El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre un brote de tuberculosis y hepatitis en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
La ONG comunicó que familiares de las reclusas reportaron esta situación ante la propagación de las enfermedades.
«Las presas son obligadas a usar tapabocas, pero no se los proporcionan y ellas mismas deben buscar la forma de protegerse», dice el comunicado de prensa.
El ente recordó que en este centro hay recluidas unas 655 privadas de libertad, aunque la capacidad instalada es para 400 mujeres. Esto mantiene el penal en un «hacinamiento crítico».
«Desde OVP hacemos un llamado al Ministerio de Servicios Penitenciarios para que brinden atención médica oportuna y preventiva a esta población penal. Así como también al personal penitenciario».
Agregan que «el objetivo es evitar la propagación de enfermedades contagiosas que incluso puedan afectar a los familiares y las comunidades aledañas», apuntó la ONG.
El pasado 23 de marzo esta organización presentó su informe anual. En el se reveló que la desnutrición y la tuberculosis son las «primeras causas de muerte» en las cárceles de Venezuela.
En el 2022 fallecieron 76 presos, 55 de ellos «por hambre y falta de atención médica». De acuerdo con el estudio, 2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por salud en cárceles, calculado en un 72,37%.
A esta cifra se suman los decesos en calabozos de detención preventiva, donde el OVP computó 53 muertes, 27 de ellas “por condiciones de salud”.
Hacinamiento y condiciones precarias
El observatorio afirma que el hacinamiento en las cárceles es de 64,19%. El encierro genera la proliferación de patologías como la tuberculosis, neumonía, hepatitis, paludismo y otras enfermedades cardiovasculares.
“El abandono de las personas privadas de libertad y las precarias condiciones de reclusión en las que permanecen representa el mayor peligro a la salud. Las cárceles se han convertido en un nicho para la proliferación de enfermedades. En aumento van los casos donde la persona llega al lugar de reclusión en buen estado de salud y en el transcurso de la detención la misma va en detrimento”, subrayó.
El OVP insistió en que el Estado no desarrolló programas de control y asistencia para enfermedades comunes. Tampoco activó servicios de salud carcelaria con personal calificado, disponibilidad de medicamentos.
Tampoco atención y medios de traslado en casos de emergencia.
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