Es la primera vez en los últimos 25 años en que la desigualdad y la pobreza han aumentado de forma simultánea, acelerando el devastador impacto de la pandemia de la COVID-19. Lo paradójico es que, mientras la profundidad de la crisis se incrementó, también hubo 42.000 millones de dólares de nueva riqueza. Un reducido grupo de privilegiados, apenas el 1% más rico del mundo, tal como revela el nuevo informe de Oxfam, acaparó las dos terceras partes de esa nueva riqueza generada desde 2020, dejando solo una tercera parte para todo el 99% restante de la humanidad. Se trata, pues, de una intensidad de concentración de riqueza mucho mayor que la acumulada durante la última década, cuando ese 1% ya había acaparado la mitad de la riqueza creada.
Mientras tanto, al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países donde no pueden hacer frente a la constante escalada de precios en su vida cotidiana, que les afecta en consumos que son insustituibles. Esta crisis de coste de vida es una crisis de desigualdad, alimentada porque algunas de las grandes empresas y los superricos se han aprovechado del contexto de incertidumbre, la pandemia y la guerra en Ucrania; y están sacando tajada, inflando precios y márgenes, a costa de una gran mayoría.
La riqueza extrema y la pobreza son dos caras de una misma moneda. Pero las desigualdades no son un tema de suerte o de azar, sino el resultado de decisiones políticas. Esto abre una luz: es posible reducir las desigualdades y garantizar los derechos si trabajamos en la implementación de políticas económicas más justas. Este es el planteamiento de Oxfam en sus informes, los cuales fueron presentados durante el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2023: es tiempo de que los superricos paguen más, porque si ellos no lo hacen, pagamos nosotros.
Este pago no siempre se estima en términos monetarios. Muchas veces, los más vulnerables pagan con su propia vida, como pudo comprobarse en dolorosas e incontables ocasiones durante la pandemia de la COVID-19 cuando hubo muertes en cifras alarmantes, que pudieron evitarse si los países hubieran tenido sistemas públicos de salud mejor financiados y eficientes.
La inaceptable realidad global también pasa en América Latina y el Caribe. Según Oxfam, en nuestra región la riqueza de los milmillonarios aumentó 21% desde 2020, un crecimiento cinco veces más rápido que el que presentó todo el producto interno bruto (PIB) regional en su conjunto en el mismo período. Simultáneamente, más de 200 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, la inseguridad alimentaria afecta a cuatro de cada diez personas y los salarios reales han perdido una décima parte de su valor.
Desde 2020, también han surgido 30 nuevos milmillonarios en la región, cuya fortuna en conjunto ha crecido a un escandaloso ritmo de 68 millones de dólares al día. Los principales sectores en los que operan estos millonarios son la alimentación, la salud, las finanzas y la minería.
Es importante tener claro que esa riqueza no se filtrará. No es como muchos afirman, una prosperidad que en algún punto llegará al conjunto de la sociedad. Y afirmamos esto con contundencia porque no existen antecedentes históricos de ello. Nunca ha sucedido. El sistema está pensado para proteger los intereses de una minoría a costa de las necesidades de la mayoría.
El resultado no es solo el incremento de las desigualdades en los extremos, sino una alarmante polarización de la renta, con una reducción de la clase media y una formación de dos pilares de renta muy distantes entre sí, lo que también da pie a una polarización política y representa un riesgo latente para nuestras ya frágiles democracias.
Entre las causas está la captura de la política fiscal, con el colapso de la tributación de los superricos y de las grandes corporaciones, mientras que se incrementaron los tributos para los más pobres y la clase media. De hecho, el tipo marginal para las rentas más altas en la región se ha reducido a la mitad, bajando de 50% hasta 26% desde 1980. Por otro lado, entre 2007 y 2019, la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe apenas creció 7%, y ha sido a costa de que el esfuerzo fiscal recae esencialmente sobre las y los trabajadores a través de un incremento del 11% de los impuestos sobre el consumo, la renta personal, y las contribuciones a la seguridad social, al tiempo que la tributación a la renta corporativa y a la riqueza ha caído 5%. Así, los sistemas tributarios en América Latina amplían desigualdades por el hecho de que los que más tienen tributan proporcionalmente menos.
Además, ningún país de América Latina y el Caribe grava las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo, y 17 de los 91 milmillonarios de la región viven en países en los que no se aplica ningún impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones. Por lo tanto, si nada cambia, pasarán a la próxima generación 158.600 millones de dólares totalmente libres de impuestos, lo que alimenta una vez más una rueda de ultrarricos y privilegios.
Hay alternativas. Oxfam propone recomendaciones fiscales por una América Latina y el Caribe más justo, inclusivo y sostenible, asegurando que los ingresos recaudados con mayor progresividad se destinen a la reducción de desigualdades y a la garantización de derechos, especialmente en salud pública, los sistemas públicos de cuidados y las transiciones justas. Entre otras medidas, si los gobiernos adoptaran un impuesto de entre 2% y 5% sobre el patrimonio neto de los milmillonarios se podría incrementar en 36% la inversión pública en salud de toda la región.
Los gobiernos también pueden impulsar un gran acuerdo fiscal latinoamericano mediante medidas para afrontar la elusión y los paraísos fiscales, así como la revisión de los beneficios tributarios ineficientes. Esto deberá servir de estímulo a la construcción de sistemas fiscales más incluyentes, sostenibles y equitativos, que puedan llevar a una ola de reformas fiscales progresivas en los países, mejorar la cooperación fiscal en la región y formar un bloque para garantizar mejores acuerdos tributarios globales para la misma región.
Los sistemas tributarios de la región deben dejar de ser regresivos y beneficiar a un pequeño grupo de ultrarricos, mientras que se amplían las desigualdades. Es necesario cambiar las reglas del juego, y América Latina y el Caribe viven una oportunidad inmediata y única para ello. El llamado en Davos del ministro de Hacienda de Colombia, José Ocampo, por una cumbre fiscal regional es un primer paso muy significativo para ello, una puerta que se abre para lograr sociedades más justas para todas y todos.
Coordinadora de justicia económica para Oxfam en América Latina y el Caribe. Doctoranda en desarrollo económico en la Unicamp. Miembro de la Red Académica de la Iniciativa de Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal.
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