La Asamblea Nacional pidió este martes a la delegación que la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejó instalada en Caracas, que constate las condiciones de detención y la salud de los presos políticos del país, luego de la muerte de un militar arrestado.
Tras un debate en el que fue condenada la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro y era investigado por conspiración, el Parlamento pidió que garanticen el acceso a familiares y abogados defensores de los detenidos.
Asimismo, reiteró la petición a Bachelet de una investigación independiente e imparcial sobre la muerte y las supuestas torturas que habría sufrido el capitán durante su detención en la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el pasado 21 de junio.
Esa investigación, señala el acuerdo, debe incluir la realización de un examen forense independiente.
En ese sentido, el ente pide la aplicación del Protocolo de Estambul, un manual para la investigación efectiva y documentación de la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, en virtud de que los ciudadanos detenidos en la Dgcim han sido víctimas de torturas.
La oposición en el Parlamento, además de hacer estas exigencias, se mostró crítica con el pronunciamiento que hizo Bachelet sobre la muerte del capitán, pues algunos de los diputados, como Dennis Fernández, consideraron que debió ser más fuerte.
Los diputados acordaron, a su vez, pedir una visita «in loco» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reiterada violación de estas garantías fundamentales, y que sea verificada por el panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos.
La muerte del capitán de corbeta ha generado denuncias contra el régimen de Maduro, que este sábado 29 de junio pidió una investigación sobre lo sucedido con el militar.