Las fallas en el servicio eléctrico son tan frecuentes como absurdas las excusas del gobierno: “sabotaje del imperio”, “robo de cables en las subestaciones” o “una iguana que se comió los cables”.
En Venezuela la pobreza energética cada día es mayor y se profundiza cuando los usuarios quedan excluidos del acceso y disfrute de servicios públicos esenciales. En algunos casos hay peligro de muerte. Pensemos, por ejemplo, en que la vida de una persona hospitalizada puede estar amenazada por la interrupción del suministro de energía eléctrica. Ya hemos visto a médicos encendiendo las linternas de sus teléfonos celulares para intentar dar continuidad a una intervención quirúrgica. Eso es pobreza energética.
Vivir sin electricidad en algunos pueblos y ciudades del país puede ser, simplemente, incómodo; pero en Maracaibo, donde las temperaturas llegan a superar 40 grados, las personas han tenido que soportar más de 12 horas sin electricidad. Los cortes son intempestivos, ocurren en cualquier momento, no hay un cronograma de racionamiento que oriente a los usuarios. Eso es pobreza energética
Las escuelas, liceos y universidades también se han visto afectados por los apagones y han tenido que ajustar la planificación académica. Eso es pobreza energética.
Lo sufrimos en nuestra cotidianidad cuando los apagones dañan los electrodomésticos, cuando ya no contamos con un refrigerador para almacenar comida. Perder un kilo de carne (que cuesta tanto o más que el salario básico, incluyendo bono de alimentación) puede ser una verdadera tragedia para cualquier familia venezolana. Eso es pobreza energética.
Esta tragedia contrasta con algunas de las extravagancias del gobierno, como la minería de criptomonedas. Para operar con criptomonedas es necesario “minarlas”, que no es otra cosa que liberarlas para que puedan circular en el mercado. Para alcanzar ese objetivo se requieren muchas computadoras potentes que implican un enorme consumo de electricidad. Cálculos conservadores indican que el consumo de una máquina de criptomonedas puede ser de hasta 200 kilovatios por hora en cada transacción. Esto significa que con solo una “granja” de al menos 30 computadoras la sobrecarga del sistema eléctrico nacional es enorme, además del altísimo costo ecológico que supone todo el proceso.
Según el Bitcoin Energy Consumption Index (2018), el consumo eléctrico de todas las redes de esta criptomoneda es de 42,3 TWh/año, lo que equivale al consumo total de energía en Perú. En varios análisis se ha mostrado cómo la cantidad de energía eléctrica que consume el bitcoin supera ya la de muchos países en el mundo.
Lo más contradictorio es que en vez de crear políticas públicas integrales y coherentes para resolver las dificultades de acceso al servicio de electricidad de los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro anunció el 26 de enero la creación de granjas de minado de “todas las criptomonedas que existen”, “en especial” del “petro” venezolano, en todas las universidades y liceos del país.
El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano. Lo que se aspira es a alcanzar que los Estados garanticen de forma gratuita un mínimo de 50-100 kWh por persona y año para satisfacer las necesidades humanas básicas. Mientras tanto, en Venezuela solo tenemos pobreza energética.
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