Parte del grupo de presos políticos nicaragüenses que fue liberado y enviado a Estados Unidos
La excarcelación y exilio de 222 secuestrados y la inmediata e infame condena a 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez por el terrorismo de Estado judicializado de la dictadura de Nicaragua, son solo los más recientes crímenes que las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo ejecutan uniformemente en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El cambio de sufrir prisión en condiciones de tortura a soportar la pena del destierro, constata el alto precio que las democracias sufren por los crímenes de las dictaduras.
Nadie cree que la reciente excarcelación de los presos políticos por parte de Daniel Ortega y su grupo estructurado de delincuencia organizada trasnacional haya sido un acto unilateral y gratuito de espontánea benevolencia dictatorial. Que haya existido una negociación que hasta ahora se niega oficialmente tampoco es objeto de crítica, pues ha dado alivio a las víctimas y sus familias. Ahora no se conoce el precio, pero muchos lo suponen.
El deportar personas es un crimen y una imposición que restringe la libertad, pero para las víctimas y para sus familias, es una forma mucho más llevadera de soportar la persecución de las dictaduras en lugar de sufrir prisión y tortura. La deportación es un crimen de lesa humanidad tipificado por el Articulo 7 .1.d. del Estatuto de Roma que define que “por deportación o traslado forzoso de población se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presente…”.
Cuando además, la deportación se acompaña del “despojo de la nacionalidad” de las víctimas, los crímenes se agravan presentando la prueba plena del grupo estructurado de crimen organizado que detenta el poder político en Nicaragua que comete delitos graves para continuar beneficiándose con el poder y tener impunidad, haciendo aplicable la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional o Convención de Palermo.
El caso del obispo Rolando Álvarez, que se negó a ser deportado, es otra dolorosa prueba de los crímenes de Daniel Ortega y su grupo. Apenas horas después de la deportación masiva, en otro acto de terrorismo de Estado, “la dictadura de Nicaragua condenó a monseñor Álvarez a 26 años de prisión y lo despojó de su nacionalidad nicaragüense” por los fraguados como falsos delitos de “traición a la patria, obstrucción de funciones, agravada desobediencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y difusión de noticias falsas” y fue trasladado a la cárcel.
El propio dictador Ortega en una cadena nacional de radio y televisión informó que el obispo Álvarez se había negado a ser deportado, dejando claro que la inmediata sentencia a 26 años de prisión es la reacción de su régimen a quien no se somete, mostrando que a quien no se deja desterrar le pasa algo peor muy rápidamente. Terrorismo de Estado puro y duro con una sentencia fraguada en horas y públicamente difundido por el jefe de la organización criminal.
Estos delitos públicos y publicitados no son aislados en las Américas del siglo XXI. Son la repetición de los 64 años de crímenes de terrorismo de Estado institucionalizados por la dictadura de Cuba y establecidos en su expansión en las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
La dictadura de Cuba en múltiples ocasiones excarceló y desterró presos políticos y presos de conciencia a cambio de ventajas económicas y políticas. La dictadura de Venezuela negocia permanentemente e incluso ha logrado intercambio de los sobrinos del dictador Maduro sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos con ejecutivos secuestrados de nacionalidad norteamericana. La dictadura de Bolivia mantiene más de 220 presos en sus cárceles por el mismo sistema. Todas excarcelan presos para luego apresar más y seguir con el negocio como “puerta giratoria”.
La dictaduras del castrochavismo además del negocio del secuestro judicializado, operan el de las migraciones forzadas dirigiendo las víctimas de la miseria que su sistema de opresión genera como instrumento de agresión contra las democracias. La crisis del “Mariel” y los repetidos marielazos producidos y administrados por la dictadura de Cuba, los cerca de siete millones de venezolanos exiliados en toda la región, son la prueba.
Como las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son los narcoestados de las Américas, los crímenes de narcotráfico son otro de los mecanismos de agresión contra las democracias. El terrorismo con el sostenimiento y protección a grupos criminales como las FARC y el ELN y la apertura y asociación con grupos terroristas islámicos es otro de sus rubros. La conspiración y desestabilización sistemática y organizada de gobiernos democráticos, la alteración de resultados y el fraude electoral son otros delitos.
Carlos Sánchez Berzaín es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
Artículo publicado en Infobae.com
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