La primera gran torta de la devaluada Asamblea Nacional «legítima»

Consulado de Venezuela en Nueva York. Foto: José Gregorio Meza

A los señores diputados del G3 que por mayoría de votos decidieron acabar con la figura de la Presidencia Interina y eliminar el cuerpo diplomático que con mayor o menor éxito venía representando a Venezuela ante la parte de la comunidad internacional que reconoció a Juan Guaidó; la  Academia de Ciencias Jurídicas, los más destacados juristas del país y también este opinador les anticipó que ello era un error cuyas consecuencias podrían tener efectos negativos mayores. Así lo expresamos en los medios y también a aquellos diplomáticos  que tuvieron la gentileza de consultarnos.

Nunca pensamos que el mayor daño ocurriría tan pronto y tendría el potencial de afectar decisivamente los activos de la República que estos señores (y señoras) creían proteger.

Es el caso de que en Estados Unidos existen en Washington varios inmuebles que son propiedad del Estado venezolano donde tienen su sede la representación ante la Casa Blanca que estuvo a cargo de Carlos Vecchio  y ante la OEA cuyo titular fue Gustavo Tarre Briceño, ambos designados por la Asamblea Nacional legítima (2015). Entendemos que en Nueva York también hay una valiosa propiedad.

Ante el cese de ambas representaciones dispuesto por dicha Asamblea Nacional legítima a partir del pasado 5 de enero según la poco afortunada normativa, los respectivos embajadores (Vecchio y Tarre) dieron cuenta de ello con algunos días de anticipación ante el Departamento de Estado de Estados Unidos del cese de sus funciones y, conforme a la misma decisión de la Asamblea hicieron entrega, bajo inventario, de los activos (muebles y inmuebles) a la Comisión de Administración y Protección de Activos en el Exterior (CAPA) que los recibió tal como se había ordenado. Esta Comisión fue la que  hizo entrega de la custodia y protección de esos activos el pasado día lunes 6 de febrero a un grupo enviado  por el Departamento de Estado, que de una vez y sin trámite alguno cambió las cerraduras y se hizo cargo de la custodia no solo externa sino interna y dentro de la casa propiedad de la República con el argumento -válido pero algo exagerado- de que Estados Unidos había anunciado el acatamiento de la desastrosa decisión de desconocer a Guaidó y por tanto los inmuebles e instalaciones, no existiendo representación, debían pasar a su custodia según lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de abril de 1961 de la cual ambos estados son parte.

Como se dijo antes, no reconociendo más a Guaidó y tampoco a Maduro, le toca al gobierno de Estados Unidos custodiar y proteger la propiedad de un Estado extranjero que por serlo goza de la exclusión de la jurisdicción norteamericana. Es por eso mismo que el gobierno de Maduro se ha abstenido de ingresar a la sede de la Embajada norteamericana en Caracas pese a no haber relación diplomática entre ambos países. De paso, tenemos información de que quienes asumieron la custodia indicada no otorgaron recibo ni papel alguno a la parte venezolana que les hizo la entrega, por lo menos hasta la fecha en que se escriben estas líneas.

En nuestra opinión la acción del gobierno norteamericano excede los límites de la Convención de Viena y por encima de ello quedan en custodia de los documentos y archivos venezolanos que a tenor del artículo 24 de la precitada Convención son siempre inviolables dondequiera que se encuentren. Tal principio constituye el eje de todo el ejercicio diplomático. Imagínese usted lector la existencia de documentos donde se revele la lista de nombres de agentes o espías venezolanos o la relación de nuestros diplomáticos con miembros del gobierno local, o planes de cualquier clase. Cae de suyo que quien tiene la posesión excluyente de los archivos y documentos no puede ser el mismo que garantice su inviolabilidad. En Venezuela eso lo resumimos con el dicho de  “ratón cuidando queso”.

Mientras tanto, los nuevos amos de la devaluada Asamblea legítima han designado un “representante” ante el gobierno de Estados Unidos, que es el señor Fernando Blasi, quien tuvo estatus diplomático hasta ahora con Vecchio, pero que actualmente no reviste condición de diplomático ni ha sido reconocido en carácter ninguno por el Departamento de Estado. En consecuencia, ese señor, no habiendo sido designado por un Poder Ejecutivo (que es el que en Venezuela designa a sus embajadores) no puede comprometer legalmente a la República.

La Comisión de Administración de los Activos en el Exterior (CAPA), que es la que hizo entrega de los inmuebles y muebles, no ha establecido hasta el momento su condición de interlocutor del gobierno local y por tanto no tiene ningún rol que jugar en cuanto a las relaciones binacionales. A lo mejor pudiera en el futuro ser lobista si se inscribe de acuerdo a las leyes norteamericanas que en esa materia son estrictas.

Se pregunta uno entonces ¿quién velará por los archivos y documentos? ¿Quién mantendrá los inmuebles? ¿Quién pagará los gastos que se originen? ¿Quién se encargará de facilitar el estatus inmigratorio de los funcionarios cesantes que obviamente no pueden regresar a Venezuela?, etc. etc.

Caso similar pero de potencial económico apocalíptico es el que se plantea con el Reino Unido, que también ha decidido acatar la pésima decisión de la AN. Sobre el particular hay que tener en cuenta que la custodia del oro propiedad del Banco Central de Venezuela depositado en esa ciudad ha sido adjudicada al gobierno interino (hoy desaparecido) en virtud de una sentencia judicial basada en la consulta previa del juez del caso solicitando al gobierno británico para que le informe a qué gobierno reconoce (Guaidó o Maduro). Si hubiera un cambio el oro, cuyo valor excede los mil millones de dólares, pasaría a custodia y disponibilidad de quienes hoy despachan desde Miraflores y adivine usted en qué bolsillos terminará.

Así, pues, ustedes señores del G3 y de la Asamblea que les acata, ya acaban de ver el primero y muy palpable resultado de la torta que pusieron. ¿Qué explicación van a dar ahora?  No es cuestión de refregarles  en vuestra cara aquello de “se los dije”, pero cierto es que este articulista, que algo sabe de estas cosas después de cuarenta años de cátedra de Derecho Internacional, más el procurador especial cuya figura ustedes también disolvieron, más distinguidos juristas que en su momento emitieron acertados asesoramientos y también les advirtieron. Pero… su enfermizo afán por conseguir un camarote en el Titanic (primarias y 2024) les nubló el razonamiento y deja ya visible vuestra responsabilidad, que Dios y la Patria les demandarán. Ahora esperemos para ver qué nuevo entuerto aparece.

@apsalgueiro1