Foto: Archivo
Ante el desarraigo de los presos políticos y el despojo de su ciudadanía por la dictadura nicaragüense, muchos gobiernos ofrecen refugio y ciudadanía a las víctimas que, sin embargo, no tienen los medios para sobrevivir fuera de su patria. Con una muestra de aparente gran solidaridad y propaganda, los líderes democráticos y los gobiernos se limitan a tratar los efectos negativos de estos y otros crímenes cometidos por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, pero no abordan el problema central que es la existencia de dictaduras, un problema que exige la recuperación de la democracia como la única ayuda real genuina.
El desarraigo y despojo de su nacionalidad mientras se les mantiene encarcelados, torturados y mientras otros son condenados penalmente es «terrorismo de Estado», una práctica a través de la cual la dictadura nicaragüense ejerce el poder indefinidamente y que pretende mantener impunes a Daniel Ortega, Rosario Murillo y al grupo del crimen organizado transnacional que forma parte de su dictadura. Esta es la metodología común y uniforme del socialismo del siglo XXI, o dictaduras del castraquístavismo que, bajo el liderazgo de Cuba, oprimen y amenazan a las naciones de las Américas.
La comunidad internacional, los líderes políticos y cívicos, los gobiernos, los Estados y las organizaciones parecen haberse acostumbrado y no haberse visto afectados por los informes de la existencia de; presos políticos y exiliados, migraciones forzadas y manipuladas, procesos judiciales prevaricados que no son más que linchamientos, denuncias y pruebas de torturas y otros crímenes atroces perpetrados por dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Hasta la fecha, se ha certificado que hay 1.076 presos políticos en Cuba, casi 300 en Venezuela, más de 230 en Bolivia y más de 50 -excluyendo los 222 recientemente desarraigados- en Nicaragua.
Para las dictaduras, junto con el miedo que infunden a seguir ejerciendo el poder, los presos políticos son capital social y fichas para negociaciones que se utilizan y se intercambian con el fin de obtener beneficios internos o recibir concesiones internacionales. No hay dictadura sin presos políticos y no hay presos que no sean o no hayan sido torturados física o psicológicamente. Los presos políticos, como activos de liquidez de las dictaduras, son verdaderamente víctimas de secuestro y el mejoramiento o cambio de su condición es el resultado de negociaciones con el crimen organizado.
Es por esto que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, han creado y manejado un sistema de «puertas giratorias» que ha sido descrito por el Foro Penal Venezolano como «una situación en la que mientras algunos presos políticos son liberados al mismo tiempo, o poco después, otros son encarcelados por lo que el número de presos políticos se mantiene constante».
Desarraigar significa «el acto o efecto de expulsar a alguien de un territorio». Se define como aquel «castigo consistente en desterrar a alguien de un determinado territorio o lugar para que la persona castigada viva, ya sea permanente o temporalmente, fuera de él». El artículo 7.1 (d) del Estatuto de Roma identifica el desarraigo como un «crimen contra la humanidad». Desterrar a una persona es «deportar a alguien, generalmente a un país extranjero y confinar a esa persona allí, debido a razones políticas o castigo». Es un acto forzado y violento.
Desarraigar, deportar o exiliar a alguien es un crimen de lesa humanidad que causa un sufrimiento extraordinario a las víctimas de tal castigo porque obliga a esa persona a abandonar su casa, tierra, familia, patrimonio, empleo, forma de vida, relaciones y entorno. El daño emocional que inflige es irreparable, el daño político es inmediato y el castigo económico es extraordinario debido a la pérdida de las posesiones de la víctima en su lugar natural de vida, por grandes o pequeñas que sean y al hecho de que enfrentará condiciones de indefensión en el lugar donde debe sobrevivir.
El cambio de ser un preso político a ser desarraigado o exiliado puede verse como una mejora relativa, pero no como ser libre. La libertad es «el empoderamiento natural que tiene un ser humano para actuar, hablar o pensar como uno quiera sin obstáculos ni restricciones, o no actuar, por lo que todos son responsables y responsables». En una democracia, la libertad es «el derecho de valor superior que asegura la libre determinación del pueblo». Es por eso que alguien que ha sido deportado o exiliado, no es libre.
Para ayudar a aquellos que; han sido desarraigados, despojados de su nacionalidad y continúan siendo perseguidos, tener una tarjeta de identificación o contribuir para que tengan documentos de viaje, o tener un lugar donde puedan quedarse, tal vez incluso otorgándoles la nacionalidad de otro país, son actos políticos -importantes y urgentes- que abordan los síntomas y alivian la violación de los derechos humanos, Pero no son la solución ni para las víctimas, ni para la sociedad de la que estas víctimas son desarraigadas por la fuerza.
La verdadera ayuda y el cumplimiento efectivo genuino de las obligaciones internacionales consiste en abordar la causa y no solo los síntomas. La causa son las dictaduras del crimen organizado transnacional, establecidas como narcoestados que, bajo el liderazgo de Cuba, controlan e imponen su práctica de terrorismo de Estado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Los presos políticos, los desarraigados y los pueblos oprimidos recuperarán su libertad sólo cuando recuperen la democracia en sus países donde puedan vivir con dignidad y sin miedo.
Traducción del español por Edgar L. Terrazas
Publicado en español por Infobae.com
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