La diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano expresó este martes que le parece «inaudito» que el presidente Nicolás Maduro en un país donde no hay recursos para alimentos, pero sí para armar a la Milicia Bolivariana.
«No hay dinero para comprar comida, ha decidido gastar en la compra de 500.000 fusiles para repartirlos a civiles.Eso demuestra donde están las prioridades de Nicolás Maduro», aseveró. »Hay un solo responsable de que esas personas estén matando gente en la calle y estén amedrentando a venezolanos».
Solórzano expresó que el gobierno desea eludir su responsabilidad en «un tema tan grave» como es la política de Estado de armar a colectivos paramilitares para cometer crímenes políticos en complicidad con la Fuerza Armada Nacional y sobre los casos de persecución e intimidación directa contra el Parlamento y sus miembros, tercer punto del orden del día de la sesión ordinaria.
«Según el artículo 324 de la Constitución, el monopolio del uso, distribución, importación, compra y venta de armamento en Venezuela lo tiene el Estado a través de la Fuerza Armada Nacional. Queremos que nos expliquen cómo llegan las armas que le pertenecen al gobierno a los colectivos paramilitares», exigió la parlamentaria.
Mencionó que la según la Ley Desarme al gobierno le corresponde al gobierno desarmar a civiles que tengan armas de fuego de circulación ilegal y que; sin embargo, el presidente había entregado armas a civiles, las cuales han parado a manos de paramilitares que han desvirtuado la razón inicial por la cual fueron creados al inicio del gobierno de Hugo Chávez».
Recordó que históricamente no es la primera vez que se usan colectivos para amedrentar a la población y que la conclusión a la que se ha llegado es que el respectivo gobierno es responsable de ello y que deben ser juzgados en la Corte Internacional de Justicia. Puso como ejemplos Panamá, Haití, Italia, Alemania y Colombia, país cuyo el caso de paramilitarismo está siendo actualmente presentado ante Corte Internacional en La Haya.
Por último habló de la represión presentada en las protestas, de la cual hasta la misma fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hizo referencia este martes.
«Se presentaron 1289 detenidos, de los cuales más de 400 han sido golpeados por las autoridades y con las cuales las actas policiales no cumplen con los procesos de detención», concluyó.