El grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Gtdfi) solicitó este miércoles al gobierno de Honduras crear una agencia especializada de búsqueda para dar respuesta a las familias ante la falta de políticas públicas para atender la temática.
«Estamos sugiriendo la creación de agencia especializada de búsqueda para salir de esta parálisis en la que esta temática», subrayó el Grupo de Trabajo, integrado por Aua Baldé, Grazyna Baranowska y Luciano Hazan, en una rueda de prensa.
La agencia debe tener «carácter interdisciplinario» y contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para «dar respuestas» a las familias de personas desaparecidas, dijo Hazan.
Tras concluir una visita a Honduras, el grupo de expertos señaló en el informe preliminar que la agencia también debe tener la capacidad de coordinarse con otras entidades similares de otros países, como El Salvador y México.
«La coordinación tiene que ver con la necesidad de dar respuestas a los migrantes y personas que desaparecen en el contexto de la movilidad humana», añadió.
Hizo hincapié en «el daño» que el paso del tiempo genera en los familiares de las personas desaparecidas, algo que requiere, dijo, de «esfuerzos inmediatos» para no seguir «demorando las respuestas».
Redoblar esfuerzos
La voluntad política de Honduras para abordar las desapariciones forzadas debe transformarse en «acciones concretas» y el país debe «redoblar sus esfuerzos» para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria», señala el documento leído por Baldé.
Aunque reconocen las «carencias y retos existentes» en materia de derechos humanos en Honduras, los expertos señalan «la desconfianza de las víctimas en un contexto de sistémica y prolongada impunidad» por las violaciones de sus derechos.
El grupo expresó su preocupación por «la impunidad casi total en los casos de desapariciones forzadas de las décadas de 1980 y 1990 cometidas en el contexto de la doctrina de seguridad nacional como por casos actuales».
Instó al gobierno hondureño a reconocer la desaparición forzada como un delito autónomo fuera del contexto de los crímenes de lesa humanidad y a establecer unidades de investigación, persecución penal y enjuiciamiento de este delito.
«Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas no sólo es esencial para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que también es clave para garantizar la no repetición de este crimen atroz», agrega el informe.
Honduras debe además crear un registro de todas las víctimas de desaparición forzada y una base de datos con los datos genéticos de sus familiares, así como investigar todas las denuncias relacionadas con personas desaparecidas, destaca.
Falta de respuesta
En su visita de diez días al país, el Grupo de Trabajo se reunió con familiares de personas desaparecidas víctimas del crimen organizado, conflictos por tierras o migración irregular.
«Fuimos testigos de su angustia y sufrimiento ante la falta de respuesta o investigación por parte de las autoridades estatales», señalan los expertos, tras recordar «la emblemática desaparición» en 2020 de cuatro miembros de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz.
Los expertos visitaron estos días Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela, en el centro, norte y Caribe de Honduras, donde los familiares de las víctimas expresaron «la escasa atención y respuesta» por parte de las autoridades, lo que les deja «solos en sus esfuerzos de búsqueda».
Señalaron la importancia de investigar de forma independiente todos los elementos de estos crímenes, incluyendo la posible implicación de funcionarios públicos.
La desaparición de migrantes es un problema mundial que afecta «gravemente» a Honduras y a la región centroamericana, precisa el documento del Grupo de Trabajo. Exhortó al Estado a intensificar la cooperación con otros países para garantizar que las familias de las víctimas reciban información sobre la búsqueda de sus seres queridos».
Las observaciones finales de los expertos serán presentadas al Consejo de Derechos Humanos en septiembre próximo.
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