Estamos a mitad de camino de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de 2015 a 2030), pero no estamos a mitad de camino de alcanzarlos. De hecho, en muchas áreas críticas -desde la pobreza hasta la seguridad alimentaria-, el progreso se ha revertido en los últimos años, debido a crisis agudas y combinadas. En este contexto difícil, los gobiernos de todo el mundo deben volver a comprometerse con urgencia con los ODS, inclusive con la promesa subyacente de no dejar a nadie rezagado.
El desafío es enorme. Consideremos el ODS1, que apunta a eliminar la pobreza en todas sus formas. Según la Alianza para la Inclusión Económica del Banco Mundial, los programas de alivio de la pobreza liderados por los gobiernos aumentaron en 2021. Pero, para alcanzar a los más rezagados, esos programas deben reconocer y tener en cuenta la red de restricciones superpuestas que, efectivamente, “atrapan” a la gente en la pobreza.
Como resalta el Índice de Pobreza Multidimensional, la pobreza incluye la privación y la exclusión en múltiples áreas, como nutrición, saneamiento, atención sanitaria y educación. Factores como el género, la discapacidad y el desplazamiento también juegan un papel importante a la hora de mantener a la gente en la pobreza. Investigación reciente, basada en experiencia en zonas rurales de Bangladesh, demuestra que, por debajo de un cierto umbral de ingresos/activos, la capacidad de los hogares de acceder a recursos que podrían aumentar sus ingresos es profundamente limitada. También revela que las grandes transferencias de recursos y/o apoyo que crean mejores empleos para los pobres son una manera efectiva de permitirle a la gente escapar de la trampa de la pobreza en el largo plazo.
Entender las diversas restricciones y barreras que enfrenta la gente en extrema pobreza en cada contexto único es, por ende, vital para que los gobiernos puedan diseñar y abordar intervenciones óptimas.
Esto es más fácil de decir que de hacer. La gente que enfrenta una extrema pobreza suele vivir en condiciones de aislamiento y, por lo tanto, tal vez no esté incluida en los registros sociales ni esté identificada mediante otros mecanismos gubernamentales para determinar su elegibilidad para los programas de apoyo y garantizar su inscripción. Tal vez no tenga la documentación adecuada o, inclusive, el conocimiento básico o la capacidad para reclamar beneficios (debido a factores como una movilidad limitada o el analfabetismo). Como resultado de ello, la gente que necesita más ayuda muchas veces termina directamente excluida de los programas de gobierno o no puede acceder a los beneficios para los que califican. Un informe de junio de 2020 determinó que el 79% del quintil más pobre de la población de los países de bajos ingresos no recibe ninguna asistencia social.
Sin embargo, hay medidas que los gobiernos pueden tomar para mejorar el direccionamiento y el alcance. Por empezar, pueden hacer un mayor uso de los registros vinculados a los programas enfocados en la pobreza ya existentes. El gobierno de Túnez ya lo está haciendo. Mediante el uso de los registros de su programa nacional de transferencia de dinero, las autoridades identifican hogares en la intersección de vulnerabilidad climática y vulnerabilidad socioeconómica. Se consideran factores como el ingreso mensual, la capacidad de trabajo productivo, el acceso al agua y la degradación de la tierra, así como si el hogar está encabezado por una mujer.
Combinar información de otros registros o bases de datos gubernamentales con registros sociales existentes también puede resultar efectivo. El gobierno de Colombia combinó datos del Registro Unificado de Víctimas con un registro social utilizado para un programa existente de transferencia de dinero a fin de identificar a víctimas de conflictos que ya estaban recibiendo transferencias de fondos. El gobierno luego pudo instar a los receptores a invertir las transferencias de maneras que mejorasen el bienestar y la resiliencia.
La información en los registros sociales también se puede verificar, actualizar y mejorar mediante encuestas de hogares o “evaluaciones de vulnerabilidad” locales, que pueden ayudar a identificar el conjunto específico de riesgos y privaciones que enfrentan determinados grupos de personas que viven en una condición de pobreza extrema. Los gobiernos también pueden ampliar los registros sociales, utilizando mecanismos como las consultas comunitarias participativas que identifican hogares que no están registrados o están mal representados en las bases de datos oficiales.
En el estado indio de Bihar, Satat Jeevikoparjan Yojana (SJY) es un programa centrado en impulsar “el capital humano de los hogares más pobres y excluidos a través del apoyo al consumo y al sustento, el ahorro y la capacitación”. El método de direccionamiento complejo y prolongado utilizado durante el periodo piloto se agilizó considerablemente para permitir que el programa pudiera escalar. La estrategia simplificada -incluir caminatas transversales y un mapeo de la riqueza en base a información de organizaciones locales -resultó sumamente efectiva. Hasta el día de hoy, SJY ha llegado a más de 136.000 hogares que viven en extrema pobreza en los 38 distritos de Bihar.
El Proyecto de Inclusión Social y Económica de Kenia -otra iniciativa multidimensional- promueve el suministro de servicios esenciales a los pobres y vulnerables. Para facilitar este esfuerzo, el gobierno de Kenia trabajó para mejorar el registro social existente agregando datos fácilmente disponibles sobre la gente marginada que vive en la pobreza. El gobierno de Kenia también incorporó una herramienta orientada a los participantes, diseñada y mantenida por los socios, que recopila información relacionada con la pobreza multidimensional, que incluye condiciones de vivienda, agua y saneamiento, acceso a energía, activos productivos, seguridad alimentaria y acceso a programas sociales.
El direccionamiento no termina con el registro, la selección y la inscripción; es más efectivo cuando se lo analiza como un proceso en curso, con evaluaciones regulares y sistemas de retroalimentación incorporados en cada programa para respaldar la continua actualización, mejora e integración de los registros, que a su vez facilitan un mejor direccionamiento. Al mismo tiempo, los gobiernos y sus socios pueden garantizar que todos los participantes de los programas de alivio de la pobreza también estén conectados con otros servicios y sistemas públicos.
Llegar a quienes están más rezagados nunca será fácil. Pero si los gobiernos sacan el mayor provecho de los datos y sistemas existentes, llevan a cabo evaluaciones locales multidimensionales y luchan continuamente por mejorar los métodos de direccionamiento, el progreso es posible. Y si queremos alcanzar los ODS, es esencial.
Claire Hutchings es directora de Monitoreo, Evidencia y Aprendizaje en la Iniciativa Graduación para los Ultra Pobres de BRAC.
Copyright: Project Syndicate, 2023.
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