Por Equipo Editorial
Los recientes hechos que han develado una enorme y terrible corrupción en el seno de Petróleos de Venezuela, que además han mostrado cómo el actual gobierno ha crucificado el sentido de la moralidad y la ética, era un secreto a voces, pero que para lo más alto de Miraflores y las «autoridades judiciales» era un tema casi que de calumnia o infamia. Quien se atreviera a mencionarlo, y más aún, cualquiera que denunciara un hecho semejante, tenía que mostrar las «pruebas» ante los «honestos funcionarios», mientras el país moría de mengua como efecto de la destrucción salarial, la quiebra de los servicios públicos y, por supuesto, el anquilosamiento del Estado.
Debido a ello, no fue casualidad que 2023 haya comenzado con numerosas protestas y enormes concentraciones de educadores y trabajadores, todos víctimas de la depauperación salarial, con unos ingresos mensuales que apenas si alcanzan para dos o tres días de «alimentación», ante un gobierno que jamás ofrecía respuestas. Y no solo eso, llegó incluso a acusar a los manifestantes, fundamentalmente a los docentes, de ser desestabilizadores y «enemigos de la patria». No faltaron las amenazas con grupos armados si se atrevían a salir a la calle a exigir sus derechos laborales.
Con una realidad dinamitada socialmente por salarios que en el plano de la educación y el sector público en el mejor de los casos llegan a 20 dólares mensuales, y pensiones de apenas 130 bolívares -equivalentes a 5 dólares-, toda la estructura del actual régimen comenzó a colapsar no sólo en su función operativa, sino también en su concepción de valores. Era evidente que otros grupos, algunos de ellos uniformados o de «instituciones» para la documentación pública, optaron por la matraca, o en su defecto, dejarse llevar por el soborno como acción de sobrevivencia, lo cual también sepultó lo que era la quintaesencia de una nación.
Así que cuando queda develada la gigantesca corrupción de la industria petrolera, y que se ha visto adornada por periferias no menos corruptas de jueces y funcionarios que han sido diputados, gobernadores o alcaldes, nos queda decir que tenemos un «Estado» empobrecido en toda su condición axiológica, que con unos pocos enriquecidos en lo material de manera violatoria de la ley, llevaron a la mayoría de una población casi que al exterminio social. Y si a esto sumamos la emigración de más de 7 millones de venezolanos sería una contundente prueba para juzgar a cualquiera que se mostrara con riquezas desde el poder.
En tal sentido, la destrucción de las instituciones educativas en sus infraestructuras, donde la mayoría ni siquiera cuenta con instalaciones sanitarias, menos pedagógicas, en las cuales puertas y ventanas se convirtieron en espacios abiertos de forma permanente, junto con la desapareción del programa de alimentación escolar, pues también acabó con la carrera docente. A partir de un régimen que socavó la más importante industria del país, cuando unos degenerados de la política se robaron los ingresos para la educación y para un sistema de salud que ha tenido que resignarse a ver morir hasta niños, porque en las instituciones asistenciales no hay insumos médicos esenciales para garantizar la vida a los pacientes, menos si se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad biológica.
Que ahora aparezcan los protagonistas de esta vorágine tratando de aplacar el enorme descontento social con una supuesta «lucha contra la corrupción» no los exime de las funciones que tengan en el manejo de los dineros públicos, menos siendo corresponsables de la corrupción en todos los niveles del Estado. Son ellos quienes designan a los supuestos «representantes del pueblo» en todas sus extensiones jerárquicas y públicas al servicio de lo que deberían ser instituciones eficientes y sobre todo honestas y honradas.
La crisis educativa sin precedentes derivó en una crisis social de mayor envergadura, porque la moral, la ética y los valores fueron pulverizados por un «Estado» al servicio de las mafias. De hecho, ver que un exgobernador que ha sido detenido hasta ayer desfilaba con ametralladoras(1) para celebrar el «Día de la Juventud» revela lo asqueroso de quienes están gobernando, y precisamente con mínimo respeto por la educación y lo que deberían ser tales instituciones.
Finalmente, se comprueba que era mentira que no existían recursos para realizar mejoras salariales a la población, a educadores, enfermeras y médicos, y sobre todo las condiciones de los pensionados, porque el dinero simplemente era saqueado por la cúpula del poder. Los educadores estamos en la obligación de continuar con nuestra justa solicitud de reivindicación salarial y exigirle al moribundo gobierno de Nicolás Maduro que disponga el presupuesto esencial para el funcionamiento de planteles y hospitales. Lo demás, esperemos que la justicia, aunque sea tarde, sea aplicada contra quienes desbancaron a la nación en todos sus niveles de lo que una vez pudo llamarse «Estado».
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