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Delitos por violaciones de DD HH en Venezuela se redujeron 38% en cuatro años, según Tarek William Saab

Por EFE
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En Venezuela, los delitos vinculados a violaciones de los derechos humanos se redujeron 38% desde 2018 hasta 2022, aseguró este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.

El titular de la Fiscalía aseveró que «un funcionario policial sabe, en este momento, que si comete una violación de derechos humanos le va a venir todo el peso de la ley».

Detalló que durante 2018 se abrieron 13.234 causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos, mientras que en 2019 se iniciaron 11.461, lo que representa 13% menos.

Indicó que en 2020 se contabilizaron 9.746 procesos por delitos de este tipo (15% menos que el año anterior), y que en 2021 y 2022 las causas abiertas alcanzaron 8.237 (15% menos) y 8.177 (1% menos), respectivamente.

Saab agregó que se imputó a un total de 1.625 personas por violaciones de garantías básicas, si bien no detalló el lapso que abarca esa cifra.

1.842 acusados por vínculos de violaciones de DD HH

Indicó que también se han logrado 1.842 acusados por delitos vinculados con violaciones de los derechos humanos, así como 860 privados de libertad y 392 condenados.

El fiscal calificó estas cifras como «inéditas en la historia republicana». Asimismo, opinó que hablan de «una preocupación y una ocupación sobre un tema tan sensible».

«Esta es la respuesta del Ministerio Público de Venezuela, en nombre del Estado venezolano, a la Corte Penal Internacional (CPI)», dijo, según el escrito.

Recientemente, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de ese organismo autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, después de que quedara en suspenso la solicitud del Estado venezolano.

Esta postura fue rechazada por el gobierno el 5 de noviembre, al afirmar que se ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra como, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».

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