Rosnell Carrasco, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que de ser declarados culpables por corrupción los altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro detenidos en las últimas horas podrían pasar entre 8 a 30 años en prisión.
Carrasco señaló en una entrevista a Román Lozinski que delitos de corrupción vinculados al manejo de dineros y bienes públicos no tienen beneficios procesales, y además no prescriben.
«Este tipo de delitos en materia de corrupción o contra patrimonio público pueden ser perseguidos siempre, y de acuerdo a la ley venezolana no tienen beneficios procesales, no es como en las películas americanas que los acusados llegan a acuerdos con los jueces y se les disminuye la pena, acá es diferente», expresó.
A lo que agregó que, dependiendo del grado de comisión del delito, la pena podría ir desde 8 a 30 años, que es la pena máxima porque son delitos graves.
Nicolás Maduro informó este lunes que ha «conducido personalmente» una serie de investigaciones, en conjunto con autoridades policiales, para «desmembrar» a las «mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores» de la economía, política y Poder Judicial.
Hasta ahora, las autoridades han detenido a 19 altos funcionarios, presuntamente vinculados con hechos de corrupción, de los cuales se conoce la identidad de cinco, entre ellos del exjefe de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez y el diputado oficialista Hugbel Roa, además de dos jueces y un alcalde chavista.
Inmunidad parlamentaria
La Asamblea Nacional electa en 2020 levantó este martes la inmunidad al diputado chavista Roa para que sea sometido a un juicio por corrupción en tribunales ordinarios.
La medida fue aprobada por más de las dos terceras partes del Legislativo, el requisito constitucional para este trámite, en respuesta a una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se informó del comienzo de un proceso judicial contra Roa, exministro de Educación Universitaria, a solicitud de la Fiscalía.
La detención del legislador, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, fue confirmada este martes por medio de la comunicación del Supremo, que declaró procedente la aprehensión, pese a sus prebendas legislativas, mediante una resolución de la Sala Plena del TSJ.
«Se evidenció que los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la responsabilidad del ciudadano Hugbel Roa (…) de haber incurrido de manera flagrante en delitos contemplados en la ley contra la corrupción», dice el escrito, leído en la sesión de la AN.
En vista de ello, Diosdado Cabello, quien solicitó la moción de urgencia para atender este asunto, aseguró que no hacía falta cumplir con el antejuicio de mérito que dicta la Constitución para estos funcionarios, pues -argumentó- fue detenido en flagrancia, sin detallar la situación en la que fue sorprendido.
La comunicación del Supremo validaba el requerimiento de Cabello, pues, según rezaba el escrito, «por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes (…) no procede antejuicio de mérito», aunque el máximo tribunal no explicó la forma en que comprobaron la flagrancia en que detuvieron a Roa.
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