En una sentida sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, celebrada este martes en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, los diputados condenaron la actuación de los organismos de seguridad del Estado, que, por órdenes de Nicolás Maduro, «violan abiertamente el Estado de derecho y las más elementales normas de los derechos humanos».
En un debate con motivo del «asesinato, por parte del régimen usurpador» del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo (dicho debate se alargó por dos horas), el cuerpo legislativo repudió el hecho, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; crímenes de los que, denuncian, fue víctima el militar y sufren cerca de 700 presos políticos.
El funcionario castrense, de 50 años de edad, quien fue ascendido a capitán de fragata por el presidente interino Juan Guaidó mediante un decreto presidencial firmado en plenaria, falleció este 29 de junio en la madrugada en el hospitalito, en Fuerte Tiuna, adonde fue trasladado desde el Tribunal Militar III de Control debido a la crítica situación en la que se encontraba, pues presentaba evidentes signos de tortura. El hecho ocurrió ocho días después de que fuera detenido, junto a otros cuatro militares y dos comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por estar presuntamente involucrado en una conspiración para atentar en contra de la vida del gobernante chavista.
Los 102 parlamentarios presentes en la Cámara acordaron solicitar al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la conformación de una comisión internacional imparcial e independiente para investigar las denuncias de torturas y el fallecimiento de Acosta Arévalo, que incluya la realización de un examen forense, conforme al Protocolo de Minnesota. Además, de exigir a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos la aplicación del Protocolo de Estambul para los presos políticos, especialmente los que se encuentran en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, instancia en la que estuvo recluido el capitán.
El Legislativo aprobó, a través de un acuerdo, solicitar a los dos oficiales designados en el país por la alta comisionada, Michelle Bachelet, y a la Cruz Roja Internacional que verifiquen las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos por razones políticas.
«Exigimos constatar el estado de salud de los otros funcionarios detenidos. ¿O es que también los van a asesinar?», cuestionó el mandatario interino durante su intervención, para concluir el debate.
Pidió que se aclare el caso hasta dar con todos los responsables materiales e intelectuales: «¿Quién dio la orden de asesinar, torturado, a un capitán de corbeta? No es un ciudadano, Diosdado. Es un capitán, es un militar que sirvió en la Fuerza Armada».
Le exigió al subdirector de la Dgcim, general Rafael Blanco Marrero, que revele la cadena de mando en este caso y ratificó su llamado a los militares de ponerse del lado de la Constitución, al considerar que «ahora son sus compañeros de armas que desde las tumbas se lo piden».
Agregó: «¿No van a proteger ni a sus compañeros de armas, ni a la familia militar, a la familia de torturados y presos a los que instigan, a los sargentos de Cotiza, a los militares que hoy abiertamente expresan el descontento por la situación?».
Dennis Fernández, presidente de la Comisión de Política Interior, empezó el debate afirmando que el fallecimiento de Acosta Arévalo «es un alerta para continuar denunciando y luchando por los derechos humanos», debido a que no puede ser en vano la pérdida de la vida de ningún ser humano.
Aseguró que desde el Parlamento continuarán luchando por la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos: «Nos negamos a formar parte de una estadística. Por eso exigimos justicia, que venga una delegación de la alta comisionada y se instale una oficina para que exista verdadera imparcialidad en el reclamo de la justicia».
A instancias de la parlamentaria de Acción Democrática, a las 12:14 p. m. la plenaria rindió un minuto de aplausos al capitán y a todos los presos políticos: «Un aplauso que tiene que oír el mundo, para que sepa que hay una Asamblea al lado del cuerpo militar honorable del país».
La junta directiva del Legislativo otorgó el derecho de palabra a familiares de militares detenidos, quienes relataron las torturas, los tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos.
«Se los llevan sin órdenes de aprehensión, en detenciones arbitrarias, muchas veces engañados y después los torturan. Asfixia mecánica por bolsa, ahorcamiento, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas, colgamientos, cortes en las plantas de los pies. No es una sola tortura la que aplican, son todas», denunció Keila Flores, esposa del militar Ruperto Molina, recluido en la Dgcim.
Señaló que los reclusos de Ramo Verde, el Sebin y la Dgcim padecen enfermedades a causa de las torturas de las que son víctimas: «Cada vez son más crueles y despiadadas las torturas, logrando, como ha quedado evidenciado, hasta la muerte».
Ante esta situación, pidió en nombre de todos los presos políticos y sus familiares la intervención de «los centros de torturas», el cese de estas prácticas y el cierre de la Dgcim, el Sebin y Ramo Verde.
Zaira Angarita, madre del teniente de fragata Gustavo Enrique Carrero Angarita, detenido en Ramo Verde, denunció que de los 381 días que lleva su hijo privado de libertad, pasó 10 meses en la Dgcim donde «sufrió las torturas más terribles que este régimen podría infligirle».
«Estuvo en celdas de 2×2, junto a varios detenidos, expuestos a hacer sus necesidades en bolsas plásticas por una y 2 semanas, cuando al custodio le daba el placer de llevarse el excremento. Sufrió torturas psicológicas. Sin sentir la luz solar, permanecen con luz encendida en espacios blancos, sin saber la hora, si es de día o de noche», agregó.
Pidió a la plenaria acciones contundentes en contra de las violaciones de derechos humanos y el fallecimiento del capitán de corbeta: »Esto que le sucedió al capitán le puede suceder a cualquiera. No somos un número para las estadísticas, nuestros presos políticos son el rostro de todos los políticos y presos que tiene Venezuela».
Delsa Solórzano, presidente de la Comisión especial de Justicia y Paz, criticó que la alta comisionada felicitara el inicio de una investigación del caso por parte del Ministerio Público, presidido por Tarek William Saab: «William Saab tiene una ficha técnica de militante en la página del PSUV. ¿Ese funcionario es al que usted felicita por la apertura de una investigación? Aquí no hay autoridad. Aquí el único ente libre, democrático, constitucional e institucional es la AN».
Además, cuestionó la autoridad del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien en medio de la detención de los militares, afirmó que los tenía «a buen resguardo de las autoridades».
«Usted no es autoridad judicial, ¿cómo es que usted tenía a buen resguardo? No sé a nombre de quién habla cuando es un caso de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y asesinato», dijo.
Insistió en que la investigación se debe realizar acorde con los parámetros internacionales para que se garantice la imparcialidad, para dar con todos los responsables, incluidos los funcionarios que vistieron a Acosta Arévalo y lo llevaron en silla de ruedas a la audiencia, al, los fiscales y los funcionarios que lo detuvieron: «Aquí hay muchos culpables que están en la calle, y deberían estar en prisión».
José Luis Pirieli, de la Fracción 16 de Julio, afirmó durante su intervención, la cual se vio afectada por un corte eléctrico, que la muerte de Acosta Arévalo es «el desarrollo de una política terrorista de Estado» que tuvo el propósito de «enviar un mensaje intimidatorio a toda la Fuerza Armada», dado que el capitán representaba «la inconformidad, el reclamo de reservas morales y a las tropas que se quejan de hambre».
Afirmó que la acusación en contra de dos militares por la muerte del capitán se hizo con el objetivo de «lavarse las manos ante una acción vil», pero que los verdaderos responsables son el director del Dgcim, el general Iván Hernández Dala; y el mayor Alexander Blanco Arteaga, que participó en la Masacre de El Junquito y el asesinato de Óscar Pérez.
Durante el desarrollo de la sesión, los legisladores repudiaron el ataque de un funcionario de seguridad en contra de Rufus Chacón, un joven de 16 años que perdió la vista tras recibir disparos de perdigones en una protesta en el estado Táchira este lunes, debido a la escasez de gas.
Al culminar el debate, los legisladores también acordaron exigir el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, «con todas las garantías y privilegios del trabajo correspondiente» y solicitar una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.