Mediante la aprobación de un acuerdo, la Asamblea Nacional anuló el decreto número 3610 Extraordinario, publicado en la Gaceta Oficial del 10 de septiembre, con el cual se declaró Estado Emergencia Económica.
Durante la primera sesión ordinaria del segundo período, en el texto del acuerdo el Parlamento rechazó “la política sistemática de Maduro de intentar gobernar y ejecutar medidas económicas a través de poderes excepcionales”.
El diputado y secretario nacional de Primero Justicia, Juan Miguel Matheus, señaló que el decreto pretende autorizar la creación de subsidios directos a sectores sociales vulnerables y la implementación de mecanismos tecnológicos de registro, identificación y verificación en la aplicación de subsidios. “El gobierno aspira a legitimar e incrementar mecanismos de control social que lesionan los derechos humanos de los ciudadanos”.
Reiteró que el artículo 339 de la Constitución establece: “La Asamblea Nacional es el órgano competente para aprobar o desaprobar los decretos de estado de excepción emanados del Poder Ejecutivo, tratándose de un control político y de oportunidad que condiciona la validez de dichos decretos”.
Rechazó que mediante la norma se otorgue al Ejecutivo la potestad de dictar decretos sin sometimiento a otros poderes públicos que autoricen operaciones de crédito público.
La Cámara Legislativa también aprobó un acuerdo contra la violación de los derechos y contratación colectiva de los trabajadores venezolanos, con el que fueron anuladas las medidas dictadas por el Ejecutivo en el decreto número 3601 Extraordinario, publicado en la Gaceta Oficial del 31 de agosto.
El diputado Francisco Sucre afirmó que la norma viola lo establecido en el artículo 89 de la Constitución, que dicta: “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”, y agregó que el gobierno pretende, mediante un decreto, legislar sobre la materia laboral que es competencia de la Asamblea Nacional.
El parlamentario aseguró que con lo estipulado en el decreto número 3601 el Ejecutivo desconoce “las cláusulas obligatorias establecidas en contrataciones colectivas sobre los tabuladores salariales y la descripción de los cargos”.