La Asamblea Nacional acordó declarar en emergencia humanitaria al sector educativo y exigió al gobierno cumplir su deber constitucional de garantizar una educación de calidad.
“El año escolar se inició con una gran incertidumbre; no sabemos cuántos jóvenes van a continuar sus estudios debido a la crisis económica que nos está afectando a todos por igual”, dijo la diputada de la Unidad Bolivia Suárez en la sesión ordinaria del Parlamento.
Aseguró que el Ejecutivo les niega a los jóvenes la posibilidad de progresar “cuando no les permite graduarse como profesionales exitosos”, y afirmó que “el gobierno tiene como objetivo formar analfabetas y no profesionales”.
Recordó que la educación es un derecho establecido en la Constitución y que el Estado tiene la obligación de garantizar educación de calidad. “Vemos que eso no se está haciendo y, por el contrario, se viola el derecho que tienen nuestros estudiantes desde preescolar hasta la universidad”.
La parlamentaria también dijo que la falta de alimentación es una de las principales razones por las cuales se debe declarar la emergencia humanitaria en el sector educativo. “Nuestros niños están pasando hambre porque a sus padres no les alcanza el salario para darles una buena alimentación. Los estudiantes que asisten a clases y no han comido tienen muchas dificultades para adquirir conocimientos”.
La educadora Raquel Figueroa, presente en la sesión, añadió que el año escolar empezó con una asistencia de entre 10% y 15%: “La más baja que se ha registrado en el país en estos últimos años”.
Suarez aseguró que la poca afluencia se debe a que muchos jóvenes han dejado los estudios. “Esta es una deserción inducida, los muchachos se van porque no están dadas las condiciones para continuar su formación académica”.
Los docentes, agregó, también abandonan las instituciones educativas. “Este es un fenómeno nunca antes visto en la historia de nuestro país. Observamos como los profesores desertan porque sus sueldos no les alcanza para llevar una mejor calidad de vida”.
Figueroa se refirió a la situación que viven educadores y estudiantes en cuanto al transporte. «Mientras Maduro se traslada de un sitio a otro en avión, los educadores lo hacen en perreras y el pasaje estudiantil no se cumple debido a la crisis del transporte público”.
Suarez denunció que las instituciones educativas carecen de servicios básicos. “No hubo mantenimiento en ninguna de las escuelas. Muchas están sin agua, no hay bebederos, los baños no funcionan, no hay luz, no hay material de laboratorio, eso ha desaparecido de nuestro sistema educativo”.
La profesora Estefany Guerra destacó que “la educación universitaria es uno de los sectores de la vida republicana con mayor complejidad, de ella depende el desarrollo nacional y la posibilidad de bienestar para la población, pero el gobierno ha llevado a la universidad al colapso”.
Afirmó que hay un cerco presupuestario a las universidades y la desvalorización del trabajo académico que genera el éxodo.
Hidrocarburos. En la sesión, el Parlamento aprobó un acuerdo de rechazo a los contratos de servicios suscritos por Pdvsa, los cuales permiten que empresas privadas operen en actividades primarias de hidrocarburos.
En el documento, la Asamblea Nacional declara nulos los convenios en los que intervengan compañías privadas para realizar actividades de exploración, explotación, extracción, transporte y almacenamiento inicial de los yacimientos de hidrocarburos, que no sean aprobados por el Poder Legislativo.
“Todo contrato de servicio que entregue actividades primarias a empresas privadas está fuera de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, subrayó el diputado Jorge Millán.
El Poder Legislativo también aprobó la Ley de calabozos policiales, la cual tiene como objetivo establecer normas para regular el funcionamiento de las celdas policiales en todo el territorio nacional.