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Tribunales venezolanos incrementaron en 74% la emisión de sentencias en 2022

Por EFE
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El Poder Judicial de Venezuela aumentó en 74% el número de sentencias emitidas por tribunales especializados y no especializados de todo el país durante el año pasado respecto a 2021. Así lo dijo este martes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, en la presentación del informe anual de las actividades de los órganos judiciales.

La funcionaria señaló que durante el año pasado se emitieron 423.242 sentencias en todos los ámbitos materiales y territoriales, lo que representa un incremento de 74,43% de productividad respecto a 2021.

Tribunales

«Con ello se impartió justicia en aras de garantizar la supremacía y efectividad de la Constitución y con el sentido especial de brindar protección a los derechos fundamentales del pueblo», indicó la magistrada en un acto solemne que marcó el comienzo del año judicial 2023, al que asistió Nicolás Maduro.

Aseguró que el aumento de los «índices de productividad del Poder Judicial es un objetivo permanente y transversal en todas las materias jurisdiccionales», lo que -señaló- se evidenció en 2022, cuando se alcanzaron «altos niveles de eficiencia cualitativa y cuantitativa».

Además, afirmó que se celebraron 54 actividades académicas, entre ellas foros, talleres, charlas y conferencias, en los que participaron 2.694 personas. Y se creó el diplomado en Género y Derechos Humanos para la capacitación de jueces en materia de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Aseguró que se han hecho «esfuerzos para apuntalar, desde el Poder Judicial, el posicionamiento de Venezuela a nivel internacional». A lo que atribuyó que el país fuera escogido como sede de la segunda Ronda de Grupos de Trabajo de la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará entre el 29 de marzo y el 1 de abril.

Gutiérrez fue juramentada en abril de 2022 como presidenta del TSJ, cargo que ya había ejercido entre 2013 y 2017, antes del nombramiento de Maikel Moreno.

La presidenta del Supremo fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos en 2017 por ser responsable del socavamiento del Estado de derecho en Venezuela.

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