México informó de que en enero recibió 12.863 peticiones de asilo de migrantes en el país. La cifra récord de peticiones ha colocado a México entre los principales destinos para los solicitantes de asilo en todo el mundo, una posición que pudo haber sido impactada por las políticas migratorias en Estados Unidos.
De acuerdo con el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, el mes pasado, las solicitudes para ingresar al país por razones humanitarias se duplicaron respecto al récord anterior establecido en enero de 2021, cuando autoridades migratorias documentaron 6.497 peticiones.
El informe Tendencias Globales de la Agencia de la ONU para los Refugiados, publicado en junio de 2022, mostró que México había recibido el tercer mayor número de solicitudes de asilo, sólo por detrás de Estados Unidos y Alemania, principal destino de los migrantes hacia la Unión Europea.
Los datos, que registran los desplazamientos forzados durante 2021, mostraron que México registró 131.400 nuevos solicitantes de asilo, mientras que en 2022, 118.478 personas solicitaron asilo en México. En contraste, la Comar tiene registrado que para el ejercicio 2013, sólo 1.296 personas solicitaron asilo.
Históricamente, México nunca ha sido el destino de los migrantes internacionales que buscan mejores condiciones económicas y sociales. El país, conocido por sus altos niveles de violencia e inseguridad hacia los migrantes, ha jugado mayormente el papel de puente entre el sur global y el sueño americano.
En entrevista con Aztec Reports, el coordinador general de la Comar, Andrés Ramírez, habló sobre cómo el crecimiento exponencial de los flujos migratorios y las solicitudes de asilo se deben a condiciones externas como la agitación económica y social que se vive en el sur global y no por las políticas de Estados Unidos.
Sin embargo, el crecimiento desmesurado de las solicitudes de asilo experimentado en México durante los últimos tres años desde el inicio de la pandemia se produjo simultáneamente con el destierro de más de 2 millones de migrantes de EE UU a territorio mexicano en virtud del Título 42.
El Título 42 es una política que faculta al gobierno estadounidense a expulsar inmediatamente a los migrantes que pretendan cruzar la frontera de Estados Unidos.
«Bueno, en primer lugar, las políticas de EE UU son políticas de EE UU, no políticas mexicanas, políticas unilaterales … Ahora, por supuesto, siendo Estados Unidos la primera potencia del mundo y compartiendo una frontera de más de 1.800 millas, obviamente nos impacta cualquiera de las políticas que ellos desarrollen, y claramente, nos impacta», dijo Ramírez.
La política estadounidense
El Título 42 es una política migratoria de la era de 1940 utilizada para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, permite a las autoridades fronterizas expulsar inmediatamente a los migrantes que solicitan asilo. El expresidente Donald Trump restableció la política en 2020 durante la crisis del covid-19 y, desde entonces, el actual presidente Joe Biden no ha puesto fin a su uso.
No obstante, el gobierno estadounidense dispone de otras herramientas legales para impedir que los migrantes se establezcan en su país, específicamente, el Título 8, otra política migratoria que, junto con el Título 42, frena los flujos migratorios.
Mientras que el Título 42 se asocia a expulsiones inmediatas de Estados Unidos, el Título 8 se utiliza para detener a los migrantes, al menos temporalmente.
Durante el apogeo de la pandemia, la mayoría de los encuentros con migrantes en Estados Unidos se saldaron con su expulsión bajo el Título 42. Según The Pew Research Center, desde que Trump evocó el Título 42 hasta el primer trimestre de 2022, 61% de los migrantes fueron expulsados bajo ese marco legal, y el resto (alrededor de 1,1 millones) fueron detenidos bajo el Título 8.
Además, los aprehendidos bajo el Título 8 que pretendían ingresar a Estados Unidos tuvieron que esperar la resolución de su situación migratoria y su ingreso a Estados Unidos en México, bajo los Protocolos de Protección al Migrante (PPM), también conocidos como la política de «Permanecer en México», impuesta por Trump en 2019 y que terminó en 2021 durante la administración Biden (el programa sigue en disputa en tribunales estadounidenses).
Según el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aprobó en secreto el «marco de permanencia en México», acusación que Ebrard ha desestimado como calumnia.
En su libro Never Give an Inch, Pompeo escribió que el gobierno mexicano denunció públicamente la política de «permanecer en México», al tiempo que aceptaba su aplicación en privado.
Agregando a las acusaciones en contra de Ebrard, la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, dijo que el canciller mexicano le mintió sobre la política de «permanecer en México».
Migrantes en México
En México, algunas de las políticas emitidas por el presidente Biden han sido elogiadas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se ha plegado a los intereses de su homólogo estadounidense, destinando recursos militares y funcionarios a patrullar la frontera mexicana para obstaculizar la migración desde el sur.
«Estamos viendo que están dando resultado algunas de las políticas que está llevando a cabo el presidente Biden en materia migratoria… Están dando oportunidad a que los que quieren ir a Estados Unidos puedan mediante un trámite obtener una especie de visa de trabajo», dijo López Obrador en una conferencia de prensa el 13 de febrero, alabando las últimas políticas de Biden.
La política migratoria implementada en enero por el gobierno de Estados Unidos limita el número de entradas a 30.000 migrantes por mes provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, mientras que al resto les prohíbe de inmediato el paso a México bajo el Título 42.
Sin embargo, según Human Rights First, las condiciones en estos países hacen muy difícil que los solicitantes de asilo puedan acogerse a los programas impulsados por los gobiernos estadounidense y mexicano.
Requisitos como la necesidad de un patrocinador -un familiar o conocido que se inscriba para proporcionar ayuda financiera en EE UU- o viajar en avión son exigencias inaccesibles para miles de migrantes empobrecidos, lo que les hace inelegibles para el programa de Biden.
Además, la afluencia de migrantes que permanecen en México ha desbordado el actual sistema migratorio del país.
A principios de enero, más de 2.000 migrantes irrumpieron en las oficinas de la Comar en Tapachula, Chiapas, ciudad mexicana fronteriza con Guatemala. Durante semanas, los migrantes, en su mayoría de nacionalidad haitiana, exigieron a las autoridades que les entregaran documentación provisional que les ayudará a transitar por México de forma segura sin ser acosados por militares y funcionarios de migración mexicanos.
Los solicitantes de asilo parecen atrapados entre las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos y las terribles condiciones de México, que brutaliza a los migrantes que intentan cruzar la frontera norte.
Human Rights First ha documentado 13.480 casos de violencia contra migrantes expulsados a México en virtud del Título 42 durante el gobierno de Biden, incluidos asesinatos, torturas, secuestros y violaciones.
Por Jorge Antonio Rocha en AztecReports
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