Un grupo de inversionistas contrató a una firma especializada en lobby político para presionar al gobierno de Joe Biden y al Congreso para que se levanten las sanciones que impiden renegociar la deuda venezolana, así como reducir las pérdidas por la desvalorización de los títulos.
El Comité de Acreedores de Venezuela, formado por instituciones estadounidenses y extranjeras que poseen aproximadamente 12 millardos de dólares de la deuda, alega que Estados Unidos corre el riesgo de perder influencia sobre el gobierno de Nicolás Maduro, en caso de una reestructuración de la deuda.
Fuentes familiarizadas con el tema dijeron al portal Bloomberg Law que dicho comité contrató a BGR Group, con sede en Washington, para que le ayude a presionar por la eliminación de las sanciones que prohíben a las empresas y particulares estadounidenses comprar o vender las obligaciones emitidas tanto por el gobierno de Venezuela como Pdvsa.
Los inversionistas consideran que eliminar la prohibición de transar estos títulos no beneficiaría directamente a la administración de Nicolás Maduro y establecería una situación de igualdad de condiciones para los tenedores que se consideran injustamente desfavorecidos por las sanciones.
Aunque el gobierno de Maduro ha manifestado su disposición a renegociar el pago de la deuda, insiste en que las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump en 2019 dieron origen a default y no a la insolvencia del Ejecutivo venezolano.
Los inversionistas son relativamente optimistas, porque la administración del presidente Joe Biden está flexibilizando sanciones contra Venezuela, pues permitió la reactivación de las operaciones de Chevron con Pdvsa.
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