictadura venezolana» que busca desestabilizar al gobierno colombiano.
«Quieren generar caos en la ciudad para que los cuerpos de seguridad intervengan y ocurran enfrentamientos. Cuando esto pasa, la izquierda colombiana puede decir que el Estado está violando los derechos humanos y castigando a nuestra población».
Vilma, además, denuncia que este patrón se ha seguido en otros países latinoamericanos. «En Chile sin duda está pasando. No solamente utilizando venezolanos, sino también cubanos. Y en Bolivia pasó lo mismo, con la diferencia de que allá hay muchos cubanos infiltrados con la excusa de que son médicos comunitarios».
La xenofobia también viene de la clase política
El argumento de una presunta participación del gobierno de Venezuela en las protestas, que se han reproducido en gran parte del subcontinente, también ha venido de altos funcionarios políticos.
En un discurso ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante el organismo, aseguró que la migración venezolana se trataba de una «estrategia fríamente calculada para irradiar el socialismo en la región», una polémica declaración que fue ampliamente rechazada por autoridades internacionales.
El éxodo venezolano ya se calcula en más de 4 millones de personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Su portavoz para la situación venezolana, Olga Sarrado Mur, ve con preocupación el aumento de las expresiones de xenofobia y de discriminación en contra de la población inmigrante proveniente de Venezuela.
«En los últimos meses hemos visto distintos picos. Hubo momentos en que los ataques fueron más frecuentes en Ecuador, otros en los que estuvieron más presentes en Perú… pero, sin duda, hemos visto un incremento que nos preocupa porque el señalamiento generalizado hacia venezolanos y su vinculación con ciertos actos de violencia pueden poner en riesgo su seguridad», explica.
En diálogo con BBC Mundo, la representante de la Acnur recuerda la importancia de no generalizar y recalca que la responsabilidad de una persona ante hechos violentos es individual y no está ligada a su nacionalidad.
«Lo que sí es importante es que a toda persona detenida se le garantice el debido proceso», agrega.
Eduardo es uno de los miles de venezolanos que decidió abandonar Caracas para instalarse en Quito. El joven, que reside en Ecuador desde hace tres años, pidió no ser identificado porque «aquí al que vean hablando mal ya lo quieren linchar».
Afirma haber sido testigo del incremento de la xenofobia en Ecuador, país que ya cuenta con alrededor de 300.000 venezolanos, según cálculos del gobierno del país suramericano.
«Es mis primeros dos años nunca escuché ningún comentario negativo, pero recientemente el odio hacia nosotros ha aumentado significativamente. En la escuela de mi sobrina, la profesora le dice abiertamente a sus alumnos que ella no está de acuerdo con que haya tantos venezolanos en el país», denuncia.
A pesar de los ataques hacia los venezolanos que Eduardo ha presenciado en carne propia, asegura estar feliz con su vida en Ecuador y no tiene planes para regresarse a Venezuela.
Un déjà vu
Gonzalo Oliveros, magistrado designado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y ahora refugiado en Colombia, asegura respetar, pero no compartir la política del gobierno colombiano de «extranjero que cometa delitos se le deporta».
Los venezolanos, en su opinión, deberían ser juzgados para que sean los tribunales los que determinen si son culpables o no. «Solo después de un debido juicio y luego de que se demuestre su culpabilidad, el extranjero puede ser deportado».
El magistrado ve «como un déjà vu» la xenofobia actual hacia los venezolanos en Colombia. «En Venezuela, nosotros aprendimos y logramos integrar a todos los migrantes que llegaron. Colombia no está acostumbrada a recibir inmigrantes y está aprendiendo con nosotros».
El colombo-venezolano Carlos Vielma ve ciertas similitudes entre la creciente actitud antivenezolana por ciertos sectores en Colombia y la Venezuela de hace 30 años.
«Anteriormente los colombianos eran en cierto modo los chivos expiatorios de los venezolanos. Yo tengo 37 años de edad y toda mi vida escuché que los culpables de la delincuencia en Venezuela eran los colombianos».
Pero ahora los papeles parecen haberse invertido. El ahora bogotano considera que actualmente son los venezolanos los que se han convertido en los chivos expiatorios predilectos por la clase política latinoamericana e incluso ciertos sectores de su sociedad: «Es más fácil echarles la culpa».
«Pero creo que en Latinoamérica debemos estar conscientes de que en todos nuestros países existe delincuencia propia y que los venezolanos que causan problemas son una ínfima parte de la población total», concluye.