Las ONG están sitiadas en Venezuela. Se trata de unos ataques y un acoso permanentes y sistemáticos que hacen muy difícil la actuación de los voluntarios y profesionales que allí trabajan en beneficio del país. es una persecución implacable, permanente y generalizada que tiene como fin la desaparición total de su presencia y actividades. Con los proyectos en discusión el gobierno, además de las leyes y regulaciones existentes,podrá lograr su meta.
De forma inesperada, el 24 de enero de 2003 se aprobó en 1ª discusión un proyecto de Ley que tiene como objetivo de “regular” y, por lo tanto, obstaculizar el trabajo que adelanta la sociedad civil organizada venezolana. Dicho instrumento fue votado de forma exprés, sin que los parlamentarios la hubiesen leído. Votaron a ciegas, debido a que se entregó a los diputados el mismo día de la decisión. Ya es rutina que se viole el Reglamento de Debates en la Asamblea Nacional, lo que representa una inaceptable transgresión del debido proceso legislativo, una de las bases del Estado de Derecho.
El proyecto no estaba incluido en la Agenda legislativa y no se ha publicado oficialmente en el portal de la Asamblea Nacional, al momento de escribir este artículo, lo cual evidencia la falta de transparencia con que se legisla en una materia tan delicada para el país.
El nombre pomposo del proyecto es “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” (En adelante ,lo denomino“Proyecto anti-ONG”). Esta iniciativa es un punto sin retorno contra el espacio cívico. Como regla, todo Estado puede realizar regulaciones a las actividades de este tipo, pero lo que tiene prohibido por los Tratados Internacionales es la destrucción del derecho.
Así que, según la iniciativa, todas las formas asociativas sin fines de lucro se deben inscribir n el Registro para la Defensa Integral de la Nación, una nueva herramienta de control militar de la vida civil. Con lo cual se pretende militarizar un aspecto básico de la civilidad, bajo una hipótesis belicista y una doctrina marcial importada. De no hacer la inscripción obligatoria serán declaradas inexistentes. Esto afecta a todas las formas asociativas privadas sin fines de lucro: fundaciones, sindicatos, gremios, asociaciones civiles, defensoras de derechos humanos, humanitarias. Ello es así, independientemente de los temas y asuntos de los que se ocupen: arte, folklore, turismo, deportes, salud, alimentación, etc.
Dice así el proyecto anti-ONG: “Artículo 8.- Del nacimiento de las organizaciones no gubernamentales. De conformidad con lo previsto en esta ley las Organizaciones No Gubernamentales, independientemente de su forma nacerán mediante el cumplimiento de todas las formalidades establecidas en el Código Civil, en esta legislación especial y sus reglamentos. Por lo cual, no se tendrá en cuenta como existente ninguna organización que no haya sido registrada, y, el ejercicio fuera de esta previsión será sancionado de conformidad con la presente ley”. (Subrayado del autor).
El proyecto anti-ONG incurre en la violación del artículo 5 de los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales,los cuales disponen lo siguiente: “Artículo 5.1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”. Así las cosas, es un proyecto inconstitucional e inconvencional.
Son varias las leyes que dirigen sus dardos normativos y regulatorios a las ONG, lo cual hace concluir que este proyecto anti-ONG no hace falta. Destaca en esta tendencia la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (“LOCDOFT”) que las criminaliza y responsabiliza penal, civil y administrativamente solo si son organizaciones privadas, pero que si son personas jurídicas del Estado son inmunes en lo penal, civil y administrativo. Es decir, nunca responden legalmente por ninguno de los delitos que cometan sus directivos y funcionarios. Esta normativa encaja a la perfección en el llamado Estado Dual o anómico, según lo cual, bajo la fachada de combatir un flagelo contra la sociedad, se ataca a la sociedad misma. Es el derecho penal del enemigo, pero al revés.
Además, en desarrollo administrativo de la LOCDOFT están las normas regulatorias de la Providencia 002-2021de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, las cuales facultan este organismo a “visitar” en cualquier momento la sede de toda ONG, bajo el supuesto de ser entidades mafiosas o terroristas.
Por si fuera poco, existe todo un instrumental jurídico que regula las actividades de las ONG: el Código Civil, la Ley de registro Público y Notarías, el Código Orgánico tributario, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley de Donaciones, las regulaciones bancarias (Sudeban), de seguros (Sedeaseg), turísticas y bursátiles y pare de contar. Existe una hiperregulación contra las ONG que dificulta su existencia y operatividad en perjuicio de millones de venezolanos: hombres, mujeres, niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad, enfermos, en general, de toda la población. la LOCDOFT y, especialmente, la Ley contra el Odio de clara orientación ideológica radical que incentiva el odio político entre los venezolanos, las cuales penden sobre las cabezas de los voluntarios que trabajan desinteresadamente.
El proyecto anti-ONG nace de un prejuicio ideológico de satanización contra las libertades y los derechos humanos. Esto se expresa de forma patente en su texto al calificarlos como parte de las doctrinas liberales. Esto, y otros rasgos más del texto, evidencia un sesgo geopolítico que ubica a Venezuela en el ámbito de la doctrina y práctica autoritaria sobre la guerra asimétrica del mayor general Valeri Gerasimov y la 4ª teoría política del filósofo Alexander Dugin, ambas de Rusia en contra de occidente, los derechos humanos y las Organización de las Naciones Unidas.
Además, las ONG están siendo estigmatizadas, difamadas y satanizadas al presentarlas como entidades para el lucro y enriquecimiento de sus integrantes, cuando son todo lo contrario. Los rigurosos controles y auditorías a los que son sometidas constituyen la evidencia de que no están dirigidas el enriquecimiento de nadie. Ya ha habido ataques contra ONG, como Fun daredes.
Ahora bien, hay otros proyectos anti-ONG en curso. Destaca el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que sustituirá la Ley con el mismo nombre de 1958, que es el marco actual existente que permite una amplia participación de la sociedad civil nacional y de otras naciones.
Por si fuera poco, la práctica actual consiste en impedir que las ONG registradas legalmente puedan actualizar sus actas de asambleas y demás actuaciones que regula la vida interna de la Asociación ante el Registro Público. De más está decir que, de hecho, es imposible registrar ninguna nueva asociación civil. Simplemente, no se aceptan tales trámites.
En fin, las ONG están en emergencia ante este acoso oficial, determinado por el militarismo y las ideas totalitarias. Su mejor defensa en la labor incesante en beneficio de la sociedad venezolana. El trabajo voluntario de miles en favor de millones de personas está en peligro de extinción. ¡El proyecto anti-ONG es inaceptable!
@FM_Fernandez
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