Ninguno de los 54 diputados del Gran Polo Patriótico consideró relevante participar ayer en el debate de la Asamblea Nacional, pese a tratarse sobre el mecanismo propuesto por Nicolás Maduro para suprimir el «legado político» más importante de Hugo Chávez. Los diputados oficialistas no defendieron las razones que justifican la iniciativa ni explicaron a sus electores los argumentos oficiales para que las bases electorales de la consulta no sean sometidas a votación o para que se sustituya la votación directa por una votación de segundo grado.
Ante tal ausencia, el bloque de la Unidad aprobó por unanimidad un acuerdo en rechazo a la convocatoria a una constituyente y acusó a Maduro de «usurpar el poder del pueblo de Venezuela, depositario del poder constituyente originario, al violar flagrantemente los artículos 5 y 347 de la Constitución». Los diputados exigieron a los demás órganos del poder público «abstenerse de avalar la convocatoria» e instaron a la Fuerza Armada a plegarse al artículo 333 que ordena a todo ciudadano investido o no de autoridad a defender la Constitución.
El proponente del documento, Juan Matheus (PJ), advirtió que la decisión de Maduro tiene como propósito renmarcar su ejercicio del poder dentro de tres aristas: «Aislamiento internacional, aumento desmedido de la represión incluso hasta la muerte y convertir a Venezuela en un país sin Constitución. No es la primera vez que un dictador quiere hacerle ver al pueblo que el problema no es la dictadura sino la Constitución».
Los diputados hicieron énfasis en la diferencia entre iniciativa constituyente y convocatoria a una constituyente; y la conformación, el modo de elección y las bases electorales.
«El gobierno inventa unas elecciones corporativas porque sabe que unas elecciones universales no las ganaría. Si la Constitución no dice de manera expresa que el proponente puede sentar las bases de la elección, entonces el proponente no puede hacerlo. ¿Cómo es que en 1999 se sometió a consulta de la población las bases electorales y ahora no?», apuntó Henry Ramos (AD).
El primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara (VP), ratificó que la propuesta presidencial es un fraude a la Constitución que ningún venezolano debe secundar: «Esto no es una constituyente. En el mejor de los casos es un congreso de la patria. Es un esquema fraudulento donde el pueblo no decide qué es el Estado sino que el Estado decide quién es el pueblo».
El acuerdo será remitido a las embajadas, organismos multilaterales y entes públicos.
Aunque los diputados del GPP no acudieron, momentos antes del inicio de la plenaria se vivieron momentos de tensión cuando unas cien personas dirigidas por el concejal pesuvista Nahum Fernández marcharon alrededor de la AN y gritaron consignas contra sus miembros, y en apoyo a la constituyente. El estallido de un cohetón lanzado hacia el jardín del Palacio puso en alerta a los parlamentarios, pero no pasó a mayores.
OEA. La plenaria también aprobó un acuerdo que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la decisión del Ejecutivo de denunciar la Carta de la OEA y retirar al país del organismo. Luis Emilio Rondón (UNT) instó a que la discusión sea pública y que el país decida, como ocurrió en Gran Bretaña con la salida de la Unión Europea, si se retira o permanece en la OEA. El acuerdo aprobado autoriza a la junta directiva a remitir comunicaciones al secretario general de la OEA, al presidente del Consejo Permanente y a todos sus miembros, explicando la posición de la AN al respecto y denunciando la nulidad de la decisión gubernamental.
Violencia y defensor. Los diputados de la oposición escucharon el relato del joven Osniel Orozco, residente de la urbanización Sucre de Barquisimeto, Lara, que el 26 de abril fue brutalmente asediada por una actuación combinada de la GNB y civiles armados presuntamente progobierno. El acuerdo aprobado autoriza al presidente de la AN, Julio Borges (PJ), a solicitar al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que visite el país para constatar las violaciones cometidas por el Estado.
En el último punto del orden se acordó que la comisión creada la semana pasada para investigar la conducta y la gestión del defensor del pueblo, Tarek William Saab, al que acusaron de «acudir a vías de hecho, a fin de bloquear los cauces constitucionales» para canalizar la calificación de falta grave de los magistrados del TSJ.
El Dato
La oposición, a través del diputado Carlos Paparoni (PJ), anunció que la Mesa de la Unidad convocó para hoy a una movilización en todo el país «en contra del intento de desintegrar la república». En Caracas el llamado es a concentrarse en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo a las 10:00 am y ahí se anunciará el destino de la movilización.