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Hace tres años, el 25 de marzo de 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia de covid-19, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) -sin orden de aprehensión y de manera abrupta- allanaron mi residencia, en La Asunción, estado Nueva Esparta, y me llevaron detenido. El hecho tuvo un terrible impacto psicológico sobre mi hijo adolescente y mis padres, ambos casi octogenarios en aquel entonces. Mi «delito»: lo que ellos llaman en una inconstitucional ley para detener a sectores de oposición «instigación al odio».
Mi detención fue reseñada de inmediato por todos los medios del país y también a nivel internacional. Distintas organizaciones de derechos humanos como Provea en Venezuela y Human Rights Watch condenaron semejante barbarie en mi contra. Al ser del conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la entonces coordinadora de ese despacho, Michelle Bachelet, colocó mi nombre en la lista de los presos políticos.
En esa detención fui llevado desde la isla de Margarita hasta la sede de la Dgcim en Caracas, lejos de mi familia. Me mantuvieron aislado en una celda de castigo por 26 días consecutivos -la mayoría de ellos en absoluta oscuridad- y los 3 primeros días sin agua ni comida, lo que originó una terrible convulsión -sufro de epilepsia y durante mi reclusión jamás me dieron los medicamentos que necesito-. Ellos pensaron que estaba fingiendo y me golpearon con un bate, lo que hizo que cayera en coma por varias horas. Gracias al Todopoderoso pude despertar de tal situación neurológica.
Tres meses después de estar en los sótanos de la Dgcim fui trasladado a la cárcel de El Rodeo junto con otro grupo de presos políticos, donde finalmente fui indultado por el presidente Nicolás Maduro en una lista de 101 presos políticos.
Tres años después de esos dolorosos hechos, la noche de este 28 de marzo nuevamente una comisión de fuerzas del Estado -policiales o de la Dgcim, aún por confirmar- se presentó en mi residencia, algunos con pasamontañas y portando sendas armas de guerra. Preguntaron al personal de vigilancia por mí y mi domicilio, pero no pudieron lograr su cometido porque no me encontraba en el lugar, ni me encuentro al momento de redactar estas líneas.
Desde que salí de la cárcel, a finales de 2020, he vivido una constante persecución en mi contra, al punto de que he perdido tres eventos académicos internacionales y un tratamiento especial para mi epilepsia en el exterior, que no pude recibir porque desde enero de 2022 me han negado la entrega de mi pasaporte, situación que reposa ante la ONU, en su oficina de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional.
Toda mi vida he sido una persona de bien, apegada a los más altos principios de moral y ética. Tengo tres pregrados universitarios, uno en administración y dos en educación. También una maestría y un doctorado en educación, cursados todos los estudios de pedagogía en la Universidad Nacional Abierta (UNA) , la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Mi tesis doctoral fue publicada en Europa, al igual que varias investigaciones, entre las cuales destacan, ponencias y artículos arbitrados por la Universidad de Shanghai y la Academia Nacional de Ciencias de Rusia, además de otras en Europa y América Latina.
Ignoro las razones de esta nueva búsqueda de organismos del Estado en mi contra, pero ante otra posible detención solo resta decirles que siempre tendré mi conciencia limpia. Nunca he tenido bienes de fortuna y, como la inmensa mayoría de venezolanos, he atravesado esta crisis con dificultades y penurias que hemos podido sobrellevar, fundamentalmente por buenos amigos que nos han tendido la mano sin esperar nada a cambio. A todos ellos les expreso mi eterna gratitud, sin saber en este momento si tal vez estas puedan ser las últimas líneas de mi vida.
Solo espero que Nicolás Maduro como presidente de la República y Tarek William Saab como fiscal general sean conscientes de que jamás he violado leyes y que todos mis reclamos por salarios dignos, lucha contra la corrupción, reclamo contra la ineficiencia y para que prevalezcan los derechos humanos, han sido en ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión, una garantía constitucional. Si eso es un «delito de odio», entonces, estamos ante la peor de la dictaduras contemporáneas y ante un régimen que ha destrozado la democracia y la Constitución.
Ojalá y haya sindéresis y tal búsqueda sea solo una falsa alarma de exceso de poder de algunos funcionarios. Por ahora, nuevamente gracias a todos. Los amo. Amo a Venezuela.
Es auténtico,
Dr. Javier Vivas Santana
Discapacitado e indultado como preso político en 2020
@vivassantanaj_
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